Proteger a las víctimas del delito, demanda Flavio Sosa

Oaxaca, Oax. 7 de marzo del 2012 (Quadratín).- El diputado Flavio Sosa Villavicencio propuso este miércoles la creación de una ley de atención y apoyo a las víctimas del delito, que establece medidas como asesoría jurídica, asistencia médica, psicológica y psiquiátrica de urgencia, asistencia social, apoyos económicos y protección policiaca.
En la tribuna de San Raymundo Jalpan, el legislador del Partido del Trabajo explicó que la ley establecería el derecho de las víctimas a un apoyo económico, en especie o dinero, de acuerdo con las necesidades de la persona agraviada para atender las consecuencias de la comisión del delito.
Detalló que la propuesta prevé la creación de un fondo y un comité técnico para administrarlo.
“Hoy es posible hacer un pequeño giro de altísima significación para la vida pública de Oaxaca”, pues “tenemos oportunidad de ingresar a Oaxaca a la vanguardia mundial en el ámbito de la justicia”, dijo Flavio Sosa a las y los diputados.
Entre los derechos de las víctimas, expuso, se incluye principalmente el de recibir por parte del Ministerio Público asistencia jurídica gratuita, pronta, completa e imparcial, contando con el apoyo de un asesor en todos los actos en que deba intervenir para la defensa de sus derechos, entre ellos la reparación del daño.
Se prevén también medidas dirigidas a proteger la vida, la integridad física y patrimonial de las personas ofendidas, que deberán ordenar las autoridades competentes cuando exista un riesgo o amenaza para la víctima o sujeto protegido de sufrir daño en su persona o en sus bienes.
Las medidas de protección consistirían, entre otras, en el auxilio policiaco inmediato y la prohibición al probable responsable de comunicarse con la víctima o sus familiares, o acercarse a lugares que frecuenten.
La propuesta de ley incluye que la atención sea a través de la Procuraduría General de Justicia, el sistema de salud pública, la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF, los juzgados y las policías municipales, instancias coordinadas por un consejo estatal de atención y apoyo para las víctimas del delito.
Argumentó que ese tipo de medidas están previstas ya en la Declaración de la ONU sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso del Poder, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el octavo de la Constitución Política de nuestro estado.
Sin embargo, estos enunciados constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos son inaplicables en Oaxaca, dado que carecemos de una ley secundaria que permita su ejecución.
Flavio Sosa expresó que su propuesta implica una transformación de fondo en la concepción sobre la relación del Estado con el delito, pues “la justicia no puede centrarse sólo en castigar al responsable del delito, sino (debe) de procurar la recuperación de lo que la sociedad perdió con el acto delictivo”.
Al día de hoy, detalló, la relación entre el Estado y el delito se basa centralmente en la capacidad del primero para la imposición de castigos, asunto ciertamente trascendente en tanto que busca garantizar los derechos de la sociedad que ha sido víctima del delito.
Sin embargo, añadió, el sistema ha olvidado el sentido original de su capacidad de castigar, pues centrado en ello, ha abandonado casi completamente todo lo referido a los derechos de quienes supuestamente tutela, los derechos de las víctimas del delito.
Citó datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, según los cuales del total de quejas recibidas por esa instancia cada año, 75 por ciento son interpuestas por las víctimas de algún delito.
“La deficiente atención a las víctimas del delito y el consecuente desconocimiento de sus derechos, incuestionablemente ha molestado a la sociedad y ha influido en la pérdida de credibilidad hacia las instituciones de procuración e impartición de justicia”, indicó.
“Hoy tenemos la oportunidad de contar con elementos reales para invitar a la sociedad a creer de nuevo en la justicia”, expresó.