David Colmenares / Signos y Señales / La recuperación de la tenencia

Oaxaca, Oax. 12 de agosto de 2013 (Quadratín).- El impuesto a la Tenencia de vehículos automotores fue, desde 1997, un ingreso importante para las entidades federativas, lo mismo que para los municipios que recibían por lo menos el 20 por ciento de lo recaudado por las primeras. Perdió una parte sustantiva de su relevancia recaudatoria cuando se decide su “desaparición” a partir del 1 de diciembre de 2012, como parte de un compromiso de campaña del anterior Presidente de la República, dejándose a las entidades federativas dos opciones: crear un impuesto propio con características similares a la del condenado impuesto o asumir el costo de ya no recibir los recursos que de el se obtenían, dejando la decisión del Gobierno Federal, sin ninguna opción al municipio.
Tratándose de un impuesto hasta entonces federal, administrado desde 1997 por las entidades federativas como parte de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, se tomó la decisión sin tomar en cuenta la opinión de los gobiernos subnacionales, como si se hizo seis años antes cuando se decidió reducir el impuesto sobre automóviles nuevos a la mitad, creando el Gobierno Federal un Fondo de Compensación del ISAN, cercano a los dos mil millones de pesos –que aun existe- para compensar a las entidades federativas y por tanto a los municipios, por el costo recaudatorio de una decisión central.
En el contexto de la Coordinación Fiscal había dos opciones ante la desaparición del Impuesto, la descrita anteriormente de que el Gobierno Federal compensase a las entidades federativas por el costo de su acción o simplemente se hiciese su cambio de un impuesto federal a una contribución estatal, por supuesto en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Lo impresionante de lo anterior fue que los funcionarios fiscales subnacionales no realizaron ninguna acción, aceptando en los hechos la decisión central y casi de inmediato dos entidades legislaron sobre el tema, una de ellas manejó su desaparición, cuando no era así, ya que se puso un subsidio que prácticamente eliminaba cualquier posibilidad recaudatoria. Esa generación de funcionarios fiscales estatales no presentó resistencias, y decidió recurrir a endeudamiento para potenciar sus ingresos disponibles, o recurrir al uso incorrecto de los recursos del gasto federalizado condicionado. Resultaron más “financieros” que fiscales, lo que observamos con el peso decreciente en la estructura recaudatoria de las entidades federativas de los ingresos propios y en contraparte del crecimiento del endeudamiento, ante un decrecimiento en términos reales de las participaciones.
Cuando llegó la fecha fatídica de extinción del impuesto federal, la mayoría de las entidades federativas, 26, había legislado sobre el mismo, aunque un número importante eliminó el potencial recaudatorio del “clon” estatal de la tenencia para autos de hasta nueve o diez años, con subsidios demasiado elevados.
Sólo el DF, EDOMEX e Hidalgo, se pusieron de acuerdo –excepto Morelos que desapareció todo- y para 2012 crearon el Clon con un subsidio de hasta 350 mil pesos, sin embargo para 2013 en la Ciudad de México se baja a 250 mil, con una fuga de contribuyentes mínima, ampliando además la base, e introduciendo un factor de depreciación que hace que el pago del impuesto desaparezca en el tiempo.
De recaudar alrededor de 25 mil millones de pesos a nivel nacional con la Colaboración Administrativa, su recaudación se redujo a una cuarta parte, hoy a la mitad aproximadamente.
La politización de este impuesto, como ha sucedido con el IVA, ha hecho que algunos gobiernos estatales soliciten apoyos fiscales equivalentes a lo que dejaron de recaudar, desperdiciando un impuesto importante de hacerlo bien.
Una opción que plantean los propios funcionarios fiscales hoy, es el devolverle su carácter federal, recuperar lo depredado de la base y dejar que lo sigan administrando las entidades federativas, o bien que estas sean realmente pares y se pongan de acuerdo en su Sistema para uniformarlo al margen de las consideraciones políticas y recuperen el equivalente de un mes de participaciones promedio, como era en el pasado, y tengan más recursos para los compromisos presupuestarios de cualquier Gobierno.
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