Se ahonda la división entre indígenas triquis desplazados

Oaxaca, Oax. 11 de agosto de 2013 (Quadratín).- La división se ahondó entre los indígenas triquis desplazados de las comunidades de San Miguel y San Juan Copala, que mantienen una protesta en el Palacio de Gobierno de Oaxaca, y este domingo, un tercer grupo nombró a una nueva dirigencia.
De acuerdo con un manifiesto que envían al Presidente de la República y al Gobernador del Estado, al frente de la disidencia quedaron Braulio Hernández Hernández, Manuel de Jesús Ramírez, Carmen de Jesús López, Fidel Santillán Flores, Enrique González Martínez, Marcelina de Jesús López y Mariana Flores López, “quienes desde este momento tienen nuestra representación y a quienes otorgamos nuestra confianza”, sin precisar a cuántos manifestantes congrega.
Según exponen parte de los beneficiarios de la medida cautelar 197-10 emitida por la Comisión Interamericana de Prensa (CIDH), Reina Martínez Flores y Marcos Albino Ortiz (quienes encabezan otro grupo de desplazados) fueron al inicio representantes de su movimiento y quienes otorgaron “varios millones de pesos como pago de reparación del daño por las violaciones a sus derechos humanos”.
No obstante, ese recurso “fue entregado a capricho de los líderes y en todos los casos solo en parte, aprovechándose Reina Martínez, Marcos Albino y Ramiro Martínez Caballero”.
Ante ello, en agosto de 2012 nombraron a Lorena Martínez Merino (quien encabeza al segundo grupo, que actualmente se mantiene en Palacio de Gobierno), “pero esta ex compañera decidió por cuenta propia sin consultar a la asamblea, invitar a participar en nuestro movimiento a personas extrañas como Agustín, Basilio, Virgilio, Margarita, Elmer, Elvira, Aurelia y Rosa Ramírez García, apodados ‘La familia estrella’, que ni son desplazados ni beneficiarios de las medidas cautelares, y trajo a gente que no entiende de las formas propias de organización y las tradiciones de nuestro pueblo triqui porque viven en la ciudad de México”.
Por lo anterior decidieron desconocerla la semana pasada, ante el abuso que aseguran cometió y los recursos que comenzó a recibir.
Reiteraron que su lucha continuará por la exigencia a una vida digna, el retorno a sus comunidades y justicia por más de 30 asesinatos.
Foto: Archivo