Carlos Ramírez / Indicador político. CNDH: aniversario lleno de quejas

México, D.F. 14 de junio de 2013 (Quadratín).- Como para poner en duda su autonomía del gobierno y por tanto acreditar su declinante papel, la Comisión Nacional de Derechos Humanos celebró sus 23 años de existencia con tres hechos significativos, entre muchos otros:
–La firma de un convenio con la Secretaría de Gobernación para… respetar los derechos humanos.
–En el desplegado del consejo consultivo de la CNDH, presidido por el titular de la propia Comisión, firmó como miembro de ese consejo el director general en funciones de derechos humanos de Gobernación.
–Y en ese desplegado, el consejo consultivo celebró las acciones de la CNDH pero ofreció saldos cuantitativos bastante pobres en recomendaciones.
Uno de los principales problemas en materia de derechos humanos radica en el hecho de que la CNDH es aduana de última instancia para que los ciudadanos se quejen de la violación de los derechos humanos por parte de la autoridad pero no existe alguna instancia ante la cual los ciudadanos se quejen de la ineficacia de la Comisión creada para defender sus derechos humanos.
Lo grave del asunto es que el consejo consultivo de la CNDH revela las contradicciones en el funcionamiento de la Comisión: mayores facultades para ir más a fondo en la defensa de las garantías ciudadanas pero un escenario deficitario en resultados concretos. El desplegado del consejo consultivo lo dice, contradiciéndose, en dos párrafos:
“La reforma a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de junio del 2011, (sic por la coma innecesaria) representa un momento culminante al reconocer que los derechos humanos son el objeto de toda acción y política del Estado mexicano e incorporar los estándares internacionales en la promoción y protección de esos derechos.
“Sin embargo, en la Comisión Nacional observamos con preocupación un retroceso en el ejercicio de algunas libertades y derechos que hoy por hoy forman parte de una agenda nacional y que nos obliga a no bajar la guardia y mantenernos alertas para prevenir los abusos de poder”.
La contradicción es seria: la CNDH tiene hoy más facultades para vigilar, investigar y condenar las violaciones de derechos humanos pero resulta que no funciona porque existe un aumento en las violaciones. Más que congratularse de sus 23 años de existencia, la CNDH, su dirección y su consejo consultivo debieran de evaluar críticamente su falta de resultados.
Por ejemplo, la reforma de 2011 incluyó la transferencia de la facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos de la Corte Suprema a la CNDH, pero hasta ahora esta Comisión sólo la ejercido una vez: en el caso de violencia en el bloqueo en la carretera México-Acapulco realizado por estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 12 de diciembre de ese mismo año de 2011, pero la recomendación de la CNDH el 27 de marzo de 2012 carece de utilidad alguna para determinar responsabilidades; inclusive, provocó la destitución del entonces procurador Alberto López Rosas por el gobernador perredista Angel Heladio Aguirre, pero el mismo mandatario estatal –ante la pasividad de la CNDH– lo acaba de rehabilitar al designarlo secretario del Trabajo.
Peor aún: la CNDH nada hizo para defender los derechos humanos del empleado de la gasolinera incendiada, Gonzalo Rivas Cámara, quien murió quemado por tratar de apagar el fuego de una bomba de gasolina incendiada intencionalmente y su muerte sigue impune.
El problema de la CNDH ha sido la penetración de funcionarios del gobierno porque la función del organismo –además de una autonomía total que aparece como relativa– es defender, juzgar y condenar la violación de derechos humanos del gobierno y éste aparece como violador y como vigilante.
En el consejo consultivo de la Comisión aparecen el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR, Rafael Estrada Michel, y el hoy director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien además de haber estado en la estructura de la CNDH luego de haber sido también funcionario de derechos humanos de Gobernación en los dos sexenios panistas en los cuales se denunciaron graves violaciones a las garantías dentro de la estrategia de seguridad. Es decir, el gobierno que debiera ser indagados por sus violaciones de derechos tiene funcionarios incrustados en la CNDH.
Si bien el consejo consultivo de la CNDH se congratuló de los saldos, en realidad la evaluación debiera ser más seria: hace días en Saltillo el presidente de la Comisión, Raúl Plascencia, afirmó que ese organismo tiene registrados 24 mil 800 casos de desaparecidos y que había emitido 30 recomendaciones sobre el tema, aunque más tarde reconoció que habían sido sólo doce recomendaciones sobre 30 personas desaparecidas, y ya en el escenario de que la CNDH tiene la facultad de investigar violaciones. En el debate sobre desaparecidos la CNDH parece haber… desaparecido.
El pasivo más caliente de la CNDH involucra las crecientes denuncias de violación de derechos de los periodistas; durante la pasada gestión de Luis Raúl González Pérez al frente de la oficina de agresiones contra periodistas, la CNDH destacó por la energía en proteger a los periodistas desde el instante en que denunciaban agresiones o amenazas y en investigar a fondo las quejas; inclusive, bajo la presidencia de José Luis Soberanes Fernández la CNDH emitió una recomendación contra el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por agresiones contra el periodista Miguel Badillo. Pero hoy la CNDH también está desaparecida en la defensa efectiva de periodistas.
Lo que queda es la confusión en la tarea de la CNDH: el desplegado del consejo consultivo se denuncia un aumento en las violaciones, pero en la sesión del consejo consultivo del 11 de enero pasado el presidente Raúl Plascencia celebró que “los atentados contra la vida y personas han disminuido en los últimos meses”.
Pese a todo, la CNDH está de manteles largos.

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