Contabilizan 171 ataques contra 43 defensores de derechos humanos

OAXACA, Oax. 16 de diciembre de 2014.- En lo que va de este año se han registrado 171 ataques contra 43 defensoras de derechos humanos, 6 periodistas y 10 colectivos u organizaciones denunciaron integrantes de la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos.

Tras calificar como preocupante el aumento de agresiones a defensores civiles en Oaxaca, también denunciaron el ataque a Carmen Santiago Alonso, fundadora del Centro de Derechos Indígenas «Flor y Canto».

En una carta pública dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, demandaron una investigación urgente de los hechos, ocurridos el 9 de diciembre anterior, en que fue robada la unidad de motor de la activista, y días después apareció desmantelado, sin que las autoridades estatales indaguen los hechos.

El documento dice «De dichos ataques, aproximadamente el 40 por ciento ha sido dirigido a mujeres u organizaciones que defienden el derecho a la tierra y el territorio y más del 70 por ciento se han dado contra defensoras, periodistas y organizaciones que laboran en contextos comunitarios», aseguró el colectivo del que forman parte unas 100 activistas en el estado.

«Nos ponemos en contacto con usted, para expresar nuestra preocupación luego de que ha sido de nuestro conocimiento el ataque que sufrió la defensora Carmen Santiago Alonso el pasado 9 de diciembre al serle robado su vehículo. Este hecho es de particular gravedad puesto que imposibilita a la defensora y su organización realizar su labor al ser impedidos de desplazarse a las comunidades donde laboran», manifestaron en un escrito dirigido al titular de la Segob.

Calificaron como preocupante también que haya sido tras una reunión con representantes de dependencias federales como la Sagarpa, la Conagua y la Comisión Federal de Electricidad.

«Es también de nuestro conocimiento que a pesar de haber emprendido los trámites legales necesarios, hasta la fecha la defensora no ha recibido respuesta satisfactoria por parte de las autoridades responsables sino que a lo contrario, se ha visto obligada a participar en un sinfín de reuniones y gestiones, las que lejos de proporcionar algún tipo de resolución han colocado y siguen colocando a la defensora y su organización en un mayor grado de vulnerabilidad», expusieron.

Demandaron la intervención urgente del gobierno federal y una ágil investigación a las autoridades estatales, para dar con los responsables y castigar el hecho.