Carlos Ramírez / Indicador político. PAN-PRD en Senado: Panredé 2018

México, D.F. 4 de junio de 2013 (Quadratín).- Detrás de la disputa entre las bancadas del PRD y el PAN con sus respectivas dirigencias nacionales en torno a las iniciativas de reforma política dentro o fuera del Pacto por México se encuentra nada menos que la candidatura presidencial del 2018.
En la oposición se tiene claro que ni el PAN fracturado ni el PRD tribualizado tienen posibilidades frente a un PRI reconstruido y fortalecido.
Por eso la estrategia es quitarle iniciativas al tricolor y llevarlo –como lo estima por la iniciativa de reformas política del PAN-PRD en el Senado y el Pacto– a la construcción de un nuevo régimen político que fortalezca a la oposición.
El objetivo de la oposición PAN-PRD es lograr en el 2018 un candidato sustentando en el modelo de gobierno de coalición, a través de un programa de instauración de un nuevo sistema político democrático. De ahí que las bancadas del PAN y el PRD en el Senado en realidad no están buscando enfrentamientos estériles con sus comités nacionales sino que quieren ir más allá y quedarse con la iniciativa de instauración de un nuevo régimen político.
Lo interesante es que la iniciativa senatorial no sólo trataría de consolidar el modelo político publicitado el 10 de octubre del 2011 de “democracia constitucional” vía constitucionalización de los gobiernos de coalición, sino que se trataría en realidad de crear un sistema semiparlamentario –ejecutivo con corresponsabilidad del legislativo–, sólo que con mayor dominio político y control del ejecutivo en el legislativo.
El sistema parlamentario traslada todo el funcionamiento del gobierno, el presidente del gobierno y sus ministros al congreso y los ministros deben ser electos diputados y el ejecutivo es controlado por el legislativo. Los gobiernos parlamentarios nacieron en las monarquías donde el predominio pertenece al monarca, aunque con el control señalado por Benjamín Constant en sus principios del gobierno representativo (1815) de que “el rey reina pero no gobierna”.
La primera iniciativa de gobierno de coalición salió en octubre del 2011 con un desplegado firmado por una pluralidad de políticos, funcionarios e intelectuales, con vistas a lo que preveían como unas elecciones presidenciales en el 2012 muy apretadas, aunque el saldo fue relajado para el PRI: 38.2%, contra 31.6% del PRD y 25.4% para el PAN.
Fue el segundo error de apreciación de los intelectuales: el primero ocurrió en 1994 cuando se fundó el Grupo San Ángel con políticos, funcionarios e intelectuales bajo el temor de un “choque de trenes” en las elecciones por el alzamiento zapatista en enero y en marzo el asesinato del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio; el saldo electoral, sin embargo, fue cómodo para el PRI: 48.7% para el PRI, contra 26% del PAN y 16.6% del PRD.
Si el problema es de entendimiento, la clase política ha pasado por reformas pactadas, reformas negociadas, debates sobre la reforma general del Estado, iniciativas de reforma política y ahora de nueva cuenta la propuesta de llevar a la Constitución el modelo de gobiernos de coalición.
La crisis política de 1994-1997 llevó a la conceptualización del modelo de gobiernos divididos, donde el ejecutivo estaba en poder de un partido y el legislativo en otro. Ello llevó, a los gobiernos de Zedillo con el PRI como primera minoría y de Fox y Calderón con el PAN como segunda fuerza, a pactar reformas.
El proceso fue largo, desgastante y sobre todo condujo a la negociación de iniciativas, pero con resultados menores y no tanto por la negativa de negociar de alguno de los partidos sino por la existencia de definiciones históricas en ellos que impidieron la reestructuración total del sistema productivo.
El gobierno de coalición obligaría no sólo a acuerdos programáticos entre partidos sino a una administración bicéfala del poder ejecutivo al dotar al legislativo de la obligación de aprobar los nombramientos de todo el gabinete y de crear la figura de jefe de gabinete o jefe de gobierno que tendría que vivir virtualmente en el Congreso para negociar decisiones, con el agregado de que existe también la posibilidad de que ese jefe de gabinete pueda ser designado por el legislativo, con lo cual dejarían al ejecutivo como protocolario y sólo para bautizos y primeras comuniones.
Por razones de necesidad funcional, el sistema político ha tenido que reorganizarse en los hechos: reformas pactadas, acuerdos parlamentarios, agendas conjuntas, negociaciones ejecutivo-legislativo; al arrancar el gobierno actual se creó la figura de Pacto por México acordado entre los tres principales partidos pero sin tomar en cuenta la movilidad autónoma de las bancadas del PRD y el PAN en el Senado y su propuesta lateral de una reforma política más profunda que la del Pacto.
La propuesta panista-perredista de reforma política nacida en las bancadas del Senado retoma la iniciativa de octubre de 2011 sobre “una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito, responsable y controlable” y de hecho asume las limitaciones de acuerdos de agenda como el Pacto por la diversidad de grupos que forman las coaliciones gobernantes en cada uno de los partidos. Un gobierno de coalición se operaría desde los partidos y las bancadas tendrían que someterse por obligación al contenido de los acuerdos, pero con la novedad de que las dirigencias partidistas no se formarían por votaciones sino que se conformarían de acuerdo a las bancadas parlamentarias en activo impidiendo la bicefalia de partido-bancadas.
En este contexto, la iniciativa de reforma política senatorial respondería más a la organización de una candidatura presidencial de coalición en el entendido de que el PAN y PRD por su lado carecerían de posibilidades de ganar la presidencia de la república cuando menos en el 2018. Pero en la oposición se cocinan modelos para que la nominación salga de la coalición de los partidos o de las bancadas.

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