Conoce Comisión legislativa de laudos contra 13 municipios y dependencias del Gobierno Estatal

Oaxaca, Oax. 17 de mayo de 2013 (Quadratín).- La LXI Legislatura del Estado, tomó conocimiento de los laudos dictaminados por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, en contra de 13 ayuntamientos de la entidad y diversas dependencias del Gobierno del Estado.
Durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente efectuada el pasado martes 12, se dio a conocer el dictamen con proyecto de acuerdo, emitido por la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación que preside el diputado perredista Francisco Martínez Neri.
Los laudos fueron emitidos por la autoridad laboral a favor de empleados municipales y en contra de los ayuntamientos de Santa Lucía del Camino, Centro; Salina Cruz, Tehuantepec; Zimatlán de Álvarez, Zimatlán; Santiago Suchilquitongo, Etla; Villa de Tamazulapam del Progreso, Teposcolula; San Juan Bautista Cuicatlán, Cuicatlán; Santa María Huatulco, Pochutla.
También figuran en ese caso los ayuntamientos de Santa Cruz Xoxocotlán, Centro; San Juan Bautista Tuxtepec, Tuxtepec; San Juan Cacahuatepec, Jamiltepec; Silacayoapam, Silacayoapam; San Pablo Etla, Etla; Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan.
Asimismo, la LXI Legislatura del Estado, también se dio por enterada de los laudos dictados en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, el Director de Recursos Humanos y el Secretario de Administración del Gobierno del Estado, así como el Jefe de la Unidad Administrativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, Dirección del Registro Civil, y la PGJE.
Cabe señalar que el laudo es un concepto que se utiliza en el ámbito del derecho para nombrar a la resolución dictada por un árbitro que permite dirimir un conflicto entre dos o más partes
En entrevista, el presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación de la LXI Legislatura del Estado, diputado Francisco Martínez Neri, resaltó que el asunto sólo es una cuestión de un trámite, para que el Congreso del Estado esté enterado del mismo.
Explicó que la función de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado es dar a conocer al Congreso del Estado acerca de los laudos dictados, en torno a los asuntos laborales que se atienden en la misma y relacionados con la burocracia y empleados municipales.
“Ello, para los efectos posteriores a que haya lugar, pero sólo se trata de un acto de toma de nota y, posteriormente, seguramente los ayuntamientos solicitarán que se dicte algún acuerdo a fin de que se les autorice una partida presupuestal especial o el pago a que fueron condenados con sus propios fondos”, subrayó.
“De no hacer ese pago, sería porque los ayuntamientos no tengan recursos y entonces podrían acudir al Congreso del Estado para que se les autorice una partida extraordinaria, pero lo que podría suceder es que las propias autoridades eroguen esas cantidades”, apuntó.
El dictamen con proyecto de acuerdo fue reservado para el próximo periodo de sesiones.