Café para todos

MÉXICO, DF, 26 de noviembre de 2014.- Ha sido realmente triste y patético el espectáculo que hemos presenciado en los últimos días a consecuencia de los episodios violentos derivados de las protestas por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre pasado.

Desde el incendio a la alcaldía de Iguala, al Congreso de Guerrero y a algunas sedes partidistas en Chilpancingo, hasta el ataque a la puerta Mariana de Palacio Nacional; el contemplar como un puñado de encapuchados lanzan bombas incendiarias contra edificios públicos y contra la misma fuerza policial, parece una metáfora de algo tan destructivo como el fuego que devora nuestra capacidad de convivir civilizadamente.

Los seudoestudiantes que tratan de generar mártires para su causa, al principio parecían una especie de vengadores anónimos que como una válvula de escape liberaban todo el enojo, la ira y la furia colectiva que consumía a los mexicanos por los sucesos condenables de Iguala. Pero cuando las mismas escenas se repiten una y otra vez con el ánimo de exasperar aún más el ánimo social, comienza a cundir el miedo, la preocupación y la alarma.

Muchos de los organizadores de la ola violenta quizá traten de hacer creer que el pueblo está sediento de venganza y que ellos son los que tratan de tomarse la justicia por propia mano.

Aún si se admite la hipótesis de que el propio gobierno ha infiltrado a las manifestaciones con encapuchados -como solía hacerse en el pasado con las famosas guardias blancas-, para generar las condiciones de rechazo de la violencia que permita a las autoridades recurrir a la mano dura, tampoco se puede uno creer el cuento de que todos los incendiarios y los modernos nerones forman parte del Cisen.

El gobierno puede intentar justificar el uso de la fuerza legítima pero no es plausible que se haga el harakiri.

La propia sociedad comienza a darse cuenta de que estos grupos han cruzado los límites de lo permisible y que si no se les frena, podría suceder una nueva tragedia.

La saña con la que los supuestos anarcos lanzan bombas molotov -creadas en la llamada Guerra de Invierno en 1939 cuando el gobierno soviético invadió a Finlandia en el marco de la Segunda Guerra Mundial-, para agredir a los policías antimotines, muestra que no se trata de actos de violencia justificada ni admisible.

Es la hora pues de poner un alto a los grupos que tratan de generar desorden, expandir la mecha de la inconformidad y provocar inestabilidad. Si el gobierno tiene claramente identificados quiénes son y dónde se reúnen, es hora de que actúe con las armas de la ley en las manos.

Si no lo hace, estará incurriendo en una grave irresponsabilidad. Nada más frustrante que ver cómo los grupos violentos destrozan los escaparates de los comercios, saquean los camiones repartidores y agreden a ocupantes de los vehículos cuando se apoderan de calles o autopistas; nada detiene a las réplicas cotidianas de la Nacht der langen Messer, (La noche de los cuchillos largos) realizadas por los miembros del partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y lo único que falta, es la desaparición o asesinato de quienes no estemos de acuerdo o nos opongamos a ellos.

Pareciera por momentos que tenemos un gobierno temeroso del fantasma de Tlatelolco, pero lo realmente cierto es que el Estado ostenta el monopolio de la fuerza legítima y que puede utilizarla -bien circunscrita a los protocolos que marca el respeto a las libertades y las garantías individuales-, cuando el bienestar colectivo se pone en riesgo.

Porque si no existe un Estado que actúe cuando peligra la seguridad de sus ciudadanos o se pone en riesgo su viabilidad como nación, cada uno deberá acopiar sus propios medios de autodefensa. Entonces sí caeremos en lo que nadie quiere -excepto los violentos-, que es la anarquía, el desorden y el caos total.

LA PERSPECTIVA DE LOS CAMBIOS EN EL GABINETE

Generalmente en México las grandes crisis, sobre todo de índole económica, pero también social, surgían en el último año de gestión de los mandatarios. A Gustavo Díaz Ordaz la Matanza de Tlatelolco le tocó enfrentarla en su antepenúltimo año de gestión. A José López Portillo la crisis del peso -cuando advirtió que lo defendería “como un perro”-, le sobrevino en el último año.

A Carlos Salinas le ocurrió en enero de 1994, cuando tuvo lugar la insurrección zapatista a la que luego se agregarían los asesinatos de Luis Donaldo Colosio el 23 de mayo de ese año y el del secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre siguiente.

Sólo Ernesto Zedillo enfrentó una aguda crisis a causa del llamado “error de diciembre” que provocó la devaluación del peso frente al dólar en más del 100 por ciento y la quiebra del sistema bancario, así como la peor crisis financiera de que se tenga memoria, que desató el “Efecto Tequila”, a principios de 1995, es decir, en los albores de su gestión.

Ahora, a Peña Nieto le toca afrontar una ola de protestas violentas cuando lleva dos años en el poder a consecuencia de los normalistas de Ayotzinapa.

¿Qué le toca hacer a un presidente en un país democrático cuando las cosas se ponen tan difíciles? En el caso de México, se imponen medidas drásticas y de largo aliento. Peña Nieto no parece ser un hombre insensible como para creer que va a “dejar hacer y dejar pasar” hasta que se calmen las aguas.

Es lógico que tendrá que tomar “el toro por los cuernos” y dar un golpe de timón porque de otra manera la crisis se puede ir agravando.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya anticipó este lunes que el jefe del Ejecutivo tomará decisiones en unos días “respecto a lo que no ha funcionado” en el país.

El responsable de la política interior no dio más detalles y tampoco confirmó si se trataría de cambios en el gabinete, pero indicó en declaraciones a Radio Fórmula que “se tienen que hacer acciones; se tiene que modificar lo que no está caminando bien”.

Esta medidas apuntarían a modificar “completamente este escenario respecto a donde hay debilidad del Estado mexicano, donde hay debilidad particularmente en los municipios”, dijo Osorio Chong.

“Será un anuncio importante y será esta misma semana”, adelantó el funcionario y admitió que falta una reforma en materia de lucha contra la corrupción, a un sistema que “no ha sido lo óptimo y no da la confianza necesaria a los mexicanos”. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ir adelante e irá acompañado del gobierno de la República”, indicó el secretario.

Por supuesto, han comenzado a desatarse un torrente de especulaciones.

Quizá ni siquiera esté totalmente completo el esquema diseñado por los estrategas de Los Pinos, pero es obvio que el país reclama cambios drásticos sobre la manera en que han funcionado hasta ahora las cosas, porque nadie niega que ha habido avances con la aprobación de las llamadas Reformas Estructurales, en materia energética, telecomunicaciones, fiscal y educativa.

Sin embargo, es claro que se trata de cambios que podrían venirse abajo si no cuentan con cimientos sólidos y la ola de violencia inducida, que surgió de la espiral de protestas generadas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ha puesto en vilo al país y preocupa porque puede generar efectos desestabilizadores.

Un viejo adagio priista señalaba que cada presidente cuando dejaba el poder le entregaba a su sucesor tres cartas. La primera debía ser abierta cuando surgiera la primera crisis. Al abrirla, el mandatario en turno veía la frase “culpa a tu antecesor de los problemas”.

La segunda decía “haz cambios en tu gabinete”, y en la tercera se podía leer “escribe tres cartas”.

Esa fórmula claramente perdió vigencia, así como ha sucedido con todas las viejas recetas que solían aplicarse a los problemas habituales de un país como el nuestro, con una democracia en proceso de consolidación.

Quizá es mejor adelantar la segunda carta, porque la primera no va a funcionar y de hecho fue usada desde el principio por el gobierno. Lo menos deseable es que Peña se pusiera ya a redactar tres cartas.

El país enfrenta una verdadera emergencia, porque en unos cuantos meses habrá elecciones y a la inconformidad vigente se agregarán las campañas con vistas a los comicios de medio término.

Es urgente por lo tanto echar mano de medidas realmente efectivas para que el país recupere la normalidad; hacer acopio de grandeza y echar mano de las reservas morales con que cuenta la nación.

Un país como México es más grande que sus problemas, de mayor dimensión que unos pocos corruptos amparados en la impunidad que hacen y deshacen a su antojo.

Probablemente el caso Ayotzinapa nos hizo recordar que México todavía es una democracia inacabada, en proceso de construcción. Quienes creían que ya nos enfilábamos al primer mundo, como nos sucedió ya en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, deberían estar conscientes de que todavía hay numerosas debilidades y problemas en nuestro andamiaje institucional que debemos resolver.

Los demonios -azuzados por la mano inconsciente, mesiánica e irresponsable que también mece la cuna-, andan sueltos por la calle, aprovechándose de las coyunturas y clamando por renuncias sin bases. Cuando se cumplan 2 años exactos de gobierno, ya verán cómo el griterío cesará su estruendo.

GRANOS DE CAFÉ

El caso Ayotzinapa -y en especial sus repercusiones en el exterior, que han llevado a algunos países como Uruguay a adoptar posturas políticamente incorrectas-, despertaron también la preocupación de algunos legisladores de EU, quienes exhortaron al secretario de Estado John Kerry, a que “ofrezca” ayuda a México en las investigaciones que se realizan sobre el particular.

La propuesta de senadores demócratas y republicanos presentada por el congresista Bob Menéndez -presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano-, podría convertirse en una válvula de escape ante la forma en que ha escalado el problema que, insistimos, ha sido producto de una campaña de desestabilización.

Si bien es cierto que estos análisis han estado presentes en el terreno mediático casi desde que se conoció la desaparición de los normalistas, también lo es lo inusual de la convocatoria de senadores demócratas y republicanos, que, de acuerdo a la información difundida, piden a Kerry “que haga todo lo posible para apoyar al gobierno mexicano al ofrecer recursos adicionales de investigación y forense para ayudar en la localización de los estudiantes desaparecidos.

“Incluso –manifiestan-, si se confirman nuestros peores temores, le pedimos que ayude al gobierno mexicano en sus esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia y para asegurar las identificaciones en los exámenes post mórtem para permitir que las familias comiencen su proceso de luto y de recuperación”.

Pero quizá la parte más evidente de las intenciones de los legisladores demócratas y republicanos, sea la de respaldar la política reformista del gobierno de la República, a la que refieren como muy relevante.

“Es fundamental que los Estados Unidos se solidaricen con estos esfuerzos para garantizar la justicia para los 43 estudiantes jóvenes y para las decenas de miles de mexicanos que continúan desaparecidos”, concluye la misiva de los congresistas…Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]