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Oaxaca, Oax. 30 de mayo de 2013 (Quadratín).- El Pleno del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, cuya titularidad está a cargo de la magistrada Ana Mireya Santos López, resolvió diez juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, todos en contra de la designación de candidatos a diputados y presidentes municipales, emitida en sesión extraordinaria por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional (PAN), quedando de la siguiente forma:
En el JDC promovido por Macrina Elizabeth Hernández Chagoya y Lilia Hernández López, en contra de la designación de Remedios Zonia López Cruz, como candidata a diputada local correspondiente al Distrito IV, Tlacolula de Matamoros.
Los magistrados electorales confirmaron dicha designación.
En el mismo sentido, se confirmó la sesión extraordinaria celebrada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en la que designan a los ciudadanos, como candidatos a diputados; Javier César Barroso Sánchez, Distrito XIX Ocotlán de Morelos, Víctor Cruz Vásquez, Distrito VII San Pedro Pochutla, Sergio Andrés Bello Guerra, candidato a ocupar el lugar uno de la lista de diputados en el Estado de Oaxaca, Alejandro Martínez Ramírez, Distrito XX San Pedro y San Pablo Ayutla. Del mismo modo se confirman a los ciudadanos como candidatos a presidentes municipales; Julián Pablo Morales, de Santa Cruz Amilpas, Bertín Ramírez Pacheco, de Ejutla de Crespo, Lorenzo Miguel Contreras Luis, de San Pablo Huixtepec y a Medardo Daniel Ramírez Reyes, de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Finalmente, el Pleno del Tribunal Electoral declaró infundado el agravio hecho valer por Mariuma Munira Vadillo Bravo, en contra de la designación, por parte del CENPAN, de Sergio Andrés Bello Guerra, Antonia Natividad Díaz Jiménez y Gerardo García Henestroza, como candidatos a diputados en el Distrito VI Santo Domingo Tehuantepec.
Tribunal Electoral resolvió un juicio para dirimir conflictos laborales
El Pleno del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, realizó la sesión pública en donde resolvió un juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) y sus servidores (JL), un juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos (JDCI), así como otros juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC).
El primer juicio, correspondió al JL hecho valer por Izela Martínez Sánchez, quién por su propio derecho reclama al IEEPCO el pago de diversas prestaciones laborales.
En este sentido, una vez analizado el caso, el Tribunal Electoral resolvió condenar al referido instituto electoral para que pague las prestaciones reclamadas por Martínez Sánchez, todo ello en un plazo de tres días hábiles, a partir de su notificación.
En otro punto, los magistrados electorales declararon fundada la demanda promovida por Sadot Dolores Pérez y otros, en su carácter de Agente Municipal electo, en contra de actos del presidente municipal y Ayuntamiento Municipal de San Baltazar Yatzachi El Bajo, Villa Alta y de la Secretaría General de Gobierno del Estado.
Los demandantes acusan a las autoridades responsables de impedir su acreditación como mandos de dicha comunidad, asimismo de violar su derecho de autonomía al pretender imponer requisitos para la existencia y validez de sus autoridades municipales, por lo que este Tribunal ordena que en un plazo de tres días tome protesta y dé los nombramientos correspondientes a los demandantes, del mismo modo, ordena a la Secretaría General de Gobierno del Estado les expida las respectivas acreditaciones.
Del mismo modo, se resolvió el primer JDC correspondiente a esta sesión pública, en donde Frank Geovanni García López, en su carácter de Regidor de Educación y Deportes del ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, demanda al presidente e integrantes de la Comisión de Hacienda por negarle el acceso al ejercicio de su cargo, así como el pago de dietas desde la segunda quincena de diciembre a la fecha. El Tribunal Electoral declaró, por un lado, fundada la omisión de pago de dietas a García López, y por otro, infundada la negación del acceso al ejercicio de su cargo, se ordenó a la autoridad responsable el pago de las dietas correspondientes, en un plazo de cinco días hábiles.