Juan Díaz Carranza / Indiferencia

Oaxaca, Oax. 11 de marzo de 2013 (Quadratín).- Después de estos primeros 100 días de gobierno de la nueva administración federal conocemos el estilo y prioridades de este gobierno. A partir de esa realidad, es momento de señalar tareas pendientes y omisiones preocupantes.
En un estado eminentemente agrícola como el nuestro, el planteamiento de la política para el campo es fundamental. El 52 por ciento de nuestra población economicamente activa (PEA) emplea su fuerza de trabajo en la agricultura, principalmente en la producción del maíz. El cultivo de este grano ocupa el 80 por ciento de las tierras cultivables y el 93 por ciento de la superficie dedicada a granos básicos. Sin embargo, Oaxaca presenta un serio déficit anual superior a las 100 mil toneladas de maíz, lo que implica una constante importación de este grano para satisfacer la demanda interna. Tan solo en los últimos 3 años la compra a los Estados Unidos aumento 15 veces.
No es una ninguna revelación la situación crítica de nuestro campo, en el mismo Plan Estatal de Desarrollo (2011-2016) se identifican las limitaciones del agro oaxaqueño, tales como la nula planeación de la producción, el uso de tecnologías inapropiadas, la escasa asesoría técnica y la baja productividad. ¿Y de qué nos ha servido esta falsa honestidad si la tierra cultivable se está abandonando por hambre y desesperanza porque no se le invierte? En los últimos 13 años el presupuesto al campo ha caído en un 50 por ciento, provocando entre otras desdichas la emigración de cerca de 300 mil paisanos cada año (jóvenes en su mayoría), acarreando a un proceso de envejecimiento de nuestra población agrícola.
Esta precaria situación que viven los campesinos oaxaqueños está vinculada primordialmente al modelo neoliberal adoptado en las últimas décadas, que incide en la escala de prioridades y del desdén con el que deben mirar los gobiernos adoptantes del modelo al sector agrícola nacional.
El origen de estas políticas económicas viene del año 1989 cuando el economista inglés John Williamson se le encargó la redacción de diez puntos esenciales para una reforma estructural que fuera aceptada por cincuenta economistas de varios países, lo que después se le llamaría “Consenso de Washington” que establecía las bases del modelo neoliberal así como las condiciones que se le impondrían a las economías de América Latina para que las compañías del primer mundo explotaran a los subdesarrollados. Estas políticas económicas han sido acatadas y operadas con estricta disciplina por los últimos gobiernos neoliberales de nuestro país. Desde el Consenso de Washington se han realizado los ajustes tendientes a la aplicación de las herramientas comprendidas en sus postulados como los acuerdos internacionales signados en las últimas décadas, tal es el caso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte –capítulo agropecuario- que trajo aparejadas consecuencias catastróficas para la producción de granos en nuestro país. Para aclarar esta tesis basta examinar dos principios del concenso en referencia: El noveno, que describe la “desregulación” relativa a la eliminación de protecciones hacia una apertura económica. Este precepto trajo aparejado el oscurecimiento del horizonte para nuestro pequeño productor que quedó en franca vulnerabilidad, situado en una competencia desigual frente a los productores norteamericanos quienes sí disponen de efectivos subsidios gubernamentales, tecnología y maquinaria que les permite abaratar sus costos de producción contra los que no podemos competir en el mercado. Y el segundo postulado que plantea la necesidad de redirigir las prioridades del gasto público a dejar de invertir recursos en políticas “pro-pobres” y dirigir las inversiones a la infraestructura. Estas medidas han llevado a la disminución del gasto sectorizado en áreas que no consideran prioritarias como la agricultura: ¿Será una coincidencia o de dónde se inspiro el ejecutivo federal al pretender disminuir en más de 10 mil millones de pesos el gasto al campo para el próximo año?
Nuestros gobiernos -ni federales ni estatales- han entendido que el crecimiento agrícola es también la vía principal para reducir la pobreza tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Retomo la reciente declaración del presidente Peña Nieto -respecto a que nuestro campo perdió su capacidad productiva- para plantearle que el alivio de la pobreza se vincula al papel de la agricultura en el desarrollo nacional. Como sucede en la Gran Bretaña donde la agricultura absorbe alrededor del 7% de la fuerza total de trabajo, pero el producto de ese esfuerzo alcanza para alimentar al total de su población. Mientras que en México se le dedica el 80% de la fuerza de trabajo y ya no es suficiente ni para el autoconsumo. La moraleja para nuestras autoridades consiste en dejar de ver el México rural bajo la óptica de los paliativos; y si de imitar modelos se trata, reproduzcamos lo que sucede en los países en desarrollo que basan su sustento en la agricultura.
[email protected]
Twitter: @juandiazcarr
Abogado, economista y periodista.

Foto: Ambientación