2006-2016: Bajo el signo del autoritarismo

OAXACA, Oax., 22 de junio de 2016.- En el 2006 los adversarios “institucionales” de la Cección 22 del SNTE y las organizaciones cívicas, sociales e indígenas pertenecientes a la APPO fueron el autoritarismo del PRI-gobierno y todo el sistema político que, por razones de Estado, se negó a desaparecer poderes en Oaxaca y “renunciar” al gobernador Ulises Ruiz.

En el 2014 fue el autoritarismo del viejo régimen lo que llevó al gobierno de Peña Nieto, al congreso federal y a los congresos locales a aprobar una reforma educativa en donde no fueron escuchadas todas las voces del magisterio, especialmente del sector disidente agrupado en la CNTE.

Desde entonces no se quiso reconocer que la SEP, los legisladores federales y locales se habían equivocado en la ruta seguida para aprobar una Ley General del Servicio Profesional Docente y las leyes estatales de educación.

Hoy como ayer, no está a discusión el diagnóstico sobre el estado desastroso que guarda la educación pública en México, ni la corrupción y controles burocráticos establecidos por el SNTE y las secciones sindicales de la CNTE en cada entidad antes de la imposición de la nueva legislación. Lo que se discute y critica, y que desde el 2014 provocó el rechazo del gremio magisterial disidente en el país, y por supuesto en Oaxaca, es que para cambiar lo que estaba mal el gobierno federal y los gobiernos de los estados  acudieron  al expediente de la imposición sin escuchar las opiniones de los maestros.

La excepción pudo ser Oaxaca pero al final de un interesante proceso de consulta y acuerdos entre la sección 22 del SNTE y el gobierno del estado, la nueva Ley Estatal de Educación también terminó en la imposición de una  copia de la Ley General que pretendió “enriquecerse” con algunas propuestas y reflexiones contenidas en el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), impulsada por el sindicato magisterial.

Una de las expresiones mas radicales a la inconformidad y protesta en contra de la aprobación e imposición de esta reforma educativa tuvo lugar en el 2015 con el intento de boicot a las elecciones federales.

Y en este año, en la coyuntura de las elecciones de gobernador, diputados locales y concejales, la sección 22 del SNTE volvió a llamar la atención de los gobiernos federal  y estatal sobre su reclamo de rechazar la citada reforma, luego del albazo de la legislatura local para aprobar la Ley Estatal de Educación. Pero en esta ocasión su inconformidad la hicieron valer promoviendo el voto de castigo en contra de los candidatos del PRI y PAN-PRD y, por vez  primera en su historia, promoviendo el voto a favor de un partido político como Morena.

Ninguna movilización ni señal de protesta hizo cambiar de opinión al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ni tampoco al resto del gabinete de EPN ni mucho menos al gobierno del estado. La determinación de acabar con la disidencia magisterial solo se había pospuesto por la temporada electoral; de ahí que una vez concluida la jornada del 5 de junio, se ordenó la detención y encarcelamiento de los principales dirigentes magisteriales.

El resto de la historia ya la conocemos: las protestas del magisterio se reactivaron semanas antes de las elecciones, que mas adelante se  intensificaron, ahora con el apoyo de padres de familia, organizaciones sociales y no gubernamentales y simpatizantes de pueblos y comunidades.

Después de poco más de un mes de exigir diálogo y de no ser atendidos, y ante un mayor endurecimiento del gobierno federal, no extrañó que el movimiento se radicalizara y cuya mayor expresión fue el bloqueo de carreteras que los gobiernos federal y estatal pretendieron resolver mediante el uso desproporcionado de la fuerza pública.

Y pese a los llamados a la cordura por parte de diversos actores políticos e institucionales se impuso la inercia autoritaria del Estado con el saldo hasta ahora de 8 muertos, decenas de  heridos y daños incalculables a los bienes patrimoniales gubernamentales y de particulares.

En el recuento de daños, todos perdemos. Y seguiremos perdiendo si el conflicto se prolonga. Por eso urge deslindar responsabilidades de los sangrientos sucesos del 19 de junio e instalar una mesa de diálogo público y acuerdos institucionales entre la sección 22 del SNTE y la CNTE y representantes del gobierno federal.

La gravedad del caso lo amerita.

Twitter: @YescasIsidoro