Carlos Ramírez/ Indicador Político

+ Sin escudo de seguridad nacional
+ ¿Ahora quién podrá defendernos?
México, D.F. 23 de agosto 2012 (Quadratín).- Si se analizan a fondo los debates en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por amparos solicitados para trasladar expedientes de tribunales militares a civiles, el fondo real del asunto nada tiene que ver con los derechos humanos sino con el acotamiento de la acción militar.
La mayor parte de los casos ventilados en la Corte han tenido que ver con la competencia de tribunales civiles o militares, y en algunos de ellos fueron los propios tribunales militares quienes trasladaron los expedientes a tribunales civiles; el rechazo civil hizo quedar los asuntos en el limbo, lo que llevó la definición de competencia a la Corte Suprema.
La decisión de la Corte de acotar el fuero militar nada tuvo que ver con la impunidad de militares en hechos tipificados como delitos porque los militares involucrados en agresiones a civiles están detenidos, juzgados, sentenciados y condenados a pagar sus culpas en prisiones militares. Este dato fue extrañamente escondido en los debates en la Corte, dejando la sensación de que los tribunales militares tapaban a los militares violadores de derechos humanos.
El acotamiento del fuero militar lastimó profundamente la disciplina militar que constituye la columna vertebral del funcionamiento de las fuerzas armadas en tribunales especiales. Más aún: las decisiones de la Corte no afectaron a casos en particular ni facilitaron el castigo a violaciones de derechos humanos por soldados y oficiales, sino que redujeron el escudo de seguridad nacional de la república porque casos particulares condujeron a romper la disciplina militar.
Como ha ocurrido con algunos militares de alto rango acusados de presuntas relaciones de complicidad con algunos cárteles del crimen organizado durante funciones como militares, su litigio en tribunales civiles les abrió muchas posibilidades de obtener su libertad por el hecho de que las leyes criminales civiles tienen más hoyos que un queso suizo.
En este contexto, por defender los derechos humanos los ministros de la Corte Suprema facilitaron la apertura de celdas a criminales arrestados por militares, porque puede venir un caudal de amparos en función de las nuevas reglas de la disciplina militar. Asimismo, muchos militares sentenciados en tribunales militares con leyes muchísimo más estrictas que las civiles también podrían exigir su traslado al mundo civil.
El debate sobre el fuero militar ha sido mal comprendido en México, cuando en Colombia hubo un rechazo a la exigencia de la CIDH de subordinar el fuero militar a los tratados internacionales y los dictámenes de ese organismo; la razón oficial de Colombia se ajustó al hecho de que Colombia se encontraba en guerra abierta contra el narcotráfico y sus socios guerrilleros-terroristas y los militares eran los únicos con capacidad, organización y armamento para enfrentarlos.
El acotamiento del fuero militar en México se dio en un escenario que nada tenía que ver con la impunidad; hasta ahora, el ejército ha aceptado y aplicado las recomendaciones de la Comisión nacional de los Derechos Humanos en los casos denunciados, instaló una Dirección General de Derechos Humanos, ha sometido a su oficialidad a cursos intensivos sobre el respeto a las garantías ciudadanas y creó una oficina especial para recibir denuncias ciudadanas.
A ello se ha agregado la decisión militar de juzgar severamente a militares involucrados en casos de corrupción y violación de derechos humanos, sin que haya habido hasta ahora caso alguno que pueda ser calificado de complicidad con la violación de garantías ciudadanas. El propósito central de esta decisión castrense tuvo que ver con el hecho de que cualquier complicidad podría empañar el principio del fuero militar y de la disciplina castrense.
Los casos de violación de derechos humanos han sido perseguidos por tribunales militares. En cambio, los tribunales civiles han perdido batallas históricas contra el pasado priísta de violación de derechos humanos, como fueron los desahogados por la fiscalía especial que creó el gobierno de Fox para revisar las represiones del pasado represivo y autoritario.
La disciplina militar y el fuero de guerra son las piezas fundamentales del escudo de seguridad nacional de la soberanía del Estado mexicano. Las dos tienen que ver con la conformación vertical del ejército y la severísima disciplina que deben mantener quienes tienen posesión de armas. Cuando los militares fueron enviados a combatir al crimen organizado porque la fuerza policiaca regular del Estado había sido rebasada por la capacidad y poder de los delincuentes, las instituciones políticas y judiciales le quedaron debiendo al ejército una reformulación de la ley de seguridad nacional para garantizarle sus funciones.
El acotamiento del fuero militar se ha hecho en México no en función de necesidades específicas del problema de la inseguridad del cumplimiento de compromisos internacionales. Pero esos tratados se aprobaron en un escenario diferente al de la ofensiva brutal del crimen organizado contra las instituciones del Estado mexicano. Lo grave es que esos tratados de hecho replantearon la doctrina constitucional mexicana, como lo mostró el ministro Sergio Valls Hernández –uno de cuyos funcionarios directos en la Corte está detenido por servir al narcotráfico– al declarar que “los derechos humanos están por encima de la Constitución”, aunque sin señalar que se trata de la doctrina internacional de derechos humanos fijada sin atender las condiciones especiales de cada país.
Las últimas decisiones de la Corte Suprema van a replantear el papel del ejército en la lucha contra el crimen organizado en función del desamparo en que se encuentran los militares, sin reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en la lucha contra las bandas criminales, sobre todo porque la Corte se inclinó por la suma cero sin encontrar equilibrios de protección a los militares que se están jugando la vida por las instituciones que los desamparan con tanta facilidad. Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es castigar a sus defensores.
(Aclaración: por error del columnista, ayer se escribió de Operación Noroeste y debió ser Operación Noreste.)
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