AI y PROAX exigen investigar amenazas contra Solalinde y otros activistas

Ciudad Ixtepec, Oax. 25 de abril del 2012 (Quadratín).- Después de la denuncia presentada por amenazas de muerte contra el padre Alejandro Solalinde, integrantes del equipo de trabajo del albergue “Hermanos en el camino” y los propios migrantes, Amnistía Internacional (AI), mantiene su respaldo al coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, considerando que su vida está en peligro.
De acuerdo al informe de la organización internacional, el sacerdote mexicano recibió en marzo y abril agresiones verbales por su trabajo a favor de los migrantes centroamericanos, además de enterarse que un asesino fue contratado para matarlo.
Ante esta situación de alta vulnerabilidad, AI demandó a las autoridades mexicanas que se fortalezcan las medidas de protección provistas al padre Alejandro Solalinde y a su equipo en el albergue, en estricto apego a sus deseos y tal como fueron ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hay que recordar que la CIDH había requerido a las autoridades mexicanas proteger al padre Solalinde y sus colaboradores, pues son blancos de hostigamientos y otros actos de intimidación, como resultado de su trabajo en defensa de las personas migrantes.
Además de tomar medidas urgentes para prevenir ataques a migrantes y quienes les defienden, especialmente que se garantice la seguridad de quienes se encuentran el alberge de Ixtepec.
Asimismo, se pidió iniciar una investigación completa, rápida e imparcial sobre el asesinato que tuvo lugar el 31 de marzo en Ixtepec, que los resultados sean hechos públicos y quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia.
Además, este martes, el Patronato Prodefensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca ( PROAX), también, expuso al presidente Felipe Calderón, en una carta, su preocupación por los hostigamiento a Francisco Toledo, Alejandro Solalinde, Alba Ramos, Wilfrido Mayrén y Marcelino Coache.
Por lo que también exigió una investigación seria y puntual de las amenazas y castigo a quienes resulten culpables, esperando que la eficiente y oportuna atención a estos delitos permita garantizar la integridad y seguridad de los defensores sociales, sus familiares y colaboradores, para que puedan continuar sus actividades.