2023, ¿el año de la federalización de la nómina?

Desde la creación de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michoacán en marzo de 1978 inmediatamente apareció la necesidad de contratar personal estatal para labores de ayudantía, para comisionar a funciones educativas a trabajadores de otras áreas de la administración pública estatal, para solventar necesidades de otorgar bases laborales a personal que no podía sostenerse con el cada vez más exiguo presupuesto federal y para darle empleo a compromisos políticos, entre otros móviles. Poco a poco se fue inflando la nómina magisterial.

Lo anterior tomó un cariz más serio a partir de 1992, con la imposición del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), que en la práctica catalizó el adelgazamiento del gasto público federal en materia educativa. Poco a poco, el gobierno estatal debería responder más por los compromisos de contratación de personal con presupuesto propio, mientras disminuían de manera constante las participaciones federales para el rubro.

Ante la imposibilidad de manejar la situación financiera y contener el descontento político-gremial, se idearon puertas falsas, extralegales e insostenibles en lo local. Derivado de las exigencias que hemos hecho desde la sociedad civil organizada, hoy las minutas firmadas son públicas. Sabemos que, en 1996, el Gobierno del Estado de Michoacán firmó por primera vez una minuta con el Movimiento de Bases de Trabajadores del Estado de Michoacán (MBTEM), el cual sin poseer personalidad jurídica tuvo ese nivel de interlocución e incidencia, basado en banderas legítimas, en acuerdos financieros e intercambios políticos entre las partes, los cuales, por los efectos que siguen generando, a la fecha poseen vigencia.

En el recorrido por las minutas firmadas históricamente, podemos vislumbrar en ellas que, algunos titulares de la SEE firmaron más de una minuta por año incluso, particularmente en el siglo pasado. Ante tal entrega de poder y recursos a los movimientos magisteriales -esencialmente anti priistas- resulta comprensible la transición política que se vivió en 2002, cuando se entregó el poder al perredismo y varios luchadores gremiales fueron nombrados secretarios de estado o al menos, parte de la estructura de mando estatal. Ahora, durante todo este siglo, ya sea minutando o pactando en lo político, en lo electoral o en lo partidista, los movimientos gremiales educativos han estado sumamente cerca del poder y de los recursos que ello conlleva.

En diez años de perredismo, las minutas continuaron firmándose y las participaciones federales diluyéndose. El pretexto perfecto para el desentendimiento llegó cuando hubo desavenencia entre el gobierno federal y el estatal para firmar la denominada Alianza por la Calidad Educativa (ACE), la cual proveería de unas pocas decenas de plazas anualmente a Michoacán, con lo cual no se salvaría la crisis financiera, pero que, en contraprestación exigía transparencia y rendición de cuentas sobre la nómina magisterial, justo cuando más exlíderes magisteriales avenidos a políticos había en el poder. La relación costo/beneficio parecía inaceptable entre un gobierno local asumido de izquierda y un gobierno federal ubicado más bien hacia la derecha. La ruptura llegó y, con ello, se aceleró el déficit financiero, llegando el gobierno estatal a verse en la penosa necesidad de endeudarse y hasta de refinanciar a largo plazo la deuda pública, teniendo como principal boquete financiero el sistema educativo estatal.

En 2009, con el arranque de Mexicanos Primero capítulo Michoacán identificamos la necesidad de un rescate integral de las finanzas educativas michoacanas, proveniente de una serie de medidas coordinadas entre gobierno federal y estatal, una de ellas, la federalización de la nómina educativa, partiendo de la necesidad de generar una ruta legal y estructural, permanente, trazable, transparente y definitiva respecto al pago de las percepciones integrales de los trabajadores de la educación en el estado, quincena a quincena. La disociación entre el gobierno federal y el estatal solamente ocasionó que, en materia de finanzas educativas, nos fuera mal pero muy mal con el buque insignia de un gobierno centrado en la gente.

Vinieron las elecciones de 2011, donde la petición de rescate financiero fue poco ponderada por los candidatos a gobernador y quedó diluida la medida en el Plan Estatal de Desarrollo 2012- 2015. El término lo empezamos a usar con mayor frecuencia cuando se dieron relevos al frente del gobierno estatal; primeramente, en el Acuerdo por Michoacán de 2013 y cuando se conformó la malograda Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, en el marco del Comité Ciudadano se mencionó la necesidad de pagar la nómina directamente desde el gobierno federal. No hubo eco y, por el contrario, se marcó amplia distancia desde el poder al respecto de la medida propuesta.

El manejo del tiempo es clave en política. En el periodo electoral de 2015, primeramente, los candidatos a gobernador y, en su momento, ya el gobernador electo se comprometió a sanear las finanzas educativas estatales. Ello no sucedió a plenitud, solo se tomaron algunas medidas de contención temporales, pero la federalización de la nómina educativa recuperó vigencia en la agenda pública en la transición gubernamental de 2018. Después de tres años, el gobierno estatal rompió el rotundo silencio ante el peñanietismo en torno a las necesidades estructurales de la nómina educativa estatal al entregar un petardo al gobierno federal a escasos días de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador.

Desde entonces, una vez más reinó la discordia entre la federación y el gobierno estatal, situación que se transformó desde el pasado 1 de octubre de 2021, cuando tomó posesión Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador constitucional del estado. A la fecha, el tema ha recobrado visibilidad periódicamente, cada dos o tres meses, sin concretarse, por falta de condiciones administrativas al momento.

El secretario de gobernación de la nación, Adán Augusto López es quien ha dado seguimiento al compromiso presidencial, sin que hasta el momento haya mayores resultados. En marzo pasado, en evento en torno al sexenal Plan de Apoyo a Michoacán mencionó que enviaría a la titular de la SEP a concretar la federalización de la nómina educativa en abril, lo cual no sucedió.  Hace una semana, en su visita más reciente, vino a prometer más: que se les cumplirá a los maestros, pero no quién, ni cuándo, ni en qué términos.

La situación es compleja para que se concrete la federalización. Sí, está en la agenda pública, es una necesidad reconocida, está presente en el discurso federal y estatal, hay intersecciones favorables, se sabe de acciones al respecto; pero no se cuenta con evidencias de que la regularización administrativa haya alcanzado un nivel de progreso tal que permita se pueda establecer una ruta para que los trabajadores de la educación cuya modalidad de sostenimiento es estatal pasen a cobrar a través del FONE.

Al momento, la federalización no está en los planes de acción del gobierno estatal ni del federal. No vemos claramente la ruta en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 ni tampoco a la fecha se ha publicado el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 en la entidad, menos aún, los respectivos programas sectoriales educativos. Por lo anterior, no obra evidencia en los instrumentos de planeación gubernamental de que se contemple la denominada federalización de la nómina.

Más aún, ya cundió el tema a escala nacional y hasta se trivializó el tema: sabemos de varios gobernadores quienes en entrevistas banqueteras o siendo víctimas de preguntas prefabricadas han cometido el exceso retórico de prometer la federalización de la nómina educativa, asumiendo vínculos con el gobierno federal, capacidad de gestión o ánimos de deshacerse de una erogación inmensa.

Concluyeron ya nueve meses, medio año de 2022 y entramos a los momentos complicados, recordando que, las ministraciones tradicionales de recursos hacia el gobierno estatal suelen agotarse en julio, empezaremos a recorrer el calendario del riesgo de impago. Veremos si se respeta el presupuesto con cero déficits que, por primera vez en muchos años aprobó el Congreso del Estado y si se honra el compromiso federal de enviar recursos extraordinarios vía la partida U-080 para solventar las posibles necesidades financieras de la educación estatal. A mediados del próximo noviembre sabremos, por muy tarde, si efectivamente sobrevendrá la anhelada federalización.

Mientras tanto, concretarla es imposible, porque el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año es prácticamente inamovible. No se puede hacer realmente mucho. Pero, de todo este esfuerzo, en lo proactivo, debe garantizarse que, en caso de poderse federalizar la nómina, los primeros beneficiarios deben ser los trabajadores de la educación que sí devengan su salario, quienes tienen el perfil, la experiencia y la honestidad para formar a la niñez y juventud de la entidad. Para ellos se debe de generar una ruta amigable, legal y transparente para que puedan voluntariamente tramitar su federalización, con apego a derecho, con gradualidad, participación y observación de la ciudadanía, con carácter homologatorio, para que por fin se cumpla el precepto constitucional que señala “a trabajo igual, salario igual”.

En caso de no verificar debidamente los pasos a darse en torno a la federalización, ésta constituirá uno de los mayores absurdos y actos de corrupción de la historia de las finanzas educativas de la nación. Validar sin verificar, sin brindar máxima publicidad y sin transparentar quienes cobran en las escuelas de nuestros hijos será un golpe mortal para la educación, al reconocer aviadores y corruptos entre el magisterio, dándoles certeza jurídica de su estatus como maestros y de poder cobrar sin devengar vitaliciamente.

Por lo pronto, el sitio de la CNTE en el Centro Histórico de Morelia y sus adicionales acciones de protesta tienen un objetivo muy claro: obtener mil 800 millones de pesos para pagar a más de tres mil 200 supuestos trabajadores eventuales y, con ello, reconocerles intrínsecamente una antigüedad que los pondrá en la antesala de la basificación.

Si bien, la autoridad educativa y el gobernador del estado han cuestionado ampliamente la muy opaca forma de contratarlos, de asignarles adscripción y las nulas evidencias públicas existentes de su labor magisterial, preocupa que, el discurso del secretario de gobierno del estado ha sido que no se cuenta con el recurso suficiente para pagarles y que se está solicitando ante el gobierno federal.

¿La federalización debería incluir a los eventuales que contrata la CNTE? El gobernador y la titular de la SEE dicen que no, el secretario de gobierno brinda indicios que hacen suponer que si les paga el gobierno federal, automáticamente las da basificación y, por ende, desde aquel orden de gobierno deberían de mantener a quienes salvaron del error de vivir fuera del presupuesto.

Esperemos que, con planificación, participación amplia, apego a la normatividad y mucha coordinación se logre resolver uno de los grandes problemas estructurales de Michoacán y el 2023 sea el año de la federalización de la nómina educativa estatal.

Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en Twitter en @Erik_Aviles

*Doctor en ciencias en desarrollo regional y director general de Mexicanos Primero Capítulo Michoacán.