Juan Díaz Carranza / Al día siguiente…

Oaxaca, Oax. 16 de julio 2012 (Quadratín).- El día de mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asumirá (nuevamente) su influyente responsabilidad rol en esta democracia: tener la última palabra referente a la elección presidencial. Resolver respecto a impugnaciones de la elección presidencial que pretenden invalidarla no es un tema menor. Aunque la costumbre política mexicana indica acomodarse a las escenas coyunturales, sin ver más allá que los propios intereses, estas líneas oponen resistencia a la inercia y a la apetencia de poder. Prefiero subrayar los deberes, en vez de ser conducido por la practicidad, el egoísmo y la obviedad.
A la luz de la evaluación de la validez de la elección presidencial y de la deliberación de las querellas presentadas por los partidos de izquierda, resulta fundamental destacar el comportamiento “independiente” que deberán guardar los siete magistrados federales electorales.
EXPECTATIVAS
1) Las instituciones que han sido creadas para atender los abusos durantes los procesos electorales no funcionan. Un claro ejemplo es la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales (Fepade) la cual es ineficaz. La Fepade esta regida por el procedimiento penal (semejante a un Ministerio Público), es dependiente de los jueces de amparo y de los tribunales colegiados, lo que hace de sus resoluciones lentas e inoperantes en los procesos electorales. Al no tener impacto inmediato en los comicios electorales, los partidos y candidatos no esperan que esta fiscalía les responda sus quejas presentadas. En razón de lo anterior, el TEPJF concentra la atención nacional, puesto que como órgano conocedor de la materia judicial electoral que es, hoy como hace seis años tendrá la responsabilidad de resolver los alegatos y pruebas para (en su caso) sancionar o invalidar la elección presidencial.
Acusar es una obligación compartida: por un lado los magistrados están obligados a salir de su microcosmos de confort y enfrentar con seriedad el cochambre que “popularmente” le han atribuido a la elección, yéndose –por el bien del país- al fondo de las investigaciones. Y también es responsabilidad para quien objeta, en este caso López Obrador esta obligado a presentar todas las evidencias, reportes y denuncias que integren sus impugnaciones.
2) Los juzgadores electorales están obligados a investigar las sospechas de estafar la voluntad de los electores, así como demostrar la limpieza de la elección que tanto se anuncio. En el caso de las evidencias deben de ser sancionadas; un caso ostensible de cinismo, es la intervención de las televisoras en el desarrollo de la elección, desvirtuando a tal grado nuestra democracia que Jean Robert la apodó la “teledemocracia”.
Ratificar sin sancionar, es convalidar las malas prácticas en las elecciones y afianzar el terreno de la polarización social que dota de argumentos de imposición y que toma las calles como escenario de resistencia frente a un resultado electoral que no les convence.
OBLIGADO. Enrique Peña Nieto (EPN) en su calidad de virtual ganador de la elección presidencial debe salir de la ruta discursiva y penetrarse en los grandes problemas nacionales. La violencia criminal no ha parado y al contrario se ha disparado considerablemente en los últimos días; la reconciliación nacional obliga a la mesura, los pronunciamientos impulsivos de los últimos días del PRI no ayudan a integrar un gobierno de coalición y solo profundizan el conflicto postelectoral; las tareas inmediatas no están en consolidar alianzas con el PAN al calor de la distracción, optar por remedos legales en un periodo extraordinario es socavar más en las arenas de la tolerancia ciudadana, el relanzamiento económico y social de la nación requiere de reformas institucionales no “estructurales”.
EPN debe descifrar las lecciones electorales y poner un alto a la política cortoplacista, detener esa política que tanto daño ha causado y que encuentra en los paliativos políticos los grandes remedios para desagraviar. Hace 5 años se reformó la legislación electoral en respuesta a la crisis política que causó la polémica victoria de Felipe Calderón, hoy sería un desatino caminar por el mismo sendero de la simulación. México requiere de transformaciones profundas en materia electoral, pero particularmente se requiere construir una democracia mucho más certera, más fiscalizada, con sanciones ejemplares que se conviertan en referente de escarmiento ante los abusos, y rebasar la figura de “gran elector” en la que se han convertido los magistrados del TEPJF ante la turbiedad en la que se desarrollan los procesos electorales en México.
EL RECURSO. El tufo postelectoral de inconformidad es abastecido por las décadas de atraso y mediocridad que ningún resultado electoral por sí solo podría resolver. Pero más grave es aún el curso que puede tomar el movimiento que representa López Obrador. El candidato izquierdista pone todas sus cartas sobre la mesa y apuesta a la solidaridad ciudadana para que desencadene en una vigorosa presión social. Esta interpretación se deriva del llamado ciudadano que hizo la tarde del jueves pasado para que todo aquel que tuviera alguna prueba que se constituyera como impugnación la presentará ante el órgano jurisdiccional. Al implementar esta práctica esta volteando los papeles: él ya no sería el protagonista de la defensa de la elección, pasaría a ser un seguidor más de las exigencias ciudadanas, el cederle las banderas de protesta al segmento de esos más de 16 millones que lo apoyaron hará que la salvaguardia de la elección no sea la causa de un candidato afectado sino la de cada uno de los ciudadanos que acudan a este llamado. Esta situación podría originar una escalada de protestas que pueden servir de contagio con otros trastornos sociales en el país y empañar el próximo primero de diciembre.
Señores magistrados no solo hay que pensar en la legitimidad electoral, también habrá que considerar lo que ocurrirá al día siguiente con la estabilidad nacional.
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Twitter: @juandiazcarr
Maestro en economía, licenciado en derecho y maestrante en periodismo.