Abelardo Martín / Dintel / Comunicación, factor determinante de gobernabilidad

Oaxaca, Oax. 12 de marzo de 2013 (Quadratín).- Una de las acciones de mayor calado y consecuencias para la gobernabilidad, es decir el apego a derecho y vínculo con la ciudadanía, tiene que ver con las comunicaciones.
Por eso la restructuración de fondo y de forma del sector de telecomunicaciones impactará no solo la percepción de gobernabilidad, sino la relación entre gobernantes y gobernados.
El otorgamiento de concesiones para el uso y explotación del espectro radioeléctrico tiene como único objetivo el mejorar la convivencia y, porque no decirlo, la felicidad de los ciudadanos y no las utilidades de personas y empresas, por más que hoy, la mayoría de quienes detentan esas concesiones, se sientan propietarios del espectro.
Los dos sexenios panistas construyeron y vivieron una relación distorsionada con los concesionarios de telefonía, radio y televisión, quienes se olvidaron, de paso, de su papel para fomentar armonía, paz y felicidad.
Por eso, la actualización de las leyes que norman el funcionamiento de las telecomunicaciones, son la mejor estructura para garantizar que la gobernabilidad se construya en firme, claro si se acompaña de la aplicación estricta de la norma.
En materia de telecomunicaciones, Enrique Peña Nieto afirmó que el objetivo es que el Estado recupere la rectoría del sector, al dar a conocer un proyecto de reforma que pretende ampliar el derecho a la información de los mexicanos, dar concesiones por vías técnicas y no políticas, y acelerar la competencia en el sector.
En esencia, se trata de la apertura franca al capital privado extranjero, a la inversión en radiodifusión y televisión; y la creación inmediata de dos nuevas cadenas de televisión, así como del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que absorbería las facultades de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y algunas de la Comisión Federal de Competencia (CFC). Se propone elevar de 49% a 100% la participación de inversión extranjera directa en telefonía y comunicación vía satélite, así como pasar de 0% a 49% en radiodifusión. También licitar dos nuevas cadenas de televisión abierta, donde no podrán participar empresas que ya tengan concesiones por 12 Mega Hertz o más.
Otro cambio que se plantea es la negativa a otorgar las suspensiones a los amparos contra las resoluciones del nuevo órgano regulador, que además deberán litigarse ante tribunales especializados en la materia. El nuevo Ifetel concentrará las facultades de otorgar concesiones (en la actualidad esa facultad la tiene el Ejecutivo) además de declarar dominancias y sancionarlas (hoy ese papel lo tiene la Comisión Federal de Competencia). Las sanciones irán desde las económicas hasta la revocación de las concesiones o la desinversión de activos.
Luego de la presentación de la reforma en telecomunicaciones, Grupo Televisa, en voz de Emilio Azcárraga, mediante su cuenta de Twitter dio la bienvenida a la reforma y, señaló: ”Ya se presentó la reforma en telecomunicaciones, bienvenida la competencia”. Más tarde, en un comunicado, la televisora expuso: “damos la bienvenida a la iniciativa constitucional presentada que fomenta la competencia en los sectores de comunicación y radiodifusión”.
El subsecretario de Comunicaciones de la SCT, José Ignacio Peralta Sánchez, comentó que es muy importante recuperar la rectoría del Estado en telecomunicaciones, parte de la cual se ha perdido por algunos obstáculos legales.
La propuesta, dijo, incluye tribunales especializados en materia de competencia y telecomunicaciones, pero que no incurrirán en la suspensión de las sanciones.
Va a repercutir en un efecto que debe tener mejores precios y mayor calidad. Hay dos temas que tienen que ver con la señal: la no discriminación de las señales (must carry, must offer) que tiene que ver con obligar a los concesionarios a permitir el uso de su señal abierta de forma gratuita, a menos que se trate de concesionarios dominantes.
Esta, sin duda, se trata de una reforma que incide directamente en la gobernabilidad, cuya responsabilidad requiere la participación no solo del gobierno, sino también de quienes usufructúan concesiones públicas que nunca podrán ser operadas como negocios privados.
Comunicación determina gobernabilidad, de ese tamaño es el salto.
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Foto: Ambientación