José Cárdenas / Monje Loco. Desastre mayúsculo; sanciones minúsculas

MÉXICO, DF. 28 de agosto de 2014 (Quadratín).-¿Cuánto valen 40 millones de pesos? Para usted y para mí una fortuna.

Según el INEGI, una familia promedio, con un ingreso mensual de 12 mil pesos, necesitaría ahorrar 278 años sin darse el lujo de comer, para acumular semejante cantidad. Pero si hablamos del grupo minero más grande del país, 40 millones son cacahuates.

De ese tamaño absurdo es la sanción que será aplicada a Grupo México, como consecuencia del desastre, humano y al impacto ecológico, provocado por la mina Buenavista del Cobre, en el estado de Sonora.

De acuerdo con especialistas, se trata de la peor catástrofe ambiental en toda la historia minera del país. El derrame tóxico contaminó, y contamina, con 40 mil metros cúbicos de plomo, fierro, cobre, manganeso, aluminio, arsénico, níquel, plomo y zinc, más de 260 kilómetros de los ríos Sonora y Bacanuchi; afecta directamente a 22 mil personas, y asesta un golpe mortal a la ganadería y la fertilidad agrícola de siete poblaciones de sierra sonorense, lo cual ha provocado denuncias, protestas y la toma de alcaldías.

“La reparación del daño (…) costaría cientos o miles de millones de pesos”, asegura Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

“El personal de la mina provocó el desastre por la falla en el amarre de un tubo de polietileno; se trata de un fenómeno conocido como tubificación ocurrido en una de las piletas de lixiviados, y por la falta de una válvula en la pileta de demasías. Esta falla –aseguró el funcionario federal– es imputable a la empresa”… tanto como la mentira al señalar que el derrame había sido causado por las lluvias excesivas de las últimas semanas…

La negligencia cuesta poco; las sanciones económicas no son nada para un consorcio que el año pasado ingresó siete mil 276 millones de dólares, es decir, 100 mil millones de pesos (poco menos).

Según el secretario Guerra Abud, el problema no es la autoridad sino las leyes. Pone en evidencia los mínimos alcances de la recién estrenada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, (17/julio/2013).

La legislación, que se aplicará por primera vez, contempla multas de risa, “para pagar el derecho a contaminar”, acota Silvia Guevara de Greenpeace. Además, la ley queda corta al no otorgar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, facultades para clausurar un complejo entero sin importar el daño causado.

Para el Gobierno Federal, el verdadero costo para Grupo México consistirá en resarcir los daños… aunque todos sabemos que los ríos no podrán ser limpiados ni con todo el dinero del mundo, y las afectaciones a productores de la zona no podrán ser remediadas con indemnización alguna. “50 mil días de salario mínimo, máxima sanción económica para quien viole la ley ambiental, no regresan la vida”, lamenta Gustavo Alanís Ortega, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

El mayor castigo para la empresa de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, está en los mercados financieros, donde las pérdidas ya rondan los 20 mil millones de dólares, es decir, el cuatro por ciento del valor total del consorcio.

Aun así, el daño financiero es minúsculo, comparado con la dimensión mayúscula del crimen ambiental.

Total, si en Sonora el río suena, es que agua puerca lleva. Lo sucio, queda claro.

La noticia es de alto impacto en todos los medios de comunicación.

Se cuestiona a las instancias federales por sanciones insuficientes a la empresa, así como los intereses económicos que hay detrás del derrame tóxico.

Por lo pronto, mientras Grupo México, propietario de la mina Buenavista del Cobre, es crucificado, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, anuncia una inversión inmediata de 100 millones de pesos para reactivar la economía de las poblaciones afectadas por el desastre ecológico, los cuales, aclara, “serán cubiertos por el consorcio acusado; nos dieron su palabra”… pero a las palabras se las lleva el viento, o en este caso, el agua puerca, digo yo.

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