Martín Vásquez / Calderón, balance social deficitario

Oaxaca, Oax. 3 de septiembre 2012 (Quadratín).- El sexto y último informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, plagado de cifras alegres y escenarios virtuales, en realidad confirma el fracaso de una administración federal que se comprometió a transitar al país de la estabilidad financiera al crecimiento real, para generar los empleos que la población mexicana demandaba y demanda, pero que terminó cediendo amplias franjas de la soberanía territorial, en todos los sentidos, al crimen organizado.
El rechazo contundente a su oferta de continuidad política del partido al que pertenece, el pasado 1 de julio, no es casual ni gratuito: el país entró en una espiral de inseguridad y violencia a pesar de que el gasto público destinado a la seguridad pública se multiplicó por tres; el promedio del crecimiento económico real fue prácticamente nulo y la pobreza patrimonial en términos absolutos creció en los estados del sureste y ya tocó al resto del país.
Los estados del sur sureste en efecto siguen sin industrializarse y mucho menos fortalecen su sector servicios, ante la falta de inversión pública y privada en infraestructura para el desarrollo, por lo que ahí se siguen concentrando las peores expresiones de la marginación y la pobreza; aunado a ello, en entidades del norte, antes prósperas, han visto descender sus índices de calidad de vida frente la ola de violencia criminal. Sin duda, los saldos negativos de la administración calderonista en materia de política social.
Oaxaca, Guerrero y Chiapas en particular son un testimonio vivo del fracaso de los gobiernos panistas en su estrategia fallida de combate a la pobreza.
El balance general no es favorable. El país perdió competitividad internacional, se consolidó como el último lugar entre las naciones de la OCDE en calidad educativa y perdió prestigio internacional, hasta ser desplazado del liderazgo latinoamericano ante a Brasil. En 12 años de gobiernos de la derecha, México dejó de ser un actor en la resolución de las controversias internacionales.
Hoy los únicos activos publicitados por el gobierno que cesa son, en realidad, legados de las administraciones priistas: la fortaleza del peso, la estabilidad cambiaria, la autonomía del Banco de México, las reservas internacionales al alza, las finanzas públicas equilibradas, la inflación de un dígito y la apertura comercial, iniciada a partir del ingreso de México al GATT y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
La solvencia y el carácter superavitario de la macroeconomía, no son una conquista de los gobiernos de la derecha y mucho menos de la administración del presidente Felipe Calderón, como los presenta ante los mexicanos en una campaña mediática, esa sí inusitada por lo intensa y profusa.
Si algo puede decirse a favor de su gobierno es el impulso al sector de la vivienda de interés social y el crecimiento de la infraestructura hospitalaria, que le dio al país capacidad de respuesta ante las contingencias de salud pública, como la pandemia de la influenza H1N1 en el 2009.
Sin embargo, es innegable que la gran asignatura pendiente sigue siendo la inserción de México en la modernidad económica y la competitividad para poder dar un piso básico de bienestar a toda la población mexicana, más allá de los desgastados esquemas clientelares.
Lo que le tocaba a este gobierno que fenece era aprovechar la estabilidad y la fortaleza financiera heredada para modernizar la economía y dar al país la capacidad para competir en un mundo cada vez más abierto y globalizado.
Lo que le correspondía a esta administración era impulsar las reformas estructurales para darle más valor agregado a los bienes y servicios producidos en México y ganar la competencia en la sociedad de la información y el conocimiento, la sociedad del siglo XXI. En especial la reforma educativa y la reforma fiscal integral, que no pudieron consensuar sus operadores políticos y quien los encabeza.
Ese es el reto del país en la nueva etapa política que ha iniciado ya con la calificación de la elección presidencial por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y el nombramiento de Enrique Peña Nieto como presidente electo.
Hoy más que nunca se requiere mirar hacia adelante sin olvidar las asignaturas pendientes, la principal: concretar la modernización económica del país por la vía de reformas justas y que han sido postergadas.
Ese desafío lo tiene muy claro el presidente electo, quien en el acto mismo en que recibió su constancia de manos del órgano competente expresó: “México necesita cambios de fondo en seguridad, desarrollo social, educación, crecimiento económico y proyección internacional”.
Por eso, dijo, “vamos juntos por las reformas que México necesita, que no se imponga la visión de nadie; hagamos que impere el interés superior de la nación; hagamos de nuestra pluralidad una fortaleza, que nuestras diferencias sirvan para enriquecer las políticas que exige en este momento nuestro país”.
Tiene que ser, en efecto, una modernización consensuada no una modernización impuesta, un cambio construido en el diálogo civilizado entre todos los actores políticos y quienes representan al pueblo, de manera especial las cámaras del Congreso de la Unión, pues se requieren reformas de fondo y adiciones a la Carta Magna y, en consecuencia, de una mayoría calificada que ningún partido o alianza alcanza por sí sola.
Es cierto, es preciso mirar hacia adelante, hacia el destino de oportunidades compartidas que la población mexicana no tuvo con los gobiernos de la derecha, gobiernos reprobados ya por el veredicto de la ciudadanía.