
Desaparición Forzada
Oaxaca, Oax. 2 de septiembre 2012 (Quadratín).- A partir de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, a través del juicio de inconformidad, el recurso del Movimiento Progresista, desechando las pruebas y los argumentos de este movimiento, con el propósito de que la calificación final de la elección presidencial fuese invalidada, por esta razón, se espera que la calificación será positiva para el candidato Enrique Peña Nieto. Con la resolución a través del juicio de inconformidad en contra del Movimiento Progresista, los magistrados actuaron en estricto apego a la ley al quedar evidenciado que el quejoso no pudo aportar las pruebas necesarias, contundentes y evidentes para que dicho tribunal pudiese resolver a su favor, con este acto, se puede suponer que la elección presidencial está apegada a la legalidad.
Sin embargo, habría que decir que el Tribunal Electoral no es solamente un órgano de legalidad sino que también es un órgano de constitucionalidad, esto es, deberá de asumir la responsabilidad de tutelar que nuestras elecciones se desarrollen con pleno apego a los principios democráticos, en este sentido, el tribunal deberá de ir más allá de los principios de legalidad y abordar los principios de legitimidad que tiene que ver con los consensos de la población y de los actores políticos en relación al proceso electoral. Si bien es cierto que los principios de legitimidad tienen su base fundamental en apego a la legalidad, éste no basta para asumir sobre la constitucionalidad de una elección. Si los supuestos hechos esgrimidos por el Movimiento Progresista serían suficientes para invalidar la elección de Peña Nieto, me parece que no son suficientes. Desde mi punto de vista el Tribunal Electoral debe de tutelar primero la voluntad de los ciudadanos que asistieron a las urnas, esto es, de más de 50 millones de ciudadanos y no privilegiar la tutela de los derechos, a todas luces minoritarias, de partidos políticos que esgrimen supuestas violaciones a los principios democráticos, de esta manera, desde mi punto de vista, el Tribunal tiene la obligación de tutelar los derechos del voto ejercido.
Es evidente que nuestros procesos electorales no se pueden calificar de auténticas, equitativas y democráticas pues adolecen de muchos vicios que son propios de nuestro escaso desarrollo democrático y la falta también de una cultura que tenga que ver con la racionalidad democrática. No hacemos elecciones suizas porque no somos suizos, hacemos elecciones a la mexicana de acuerdo a nuestro grado desarrollo democrático. Suponiendo que hubiese ganado el candidato del Movimiento Progresista estaría inmerso en este grado de desarrollo de nuestra democracia electoral, así nuestro país le falta mucho trecho para alcanzar a realizar elecciones plenamente democráticas.
Es evidente que desde 1977 con la reforma electoral del Presidente José López Portillo, nuestros procesos electorales se han ido perfeccionando y cada vez más son más apegadas a la legalidad y a la legitimidad, sin embargo, como obra humana nuestro sistema electoral es imperfecto y aún le falta mucho trecho por caminar y para alcanzar un mayor grado de desarrollo de los procesos electorales necesitamos de la voluntad de los gobernantes, de los partidos políticos y de los intelectuales pero sobre todo de los ciudadanos que deseamos un sistema electoral que nos permita vivir en una república democrática.
No debemos de olvidar también que la situación de la política en nuestro país es muy endeble en razón de que los intereses fácticos han superado al propio Estado, estos es, el Estado mexicano no tiene el monopolio de la violencia en el territorio nacional pues éste lo comparte con otros actores tales como el crimen organizado, los medios de comunicación y los grandes poseedores de los recursos monetarios y financieros, que son los que realmente gobiernan el país, este es el resultado de doce años de malos gobiernos de la derecha mexicana. Por esta razón se debe de celebrar que Andrés Manuel López Obrador no haya aceptado el veredicto del Tribunal Electoral pues se constituirá en un elemento que pueda ayudar mucho a Enrique Peña Nieto para no caer en las manos de esos poderes fácticos y ser rehén de sus intereses, que desde luego, no son para el beneficio común. Fox y Calderón se corrompieron al caer bajo la férula de estos poderes y dañaron gravemente al país, Peña Nieto no puede seguir por este camino, tiene que recuperar para el Estado el monopolio de la violencia legítima, necesitamos pues de un hombre fuerte, de un mandatario que pueda asumir la plena responsabilidad que le confiere la ley y ser el capitán del barco mexicano para conducirnos a buen puerto, en caso contrario, el país se seguirá entregando a los intereses de grupos minoritarios y de gobiernos extranjeros que en nada benefician al conjunto de los mexicanos. Los ciudadanos mexicanos le confirieron un voto de confianza al PRI para que pueda reorientar la política hacia los intereses comunes, por ello, celebramos el movimiento social de Andrés Manuel López Obrador que al resistir obligará al nuevo gobernante encausar su política hacia procesos de desarrollo social y equilibrios entre los poderes de la Unión.