Análisis a Fondo

MÉXICO, DF, 22 de octubre de 2014.- Quienes anhelan con todo el justo odio de su corazón que Ángel Heladio se vaya de la gubernatura de Guerrero, por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se quedarán con un palmo de narices. La solicitud del PAN no procede legalmente, constitucionalmente, de acuerdo con el dictamen de la Comisión senatorial de Gobernación.

En el Senado se ha impuesto el criterio legalista. Medio hechos bolas, aunque no tanto como los sabuesos de Jesús Murillo Karam, que no dan pie con bola en la búsqueda de los cadáveres de los estudiantes secuestrados, tanto que ya el procurador ha tenido que ofrecer una millonada a los soplones profesionales, al final del día los padres conscriptos, en su mayoría, votarán en contra de la solicitud panista de desaparición de poderes en el estado.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Gobernación de esa entidad legislativa, no hay causales legales para desaparecer los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en esa entidad, ahora no sólo bañada por el mar Pacífico, sino por la sangre de los estudiantes.

Los poderes estatales, independientemente de los sanguinarios desaguisados en Iguala, perpetrados al alimón por policías corruptos al mando de un presidente municipal criminal, que anda a salto de mata, y sicarios del crimen organizado, están funcionando, de acuerdo con los mandatos de la ley.

Lo explicó claramente, en la mañanita de este martes en el Senado, la magistrada Lambertina Galeana, titular del Poder Judicial de aquel estado, ante la Comisión de Gobernación. Todos los órganos jurisdiccionales estatales se encuentran trabajando con normalidad.

Y después de una extensa reflexión y consideraciones legalistas, la Comisión senatorial de Gobernación declaró improcedente la petición formulada por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Ayer, los panistas aún creían que podrían echar abajo el dictamen. Los priístas se hicieron sonsos. Su líder, Emilio Gamboa Patrón citó a conferencia de prensa pero no dijo nada. Iban a esperarse a fijar su posición en el pleno. Pero la “discusión” en el pleno será sólo para que no digan.

Sin embargo, Análisis a Fondo tuvo oportunidad de obtener información de primera mano de gargantas profundas senatoriales. Imposible remover a Ángel Heladio. Tiene el apoyo total y la bendición divina. Imposible echarle la culpa de los hechos de Iguala. Él seguirá gobernando hasta que concluya su mandato, a finales de 2015.

Y como para cubrirse, los miembros de la Comisión senatorial de Gobernación exhortan, en el dictamen, a los órganos del Poder Legislativo y del Poder Judicial guerrerenses “a ejercer sus facultades de control del Poder Político frente a las omisiones o actos del Poder Ejecutivo que vulneren, restrinjan y pongan en riesgo los derechos y libertades del pueblo de Guerrero. Así como a contribuir en lo que corresponda al restablecimiento del orden constitucional en la Entidad.”

O sea que reconocen que hay en el estado desorden constitucional. Además, exhortan a Ángel Heladio, en su carácter de encarnación del poder ejecutivo, “a que tome las determinaciones que sean necesarias, en el ámbito de sus facultades y de acuerdo con el régimen constitucional y legal de la entidad, así como a llevar a cabo las acciones que contribuyan a que el pueblo de Guerrero retome la confianza y legitimidad en su gobierno.”

Y, hágame usted el favor, exhortan “respetuosamente”, a la ciudadanía a que, a través de los cauces institucionales, se logre una vía de entendimiento que permita conservar el estado de derecho y la vida democrática de todas las personas en la entidad.” Pero en lo que no se detuvieron a pensar es que las calles de Chilpancingo seguirán ardiendo porque los estudiantes y maestros no se quedarán con los brazos cruzados y seguramente serán reprimidos por la policía de Ángel Heladio.

El senador panista chiapaneco Roberto Gil Zuarth dijo que los panistas sostienen que sí existen causales; que la circunstancia que vive el estado “es evidente” y, en consecuencia, procede la desaparición de poderes y la renovación de la autoridad política local, precisamente para restablecer el orden jurídico en el estado.

Ellos hablan también de la indignación social ante la desaparición de los muchachos, y “están también las pruebas que se han aportado en términos de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otros documentos públicos, como por ejemplo, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otras tantas que dan prueba y testimonio de que se vive un problema institucional, de falta de legalidad y de ausencia del poder público.”

Bueno. Esto es lo que opinan los panistas. Pero, como siempre, la mayoría se impone, aunque no siempre la mayoría sea sinónimo de razón.

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