Juan Díaz Carranza/ El horno no está para bollos

Oaxaca, Oax. 6 de agosto 2012 (Quadratín).- Tras el lamentable pero acostumbrado rechazo de jóvenes que aplican para continuar sus estudios en las instituciones educativas de educación superior, los afectados y los responsables saltan a la vista. La zozobra nacional se ve inyectada por los 250 mil los jóvenes que no fueron admitidos en las universidades publicas del país. Los efectos en Oaxaca no se dejan esperar.
En este país nuestros políticos acostumbran inclinarse por la solución más fácil. La fútil postura que sostuvo la administración del presidente Calderón respecto a la educación trajo consecuencias lamentables. Su polémico ascenso al poder y la necesidad de ganar legitimidad, hizo que concentrara sus energías en las cuestiones de seguridad y no en las transformaciones que el país le demandaba. Un clara muestra es la propuesta de presupuesto que envió el ejecutivo federal este 2012; que creció en un 11 por ciento en materia de seguridad pública y procuración de justicia, mientras que la propuesta de inversión del gasto federal para educación superior fue de apenas 0.62 por ciento, muy por debajo de la inversión deseable de por lo menos el 1 por ciento. Calderón sabía mejor que nadie que el primer ingrediente de una política de prevención de la delincuencia sería fortalecer la educación, pero optó por la ruta violenta, costosa y sensacionalista.
En contraste a la obcecación presidencial y contrario a la mala fama que muchos medios le han endilgado a los diputados federales, la extinta LXI legislatura salió al frente. Primero con la aprobación a las reformas al artículo 3º constitucional que garantiza la cobertura universal en el nivel medio superior en un lapso no mayor a 10 años, modificaciones que ya fueron avaladas por la mayoría de los congresos locales. Como segundo logro, están las enmiendas que sufrió el proyecto presupuestal del ejecutivo federal para el subconjunto de las universidades públicas de las entidades federativas, que pasó de 35.1 mil millones de pesos (mmdp) a 38.1 mmdp, lo cual significa un incremento real de más del 4 por ciento, superior al monto proporcional asignado a este rubro. Lo anterior no se traduce en mejoras inmediatas, los mejores presupuestos y las reformas constitucionales no son suficientes cuando no hay corresponsabilidad en las entidades federativas, traducido en las agendas locales como compromisos de gobierno.
En Oaxaca los grandes desafíos como la educación superior se contraponen a 2 fenómenos: la chabacana manera de cómo nuestras autoridades distorsionan el debate educativo; y la habitual irresponsabilidad del gobierno del estado de adjudicar nuestros problemas a la federación, cuando bien se podría empezar a atender asumiendo sus obligaciones.
Primer fenómeno. En nuestro estado la discusión educativa no se centra en la calidad e inversión en educación, sino en las presiones políticas de sus sindicatos. Desde hace muchos años hemos empobrecido la discusión del nivel educativo, porque se ha tergiversado las conquistas sindicales con las decisiones educativas. Hoy nadie puede negar el poder de los sindicatos, pero su poder no mejora la educación, mejora sólo las finanzas de los sindicatos. Ello, se agrava con el nulo compromiso de esta administración con la universidad pública, cada vez se muestra más desvinculada y ajena. Circunscribe su involucramiento a la eventual firma de convenios de colaboración, en vez de apostarle al involucramiento de la universidad en el desarrollo de la entidad, ¡claro! con mayor financiamiento para proyectos de inversión.
Segundo fenómeno. Para que pueda tener un impacto positivo lo anterior, la administración local tiene que abandonar esa dejadez y desentendimiento con la que viene actuando. Año con año se ocupa sólo en estirar la mano hacia los presupuestos federales. El gobierno aliancista debe acabar con el raquitismo fiscal y empezar a concentrarse en conseguir sus propios recursos a través de los impuestos locales, en particular del predial. Para lograrlo, la Secretaría de Finanzas local tendría que plantear una estrategia para que mediante el pago de impuestos etiquetados, se fortalezca la educación superior. Con ello no quiere decir que la federación no deje de custodiar el financiamiento pleno para nuestras universidades, pero sin que el gobierno local haga su parte.
Para que la educación superior funcione y se adapte a las necesidades de un estado como el nuestro, así como del mercado de trabajo, la universidad pública tiene que poner de su parte. La flexibilidad asociada a su apertura para contribuir con la sociedad y el gobierno la hará aterrizar más consciente y proactiva ante los ritmos políticos, sociales y económicos que enfrenta la entidad.
Es una pena que el país vaya para atrás. Hace 25 años teníamos el 24 por ciento de nuestra juventud en edad de recibir la educación superior en las universidades, igual que Corea del Sur; pero penosamente hoy en día, ese país asiático tiene al 50 por ciento de sus jóvenes formándose en las universidades, mientras que nosotros con más población que entonces, seguimos estancados con el 25 por ciento. La coyuntura política hace pensar que el horno no está para bollos, y que más vale tomar las primeras precauciones. En el periodo que comprende de este día a la toma de posesión presidencial (1º de diciembre) pueden acrecentarse los motivos de discordia y de protesta, con jóvenes como éstos que pueden engrosar las filas de los movimientos populares que se oponen a un sistema que no los cobija.
Una vez resuelta la validez de la elección presidencial, el ganador tendrá que enviar las señales correctas. Una de ellas deberá ser la educación como compromiso central de gobierno.
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Twitter: @juandiazcarr
Maestro en economía, licenciado en derecho y maestrante en periodismo.
Foto:Ambientación