Cipriano Flores / El Buen Gobierno (XXIX) / Resistencia a Malos Gobiernos

Para Cirila Sánchez: En memoria
Oaxaca, Oax. 06 de abril de 2013 (Quadratín).- En el contexto de la elección de los gobernantes mediante el voto de los ciudadanos y en las reglas que determinan los tiempos del ejercicio de gobierno, cabe preguntarnos si es posible deponer, resistir o desobedecer a los malos gobiernos que tienen su legitimidad en unas elecciones apegadas a las normas electorales.
Cuando en la edad media la legitimidad de los gobernantes venia de Dios, fue difícil cuestionar el desempeño de los mismos, pues si Dios los puso, era incorrecto aceptar que Dios no se podía equivocar, si hacemos el símil que Dios es la democracia llegamos a la misma conclusión, no podemos aceptar que la democracia se puede equivocar, pues si Dios es Dios, asimismo, la democracia es la democracia.
También en la Iglesia medieval se justificaban a los gobiernos ineptos y tiranos sosteniendo que su ineptitud y forma despótica de gobernar no se debía a ellos sino al pueblo, puesto que este había pecado a partir de Adán. Así, algunos gobernantes se escudan en la maldad del pueblo ante su incompetencia.
También existía la justificación de que el gobernante como servidor de Dios, ejercía el gobierno como Dios se lo había ordenado y no de acuerdo a su propia imaginación, así, los gobernantes suelen sostener que gobiernan por la voz del pueblo y no por su propia voluntad y conocimiento. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de deponer, resistir o desobedecer a estos gobernantes. Sin embargo, aun dentro de estos absolutismos, surgen teóricos que cuestionan seriamente estas legitimidades y proponen que los gobernantes son inherentes al cuerpo del pueblo, por ello, todos los gobernantes deben estar sujetos a las censuras y privaciones de sus ciudadanos. Se debe entender que los derechos que tienen los gobernantes sobre el pueblo, originalmente le pertenecía al mismo pueblo.
Los teóricos del derecho soberano del pueblo “insisten en que la autoridad política no sólo se deriva del cuerpo del pueblo, sino que es inherente a él. Concluyen así que el pueblo tan solo delega y nunca enajena su poder último en sus gobernantes, y, por tanto, que la condición de un gobernante nunca puede ser la de un soberano absoluto, sino tan sólo la de un ministro o funcionario de la República” (Skinner, Quentin. Los Fundamentos del Pensamiento Político Moderno. II. La Reforma. Editorial. FCE. México 1993. p.126).
Hasta aquí podemos concluir que a pesar de que los gobernantes tengan su legitimidad en la democracia electoral son representantes del pueblo y el pueblo les ha delegado su confianza para ejercer el poder público en su nombre y además no son magister sino minister, es decir, son servidores del pueblo y no sus dóminos. Por tanto, si un gobernante no cumple con sus responsabilidades, el pueblo tiene, en todo el tiempo, el derecho de deponerlo, resistirlo y desobedecerle.
En nuestra opinión, el Artículo 39 de la Constitución Política Nacional y el Artículo 27 de la Constitución del Estado Oaxaqueño, deberían de reconocer el derecho del pueblo de deponer, resistir y desobedecer a todo gobernante, que además de violar las leyes, sea incompetente para gobernar el Estado. El 39 constitucional sólo reconoce el derecho del pueblo de alterar o modificar la forma de su gobierno.
¿Los gobernantes deben ser miembros principales del pueblo? De hecho y de derecho lo son de acuerdo a las leyes de la República. Es muy lamentable observar que desde un empleado de una ventanilla de una oficina de gobierno tratan a los ciudadanos con la punta del pie, mucho más se manifiesta esta actitud con los funcionarios superiores y con los gobernantes, la actitud de servicio y de humildad no es cualidad de los gobernantes en las democracias electorales. Para nuestro gusto los gobernantes no deben ser considerados como miembros principales del pueblo sino como sus más humildes servidores, quizás deben de aprender de los gobernantes de los pueblos indígenas. Los gobernantes fueron magister en la edad media, en el mundo romano o en el mundo asiático pero no deben serlo en una democracia moderna.
Hay una tesis muy interesante que desarrollan los calvinistas más radicales, que consiste que si un gobernante excede los límites de su cargo o en su caso, demuestra incompetencia para ejercerlo, queda reducido a la calidad de ciudadano privado, por ello, ya no puede seguir gozando de los privilegios que le otorga la función pública. Pongamos el caso de un Diputado o Senador que no asiste a las sesiones, no participa en los debates o demuestra una verdadera incompetencia para ejercer la representación, el pueblo soberano puede y debe deponerlo de tal cargo sin esperar el término de su mandato, luego se tendría una plena justificación de la suplencia.
Aquí es importante precisar que todo gobernante no tiene ninguna posibilidad de gobernar con excesos o incluso llegar a la tiranía o estar ausente en sus responsabilidades sin el peligro de ser depuesto, resistido o desobedecido, pues es contrario a la naturaleza soportar a un tirano o a un incompetente en nombre de la democracia. Aquí también es importante aclarar que ante los excesos o ausencias no se está resistiendo a una autoridad pública sino a un individuo detentador de una fuerza injusta o de un individuo ausente en sus responsabilidades. Sólo merece el reconocimiento del pueblo y se le considera detentador de un poder público, a aquella persona gobernante que está cumpliendo con sus funciones legalmente establecidas. La diferenciación entre el funcionario y el individuo es un factor importante para enjuiciar al gobernante cuando se transforma, por sus acciones negativas, en un individuo normal por decirlo de alguna manera. Así, se puede sostener, sin temor a equívocos, que el gobernante que disminuye el honor y el derecho se vuelve en hombre ordinario.
Para juzgar a los gobernantes y actuar en consecuencia, es necesario saber cuándo actúa como gobernante y cuándo actúa como individuo “si nuestros gobernantes se vuelven tiranos o asesinos, entonces ya no son personas públicas puesto que están condenando su autoridad pública al emplearla contra las leyes, y así, todos los hombres deberán tomarlos como personas privadas y ya no son magistrados genuinos” (Skinner, Quentin. Los Fundamentos del Pensamiento Político Moderno. II. La Reforma. Editorial. FCE. México 1993. p. 230). Por el contrario, mientras un gobernante actúe de acuerdo con su cargo y en las leyes correspondientes, siempre será una persona pública, por ende, será merecedora de respeto y obediencia.