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Oaxaca, Oax. 02 de abril de 2013 (Quadratín).- Con recursos por cerca de 18 millones de pesos, la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), apoyará a Oaxaca en la ejecución de 12 proyectos y acciones en materia de difusión, equipamiento y capacitación, anunció la titular de esa instancia, María de los Ángeles Fromow Rangel.
La servidora pública federal encabezó junto con el gobernador Gabino Cué Monteagudo, el titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Alfredo Lagunas Rivera y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Alejandro López Jarquín, la primera sesión ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio en Oaxaca.
En la reunión, efectuada en el Salón Escudos del Palacio de Gobierno, se revisaron los planteamientos y proyectos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables, y el Tribunal Superior de Justicia, instancias que forman parte de dicho consejo.
Luego de escuchar cada una de las propuestas, el mandatario estatal reconoció el trabajo realizado por la instancia integrada por los Tres Poderes del Estado, organizaciones civiles y académicas y mostró su disposición de trabajar coordinadamente con la Federación para avanzar en la consolidación del esquema de justicia penal que se proyecta en 2016 esté operando en todo el estado.
Para ello, dijo que es necesario elaborar un ejercicio de planeación, programación infraestructura y presupuesto, a fin de que el nuevo Sistema Acusatorio cuente con las herramientas suficientes para llevarlo a cabo en todas las regiones de Oaxaca.
Por su parte, en presencia también del procurador general de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, titulares de diferentes secretarías, magistrados y consejeros de la Judicatura, entre otros, Fromow Rangel indicó que la institución a su cargo se encuentra en el proceso de integración de diagnósticos situacionales de cada entidad.
Indicó que el nuevo sistema penal es una ruta para la modernización del Estado mexicano donde el desafío radica en responder a la demanda de seguridad y justicia de la sociedad, por lo que se buscarán los recursos necesarios para cumplir con la meta de que en el 2016 se encuentre en operación en todo el país.
La servidora pública de la SEGOB señaló que a nivel nacional, solo un 26% de la población tiene conocimiento sobre el nuevo sistema de justicia, por lo que este año aunado a las acciones de equipamiento tecnológico, dotación de mobiliario y capación, se dará un impulso importante a estrategias de difusión.
En su oportunidad, el presidente del Tribunal Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura, presentó el proyecto para la implementación de la Reforma Penal en la Región de la Cuenca y Valles Centrales, en los que se requieren recursos por más de 63 millones de pesos, en el primer caso, y 157.5 millones en el segundo.
En lo que corresponde al 2013, el magistrado Lagunas Rivera mencionó que se cuentan con un presupuesto autorizado de 3.3 millones de pesos que se destinarán a acciones de equipamiento de los juzgados del sistema de justicia penal del Poder Judicial, adaptación de juzgados en la región del Papaloapan y otros proyectos, sin embargo, el presupuesto es mínimo en comparación a las necesidades reales.
Por otra parte, dio a conocer también el Plan Estratégico de Difusión del Sistema de Justicia Penal en el que se ejecutarán recursos por 6.8 millones de pesos y anunció que este miércoles tomarán protesta 20 nuevos jueces que luego de un proceso de selección y preparación teórica y práctica concluyeron el curso de preparación.
Durante la reunión, el procurador general de Justicia del Estado rindió un informe de actividades como responsable del Consejo durante el año pasado, cargo que dejó ahora al magistrado Lagunas Rivera quien fue elegido como nuevo presidente, en tanto que el juez Jahaziel Reyes Loaeza, asumió la titularidad del Órgano Implementador del Sistema Acusatorio en el Estado.