Reformar al gobierno

OAXACA, Oax. 30 de marzo de 2015.- En la cascada de iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas a la 62 Legislatura local destacan 2 grandes bloques: en primer lugar, aquellas enfocadas de manera integral a proponer reformas que, por un lado, integren a la legislación estatal las últimas reformas federales en materia político-electoral y, por el otro, actualicen y adecuen a la realidad de Oaxaca temas relacionados con esta materia, pero también con los que tienen que ver con la administración de justicia , la transparencia y los órganos autónomos.

En un segundo bloque se encuentran aquellas iniciativas que solo se ocupan de proponer cambios y modificaciones a puntos específicos en materia constitucional y legal, destacadamente las que hacen referencia a los períodos de gobierno del congreso local, los ayuntamientos y el jefe del poder ejecutivo.

Destacan en el primer bloque de iniciativas, las que recientemente propusieron el gobernador Gabino Cué y un grupo de diputados del PRD. En lo que hace a la iniciativa gubernamental cobran relevancia sus propuestas para incorporar a la legislación estatal nuevos derechos en materia de representación indígena reclamadas insistentemente desde la sociedad civil y algunos sectores del propio gobierno como la SAI, la desaparición del Tribunal de Fiscalización y el reordenamiento, al amparo de la propia legislación federal, del órgano autónomo encargado de vigilar el cumplimiento de todo lo relacionado con la transparencia y rendición de cuentas (Cotaipo).

Pero sin duda, y en la coyuntura del debate que por ahora se ha concentrado en los períodos de gobierno, cobra relevancia la que ha puesto en la agenda legislativa la fracción parlamentaria del PRD que, como en pocas ocasiones, ha resumido los puntos de vista de múltiples expresiones de este partido, inclusive de quienes, por separado, han presentado iniciativas que solo atienden algunos temas particulares de la reforma político-electoral.

Diseñada y redactada por cuadros aliados al presidente del PRD, Carol Altamirano, y dirigentes de la corriente que hoy encabeza el candidato a diputado federal por el distrito de Teotitlán de Flores Magón y representante propietario del PRD ante el OPLE-IEEPCO, Antonio Álvarez Martínez, en la iniciativa se propone recuperar la figura del gobierno de coalición y modificar la estructura y atribuciones del órgano electoral estatal en lo que hace al régimen de partidos políticos y a los sistemas normativos internos. No es cosa menor tomando en cuenta que a nivel nacional Oaxaca observa un experimento de gobierno plural y sin identidad partidista distinto al PRI y que en materia de derechos electorales indígenas la propia legislación federal lo faculta para dotarse de leyes y reglas muy propias de su realidad social, cultural y política.

De cara a las propuestas y debates que se han generado al seno de la 62 Legislatura en torno a los períodos de gobierno del jefe del poder ejecutivo, la iniciativa del PRD invita a reflexionar sobre la pertinencia de recuperar la figura de coalición gobernante o gobierno de coalición como una vía para aterrizar en futuro en gobiernos en donde estén representadas todas las fuerzas políticas que, diferencias ideológicas aparte, coincidan en programas y proyectos comunes. Pero al mismo tiempo es un llamado a crear las condiciones, desde el poder legislativo y ejecutivo, para disminuir las tensiones sociales y políticas y garantizar mayor gobernabilidad que tanta falta la hace a Oaxaca. Un tema e iniciativa que, para refrescar la memoria, estuvo presente en el 2010 a la luz de la contienda electoral por la gubernatura y de la emergencia de la primera alternancia política que para nada habría que confundir con la transición democrática.

La propuesta llega en el momento oportuno en donde desde las cúpulas del gabinismo y de sus aliados en el congreso local se impulsa un período de gobierno de 2 años para el jefe del poder ejecutivo, versus el de 5 años que impulsan de manera dividida tanto las fracciones del PAN y PRD como del mismo PRI.

Haciendo a un lado el tema del tremendo e insalvable (a corto plazo) endeudamiento y de la virtual quiebra de las finanzas estatales y, por supuesto, del enorme gasto electoral que implicaría, las propuestas para empatar a 2 o 5 años el periodo de funciones del gobernador pudiera empezar a salvarse con un gobierno de coalición siempre y cuando se establezcan a nivel constitucional, legal y político las reglas del juego.

Si de lo que se trata es de ser pragmáticos y blindar al fallido gobierno del cambio de toda querella legal o ajuste de cuentas con el renovado pero siempre viejo régimen, o como dicen los voceros de la transición de papel, de no seguir alejados de la federación y de los favores presidenciales, es el momento de empezar a trazar la ruta para conciliar, refundar y reacomodar piezas en el ajedrez legal y política de la Vieja Antequera, de tal suerte que aunque no todo siga igual (porque ahora tenemos una sociedad cada vez mas inconforme con sus gobiernos) por lo menos no tengamos que continuar sufriendo y lamentando un estado de caos e ingobernabilidad que solo ahonda nuestra miseria económica y moral.