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Oaxaca, Oax. 22 de noviembre de 2012 (Quadratín).-El presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso del estado, Francisco Martínez Neri, durante la Sesión de este jueves, señaló en tribuna que el Congreso no tiene la facultad para asignar partidas presupuestales, especiales, a los municipios, para pagos de laudos laborales derivados de demandas presentadas por trabajadores al servicio de municipios. Sin embargo, indicó entendemos que es una obligación de los municipios pagar esos laudos, pues éstos constituyen resoluciones de autoridades competentes.
Después la presentación del dictamen por el que la LXI Legislatura, de conformidad con lo previsto en la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, da por enterada de los laudos dictados por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de Estado, el diputado Francisco Martínez Neri sostuvo que diversos municipios solicitaron una partida especial para pagar adeudos laborales derivados de laudos; sin embargo, el Congreso no tiene la facultad para asignar una cantidad determinada para pagar esos laudos.
En este sentido, el legislador perredista agregó: los municipios tienen empleados, quienes, en caso de incumplimiento de su contrato, pueden reclamar sus derechos ante las autoridades correspondientes, y éstas tienen la obligación de resolver. En el caso de los municipios oaxaqueños, varios de ellos adeudan cantidades muy importantes derivadas de las resoluciones en su contra, dictadas por la Junta de Arbitraje, por lo que deben cubrir esas obligaciones con sus propios recursos, pues el Congreso no tiene facultades para ampliar sus presupuestos, que son determinados por los propios cabildos. municipales.
Martínez Neri añadió que el Congreso debe ser garante de la aplicación correcta del presupuesto asignado en los municipios, y dijo, además: no omito mencionar que en el actual esquema legal, los trabajadores deben tener solución a sus demandas de pago, situación que hoy día se obstaculiza con la legislación vigente e instó a sus compañeros diputados a encontrar soluciones para garantizar que los laudos sean cubiertos a los trabajadores que demandan y, además, señaló la necesidad de que los munícipes cobren conciencia que el despido injustificado de un trabajador, tarde o temprano, trae consecuencias en las finanzas, por lo que debe asumirse con responsabilidad cualquier acción en la que se pongan en riesgo los recursos de los municipios, pues éstos son de carácter público, no propiedad de los ediles.