PGJE trabaja en combate al delito de trata de personas

Oaxaca, Oax. 28 de marzo del 2012 (Quadratín).- México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes expuestos a convertirse en víctimas del delito de trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral, afirmó la Subprocuradora de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Iliana Araceli Hernández Gómez.
Lo anterior al inaugurar el taller “La Trata de Personas”, que se efectúa en el Instituto de Formación y Capacitación Profesional de Oaxaca de la PGJE, del 27 al 29 de los corrientes, y que es organizado por la Procuraduría en coordinación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones.
Dentro de los ponentes destacan del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Amy Larson y Leticia Cadena; el Agente Especial de Homeland Security Investigations de los Estados Unidos, de la CNDH, Tom Nejfelt y de la Organización Internacional para las Migraciones, Marian González y Denisse Velásquez.
La funcionaria estatal precisó que la trata de personas se da de dos formas: la explotación laboral y la sexual, que en su mayoría afecta principalmente a menores de edad y adolescentes, quienes por alguna circunstancia caen en manos de sus explotadores, por lo que este delito se combate coordinadamente con la Procuraduría General de la República.
En este marco, los especialistas precisaron que hay diferentes factores que influyen en la Trata de Personas, como son: la pobreza extrema, la ignorancia, la falta de oportunidades, la situación social, la corrupción, la migración, entre otros, por ello es importante reconocer lo factores para combatirla.
Hernández Gómez finalizó al señalar que el taller está dirigido a servidores públicos de la PGJE y de otras instancias de gobierno involucradas en el combate y atención a las víctimas de este delito.
En Oaxaca subrayó los servidores públicos de todas las áreas tienen la obligación del impulsar el respeto a las garantías individuales y coadyuvar a la consolidación de un clima de estabilidad, paz y convivencia armónica.