
Gabriela Salomé Loaeza, nueva titular del RAN en Oaxaca
México, DF. 18 de febrero de 2013 (Quadratín).- La integración de un grupo plural de senadores de la región Sur-Sureste para que revisen y modifiquen las reglas de operación de los programas sociales federales a fin de que el desarrollo social en el país se dé de manera equilibrada y de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de cada región, propuso el senador del PRD Benjamín Robles Montoya.
Para que se cierre la brecha de desarrollo regional que hoy desfavorece al Sur-Sureste del país, dijo, es necesario que los esfuerzos de inversión se centren en la región. Aunque los argumentos sociales de desigualdad podrían ser suficientes para su negociación, estos deben ser complementados con el argumento de la mayor rentabilidad social que representa invertir en las regiones más atrasadas del país.
Es preciso que las reglas de operación de los programas sociales, en atención al Pacto por México y para cumplir con los criterios de igualdad y solidaridad presentes en el Pacto Federal; hagan un especial énfasis en el desarrollo del Sur-Sureste del país. Por lo que es necesario que contengan criterios de focalización para ésta y todas aquellas regiones identificadas como de alta marginación en el territorio nacional, consideró el legislador federal.
Por tal razón, para hacer frente a las condiciones de rezago y marginación en la región del Sur-Sureste, Robles Montoya propondrá al Senado de la República conforma un grupo de trabajo plural, integrado por los senadores de los 9 estados de la zona, dedicado analizar y promover las modificaciones necesarias al marco regulatorio en materia de Desarrollo Social.
Dicha propuesta tiene por objetivos: Generar una fórmula que se aplique en las reglas de operación de los programas federales para ubicar el gasto social en los municipios y localidades marginados, de manera especial en los del Sur-Sureste; y promover la generación de políticas orientadas a resolver las problemáticas más apremiantes de la región, con una vocación especializada en el sur-sureste.
Un primer avance en este sentido debe ser generar una distribución de los recursos de los programas sociales que dependa de la distribución de la población en condición de pobreza, tanto a nivel de entidades federativas como de municipios y localidades, puntualizó el senador oaxaqueño.
Esto implica, precisó, contemplar que la población de menores recursos tiene como característica, que lo mantiene en esta condición, la menor preeminencia de capital humano, por lo que toda acción dirigida a estos grupos tiene que contar con una labor proactiva por parte del gobierno en sus distintos niveles y de la sociedad civil organizada.
Por lo que, en primera instancia indicó que es necesario modificar la Ley General de Desarrollo Social para incorporar una fórmula de distribución basada en la distribución de población pobre; crear mecanismos de trabajo social permanente en detección, canalización y seguimiento de la población beneficiaria; incorporar y traspasar gradualmente esta actividad a la sociedad civil; y crear un mecanismo común de padrones de políticas sociales en los tres niveles de gobierno a fin de no duplicar esfuerzos ni recursos.