Cipriano Flores Cruz / Norte Electoral (XIV) / Oaxaca: Historia y Ley Indígena

Oaxaca, Oax. 28 de abril del 2012 (Quadratín).- En la etapa final de la época prehispánica, el poblamiento se incrementó en todo el territorio oaxaqueño, llegando a alcanzar en el momento de la conquista española más de 1.5 millones de habitantes. Se caracterizó porque, mientras en la etapa de los centros urbanos los grupos rectores parecen haber tenido mayor carácter sacerdotal, en ésta, el carácter sacerdotal se vio sumamente reforzado por los jefes militares.
En el territorio existía un sistema de ciudades-estado, y cada una de ellas representó un cacicazgo que ejercía poder sobre un determinado territorio, sus habitantes debían sostener a un grupo rector, al que de manera simplificada se le podría denominar “de los principales”.
Al momento de contacto con los españoles, la estructura de la organización social y la distribución territorial dieron la impresión al conquistador de una similitud con las formas estamentarias propias de la sociedad medieval europea. Así, los españoles impusieron la institución municipal en las tierras conquistadas, como una modalidad de administración y gobierno colonial, formada por un consejo conocido como Cabildo o Ayuntamiento.
De esa forma, a las principales comunidades indígenas se les permitió conservar sus formas de gobierno interno, el cual era conocido como Gobierno o República de Indios. Según Aguirre Beltrán, el Cabildo tenía como principal función la recaudación y entrega de tributo a los españoles, la distribución de mano de obra en construcciones, la participación en la organización para la evangelización y la organización para la agricultura.
En ese proceso de ajuste a las instituciones novohispanas, como dice Andrés Medina, sobrevivió la cosmovisión que ordenaba las relaciones entre los hombres y la de éstos con la naturaleza y con el universo, y algo muy importante: la concepción que sustentaba la unidad entre lo político y lo religioso como fundamento orgánico del poder y de la organización social jerárquica tradicional.
Otro momento clave en la historia territorial política de Oaxaca es el definido por el impacto de las epidemias. Gerhard nos dice que, en la jurisdicción de Antequera se registran 11,000 tributarios en 1550, pero tras la epidemia de 1576 – 1581, quedaban 4, 500 aproximadamente. Ante esto, los españoles optaron por una política de congregación, que, sin embargo, fue rechazada por los indígenas.
Gerhard explica cómo, pertinazmente y a pesar del despoblamiento de estancias y sujetos, los sobrevivientes regresaban a sus lugares de origen, reconstituyéndolas y logrando arribar al siglo XVII como pueblos.
También cabe suponer que hubo una aceptación de formas de organización como el Cabildo y la Iglesia, pues ellas podían asegurar el dominio territorial. En ese sentido, y en los siglos posteriores, la defensa del espacio municipal fue resultado de los pueblos por mantener y defender sus territorios.
Todo eso provocó el resquebrajamiento del poder indígena prehispánico, que cedió su lugar a una forma, casi forzosa, de comunidad agraria. Este cambio es fundamental y definitivo en las formas de organización social y política, así como en las relaciones futuras entre los pueblos.
El siglo XIX vio las tensiones, imposiciones e imposibilidades de acomodo entre el orden legal y la realidad social.
Desde la promulgación de la Constitución local de 1825, se trataron de normar las “condiciones necesarias para el establecimiento de Ayuntamientos y Repúblicas”, y, por cantidad de población, se intentó proceder a la disolución de Ayuntamientos. Sin embargo, los pueblos, de manera obstinada, siguieron manteniendo su sistema de Repúblicas de manera tradicional; más aún, de acuerdo a Carlos Gracida, la proliferación de Repúblicas de Indios se acentuó entre 1832 y 1837, de manera que, si la legislación pretendía ordenar y revertir la fragmentación, su efecto fue lo contrario.
El término municipio comienza a aparecer en su Constitución política de 1857. Asimismo, al promulgarse la Ley Orgánica para el Gobierno y la Administración
Interior de Oaxaca, se clasificó al territorio en Distritos, Municipios y Agencias municipales.
Desde entonces, como argumenta Spores, “no se encontró forma más efectiva para gobernar e integrar a esa gran colectividad de pequeñas colectividades ideológica, sociopolítica y económicamente autónomas, que el sistema que operaba desde las primeras décadas del siglo.
De esa forma, los pueblos de Oaxaca arribaron al siglo XX manteniendo su gobierno municipal, que fue declarado base de la división territorial y la organización política de México en la Constitución Federal de 1917. El estatus jurídico constitucional vino a reconocer una fórmula que los pueblos oaxaqueños practicaron con ahínco y eficacia a lo largo de cuatro siglos: la unidad de población, territorio y gobierno.
A lo largo del siglo XX la legislación y la política del Estado de Oaxaca se adaptaron al centralismo y a los diversos intentos de integración y asimilación que intentó la política indigenista nacional, con logros pequeños o más bien desalentadores para sus promotores. Persistieron los pueblos indios con su matriz cultural mesoamericana, la fragmentación territorial de sus localidades, la existencia de 570 municipios, y, más aún, la separación interna entre Cabeceras y Agencias municipales.
Hacia principios de los ochenta cambia la visión sobre los pueblos indígenas, se abandona el paradigma de la integración, y se abre paso a la concepción del multiculturalismo, por la cual se revalora la cultura de los pueblos originarios, surge una multiplicidad de movimientos campesinos e indígenas en México y en Oaxaca, de los cuales resaltó la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el Estado de Chiapas, el 1 de enero de 1994.
La conjugación del cambio de paradigma teórico sobre lo indígena, los intentos de reorientación de las políticas de apoyo al campo y reforzamiento de las culturas indígenas, y los movimientos sociales que adquieren su mayor relevancia política con la irrupción del EZLN en 1994, produjeron una coyuntura que, en Oaxaca, dio lugar a cambios legislativos en donde se reconocieron los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Dando lugar en 1996, durante el gobierno de Heladio Ramírez López, a la modificación del Artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en los términos siguientes:
“El Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, sus formas de organización social política y de gobierno, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tienen en sus territorios, el acceso de los recursos naturales de sus tierras y territorios”.