Refuerza Oportunidades sus acciones de blindaje electoral

México, D.F. 8 de junio 2012 (Quadratín).-En el marco del Programa de Blindaje Electoral 2012 de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades reiteró a sus delegaciones estatales la obligación de actuar con transparencia y legalidad ante la proximidad de los comicios del 1º de julio.
En este sentido, instruyó a sus funcionarios y personal a portar siempre el vestuario y gafete que les identifica, al tiempo que les recomendó abstenerse de apoyar a candidato o partido político alguno durante su horario de trabajo.
Los servidores públicos deberán hacer uso correcto de inmuebles, maquinaria y equipo de Oportunidades y evitar que con ellos se efectúen acciones para apoyar a algún partido o candidato político.
Las medidas de blindaje también consideran el monitoreo del parque vehicular, cuyo uso responderá exclusivamente a las comisiones oficiales requeridas para la operación del Programa. Las unidades deben resguardarse en las instalaciones al concluir las actividades diarias.
De igual forma, la Coordinación Nacional de Oportunidades se refirió a la prohibición de portar propaganda de partidos políticos o de cualquier otro tipo en vehículos oficiales, y destacó la importancia de que éstos se encuentren debidamente identificados.
Se recordó al personal de Oportunidades en las delegaciones estatales, la obligación de resguardar 48 horas previas a la jornada electoral y durante la misma, todo el parque vehicular, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones dadas a conocer.
El Programa de Blindaje Electoral es una estrategia desarrollada por la Sedesol desde 2001, y contempla un conjunto de acciones a realizar durante los procesos electorales por los involucrados, directa o indirectamente, en la operación de los programas sociales.
La Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Sedesol dio a conocer en febrero las medidas del Programa de Blindaje Electoral 2012, cuyo propósito es prevenir y atender conductas irregulares que pudieran incidir en el proceso electoral.