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México, D.F. 30 de abril de 2013 (Quadratín).- La plena gratuidad de la educación pública, que aprobó este lunes el Senado de la República, es producto de la lucha por décadas de los movimientos sociales, magisteriales y de izquierda, asentó el senador del PRD Benjamín Robles Montoya.
En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó reformas a la Ley General de Educación, mediante la cual ninguna autoridad educativa podrá condicionar la prestación de un servicio educativo (inscripción, permanencia y/o entrega de documentos) a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.
Al respecto, ante el Pleno senatorial y como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, una de las instancias del Senado que tuvo a cargo la elaboración de este dictamen, Robles Montoya asentó:
La gratuidad de la educación, como aquí se ha planteado, es un compromiso intrínsecamente ligado a la lucha de la izquierda y por lo tanto del PRD, y hoy nos sentimos orgullosos por la forma progresista en que el Senado de la República le está apostando a la Educación.
Y agregó: La presente reforma constituye un verdadero estímulo no sólo a la economía de los padres de familia, sino también a la moral de los estudiantes, por eso vale la pena que recordemos lo que implica para los padres de familia la excesiva contribución, en algunos casos, que significa cubrir dichas cuotas escolares, distrayéndose de alguna contribución necesaria para su hogar. Esto sucede en todo el país, pero particularmente en los estados del Sur-Sureste del país.
El congresista del Sol Azteca refirió que cuando se votó la reforma constitucional en materia educativa el PRD votó en contra de la autogestión de las escuelas, porque podría interpretarse que se estaban legalizando las cuotas escolares.
Cuando, especificó que en las consideraciones se estableció que la gratuidad de la educación se sitúa como una obligación suplementaria del principio de accesibilidad, ya que implica garantizar que no existan obstáculos económicos en el acceso y permanencia de las personas en los procesos educativos. La gratuidad parte entonces de una idea básica: si una persona tiene un derecho, es deber del Estado remover todos los obstáculos que se interponen para que pueda gozar de ese derecho.
Ahora, con la reforma, subrayó, son infracciones de quienes prestan servicios educativos: Realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, cualquier acto que condicione el acceso a los servicios educativos prestados por el Estado, a cambio de la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.
Es muy importante puntualizar que no sólo están prohibidas el cobro de cuotas para acceder a la educación pública sino que quien lo haga será severamente sancionado administrativa y penalmente, precisó.
Por otro lado, precisó que datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que, tan sólo en el año 2010, la cantidad recaudada por concepto de cuotas escolares en los niveles de preescolar, de primaria y de secundaria osciló alrededor de los 6 mil 300 millones de pesos, dinero que la mayoría de los padres de familia no supieron en que se utilizó.
Por lo que, dijo que, con las modificaciones a la Ley General de Educación, también será obligación de los Comités, Asociaciones o cualquier tipo de organización de padres de familia informar a los aportantes sobre el destino y aplicación de las cooperaciones.