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¿Lealtad a quién?
Oaxaca, Oax. 10 de junio 2012 (Quadratín).- En la asamblea se discuten a fondo los atributos y el prestigio de las personas para poder ser postuladas y elegidas a los puestos del ayuntamiento. A nivel regular se discute y aprueba por mayoría la incorporación de representantes de barrio o de poblaciones del lugar. Y casi no se acepta la incorporación de migrantes grupos sociales y de partidos políticos. Las comunidades que más rechazan la incorporación de grupos organizados y de migrantes son las tradicionales, mientras que las no tradicionales empiezan a aceptar una pequeña cuota de incorporación para dichos agentes.
Tenemos, ahí, otro factor de complejidad: Hay una preferencia por ciudadanos libres de compromisos corporativos en las comunidades tradicionales, mientras que en las no tradicionales comienza a entenderse la necesidad de dar pluralidad a la composición del cabildo, aceptando a mujeres, representantes de organizaciones sociales y políticas, y a migrantes arraigados.
La ampliación de ciudadanía se abre a la aceptación de representantes de organizaciones no estrictamente comunitarias, mientras que la tradicional se opone a ello. Sin embargo, la tradicional abre el espacio de discusión a los temas que importan a la población y son responsabilidad del ayuntamiento, mientras que la no tradicional no se ocupa mucho de ello, por lo cual estamos ante una complejización de la vida comunitaria, que ganaría mucho con el diálogo y el intercambio de experiencias.
Los conflictos que surgen en los municipios son, en gran parte, por problemas suscitados en la asamblea o por los resultados que de ella emanan. Hay una falsa apreciación de que las elecciones en los municipios indígenas son altamente conflictivas, en realidad propiamente hablando de conflictos no hay tales, si bien es cierto que las elecciones en asambleas comunitarias al permitir la discusión, deliberación y ponerse de acuerdo sobre los diferentes temas de las elecciones traen como consecuencia temas que son altamente conflictivos, pero por las dinámicas de las asambleas regularmente no llegan a estallar. El reconocimiento de las elecciones en las asambleas a permitido que los conflictos sean menores y de menor intensidad que los surgidos antes de este reconocimiento. Si bien es cierto que en las elecciones de 2004, 2007 y 2010 fueron conocidos muchos conflictos en estos municipios, gran parte de debió a la corrupción e incompetencia de las autoridades electorales. Cuando la autoridad electoral funge su función de mediadora con un gran sentido de imparcialidad los conflictos post-electorales son mínimos.
La cuestión estriba en el tratamiento y tipo de salida que se da a los mismos.
Por nivel de ocurrencia, tenemos que la respuesta que se da a los conflictos electorales es, en primer lugar, pláticas de avenimiento y aceptación de los resultado electorales por parte de los inconformes; pero, cuando esto no sucede, se produce una negociación para dar posiciones en el cabildo a los perdedores, o un estancamiento de las negaciones, lo cual conduce a dejar el conflicto vivo y fuera de control, con muchas posibilidades de respuesta iracunda por los inconformes. En un segundo nivel se acuerda y efectúan nuevas elecciones, lo cual permite limpiar una elección que ha sido cuestionada, y satisfacer la demanda de grupos o sectores sociales que se sienten despojados o no representados en el cabildo electo, más, por otra parte, encontramos también un abandono de las autoridades centrales, que dejan sin respuesta algunos casos de conflicto.
Tenemos, pues, que la mayoría de los conflictos se atienden a través de 3 formas: primero, convenciendo a los opositores para que acepten los resultados, y a los ganadores para que no ejerzan acciones de venganza sobre sus contrarios, segundo, efectuando nuevas elecciones, con el fin de limpiar y dar certidumbre a las partes en conflicto, tercero, haciendo una distribución equilibrada de los puestos del cabildo, de acuerdo a la fuerza y apoyo social que haya mostrado cada parte del conflicto.
Queda, no obstante, una proporción importante de conflictos que se queda a la deriva, porque no cuentan con respuestas de parte de las instancias que deberían atenderlos, o porque, simplemente, no fueron trasladados por los inconformes a las instituciones centrales.
Tenemos, pues, una actitud de avenencia y apaciguamiento en la mayor parte de los conflictos que emergen de las elección, pero, también, una cantidad importante de casos que no encuentra respuesta social y legal a las diferencias, lo cual puede llevar a movilizaciones y acciones que queden fuera del control legal e institucional. Son estos los casos en que debe existir un cuidado especial por parte del gobierno.