Extinción de dominio, figura del sistema inquisitivo que debe dejarse atrás: Robles Montoya

México, D.F. 27 de abril de 2013 (Quadratín).- El senador Benjamín Robles Montoya propuso reformar el artículo 22 de la Constitución, con el propósito de facultar a la autoridad judicial para decomisar bienes incautados para el beneficio de víctimas del delito en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
Asimismo, el legislador del PRD planteó abrogar la Ley Federal de Extinción de Dominio y atribuir al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la administración del fondo para la reparación del daño a las víctimas señalado en dicha ley.
“La extinción de dominio se trata de una figura a todas luces, propia del sistema inquisitivo que hoy estamos trabajando al dejar atrás, pero no solamente es contraria al sistema acusatorio y a la presunción de inocencia, sino que desde el punto de vista procesal resulta también contraria al principio de lo que es accesorio, es decir, la relación de los bienes con el delito”, apuntó.
Robles Montoya recordó que el principal argumento para introducir la figura de la extinción de dominio en la legislación, fue que se trataba de una herramienta que permitiría atacar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones de delincuencia organizada, haciendo más eficiente el combate a este flagelo.
Sin embargo, esta figura generó polémica desde el principio, debido a que formaba parte de una serie de disposiciones que en su conjunto constituían un régimen de excepción en el texto constitucional dirigido a la delincuencia organizada, que resultaba contradictorio e incompatible con el principio de presunción de inocencia.
Al presentar su propuesta de modificación, el representante por Oaxaca explicó que la extinción de dominio es un procedimiento jurisdiccional autónomo de la causa penal, de tal suerte que un juez de extinción de dominio puede decretar la aplicación de esta figura con relación a un determinado bien aun cuando el acusado no haya sido sentenciado en la causa penal correspondiente.
“Y si un juez puede decretar la extinción de dominio y posteriormente otro juez determinar la inocencia del acusado entonces tenemos que lo accesorio no siguió la suerte de lo principal, fíjense ustedes entonces, lo ilógico de este asunto”, señaló el senador oaxaqueño.
El senador oaxaqueño expuso que la extinción de dominio no solamente adolece de problemas conceptuales, sino que además sus resultados a nivel federal han quedado evidenciados incluso por el propio Poder Judicial que ha calificado a la Ley de Extinción de Dominio como un fracaso.
“Esta figura fue introducida en nuestra Constitución y posteriormente se expidió su ley reglamentaria, se aseguró que resultaría de vital importancia para atascar estructuras financieras y operativas de las organizaciones de la delincuencia organizada, pero por el contrario, el fracaso de la extinción de dominio es innegable” apuntó.
El legislador perredista recordó que en fechas recientes, diversas investigaciones periodísticas e institucionales han confirmado dicho fracaso. Un estudio realizado por la Dirección General de Sistemas de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de los Diputados da cuenta de la baja calidad de procedimientos iniciados de sentencias y de bienes afectados.
Comentó que su propuesta coincide con ciertos eventos resientes con los cuales ha vuelto a cobrar relevancia el debate público acerca de varias figuras que forman parte del régimen excepción para delincuencia organizada, establecido en la reforma constitucional del 2008.
“La excarcelación, por ejemplo, del General Tomás Ángeles puso en evidencia los abusos cometidos al amparo de la figura de los testigos protegidos utilizados para perversamente para fines totalmente ajenos a la justicia. Y el libro “La figura del arraigo penal en México”, muestra no solamente los abusos cometidos en el uso de esta herramienta, sino que el arraigo es en sí mismo un abuso”, apuntó.
Por todo ello, el senador Robles Montoya dijo que su propuesta cobra relevancia con motivo del proceso de análisis para la expedición del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que permitirá implementar el nuevo sistema de justicia penal oral y acusatorio con el cual la extinción de dominio quedará superado.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera para su análisis.

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