Juan Díaz Carranza / A quien corresponda

Oaxaca, Oax., 6 de febrero de 2012 (Quadratín).-En las últimas semanas los que aspiran a conducir el destino nacional se han exhibido por la ausencia de planteamientos concretos de cara a los grandes problemas nacionales. Los aspectos impostergables son ignorados y las ligerezas alcanzan dimensión de prioridad. El país se debate entre la vida y la muerte y -la mayoría de ellos-, ni por enterados se dan.
El rostro nacional lo manifiesta la tristeza, la desesperación y la exclusión que padecen más de 50 millones de mexicanos en estado de pobreza, de los cuales, 12 millones de ellos, subsisten en situación de hambre. A contrapelo, la opinión pública envía al archivo muerto estas condiciones y se concentra en las experiencias cotidianas de las precampañas. Se le otorga mayor atención a las clandestinas grabaciones de una fatua precandidata presidencial que a la sequía que estrangula a 19 entidades del país. Los reflectores se enfocan con mayor atención a las alertas migratorias de tres corruptos exgobernadores tamaulipecos que a la hambruna que se padece en todo el territorio nacional (recientemente acentuado en Chihuahua). Le otorgan mayor relevancia a 25 millones de pesos que se trasladan clandestinamente en maletas sin saber origen y destino que a al millón 300 mil estudiantes que se ven afectados por los paros magisteriales. Las discusiones serias y responsables que merecen las cuestiones sociales más apremiantes, han sido desplazadas por el empecinamiento de los personeros de los jerarcas nacionales de seguir pensando en el beneficio de ellos, sobre el sufrimiento de millones. La situación de México y particularmente la de Oaxaca no se presta para dejarse seducir por las ramplonerías del denigrante espectáculo político. Prestarse a ello, abona al desastre nacional.
¿QUIÉN DICE YO? El mayor reto del Estado mexicano y para los que aspiran formar parte de él, debe ser el abatir la desigualdad nacional garantizando niveles de vida dignos para todos. Sin embrago, las actuaciones de los aspirantes a cargos de elección popular se distinguen por los arrebatos, chantajes, e hipocresía; no le entran a las causas sólo a sus secuelas que ellos mismos han provocado. El abandono de las responsabilidades de los que hoy “gobiernan” conjugado con su incapacidad, anuncia el agobio de los más necesitados. De no ser la izquierda, no se escucha programa alguno que se dirija a desarraigar la mancha de ser la nación más desigual del planeta. País donde es posible que cohabite el hombre más rico del mundo, con millones que carecen de lo elemental. Donde el 10% de las familias más pobres les corresponde apenas el 1.2 % del ingreso nacional; mientras que el 10% de las familias más ricas concentran el 41.3% de la renta nacional total (INEGI 2010). Pocos se atreven a hablar de estos temas en tiempos electorales, más cuando este sector de privilegiados son propietarios de los corporativos que cotizan en la Bolsa, que no acostumbran pagar impuestos, y que se benefician de la debilidad institucional de este sistema para imponer sus prácticas ventajosas y monopólicas. Hacerlo, implicaría jugar el riesgo de ser estigmatizados como lo fue ( y es) López Obrador; o bien, salir de la gracia de su importante respaldo. Por eso, ellos prefieren no hacerlo, optan por el discurso conveniente de la demagogia que termina por avalar estas disparidades, aunque este acto de resignación represente la condena al rezago social de millones de connacionales.
Mientras la política de desarrollo nacional este centrada en controlar la inflación y el déficit público; mientras se sostenga el régimen de excepciones y el trato preferente a quienes más tienen; mientras el gasto público corriente sirva de caja chica de los gobiernos (federal y estatal) y no actúen con criterio de austeridad; mientras el presupuesto nacional se elabore con criterios egoístas y cortoplacistas, asfixiando al desarrollo social con un aumento del 3.7% y para seguridad pública elevarlo al 11% con respecto al año anterior. Mientras las prioridades sean otras y no los derechos sociales, México no podrá salir del pantano de la pobreza y la violencia criminal recrudecerá.
BUENA NOTICIA. Recientemente Juan Silva Meza -ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- , encontró en las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo una oportunidad “no sólo propicia, sino obligada” (sic) para que se busque garantizar por la vía judicial los derechos económicos, sociales y culturales (agua, alimentación, acceso a la educación, salario y vivienda dignos). Estos derechos humanos, son clasificados como de segunda generación, porque su reconocimiento fue posterior a los derechos civiles y políticos, pero no han alcanzado su cumplimiento por no dotarles de garantías efectivas para concretarlos. En nuestro país se ha venido desarrollando un vicio parlamentario: Legislar para prometer solución sin dotar de elementos para efectivizar la norma. Esto ha conducido a situarnos en una encrucijada en la que ubicamos el reconocimiento normativo de las obligaciones del Estado mexicano por un lado, y por el otro, el cabal cumplimiento que se le debe otorgar a estos derechos.
El planteamiento del ministro busca que en los casos en los que las autoridades no proporcionen estos derechos, el Poder Judicial Federal podrá dictar sentencias que obliguen a garantizarlos.
No es un asunto que incentive la creación de más leyes, se trata que de que los tribunales federales no sólo reconozcan estos derechos en el texto constitucional, sino también, hacer explícito que se trata de derechos humanos que se pueden exigir por la vía judicial. Iniciativas como la del ministro Silva Meza hacen pensar que las cosas pueden estar mejor, siempre y cuando, contemos en los otros poderes del Estado con hombres y mujeres que les distinga su visión nacionalista.
Es necesario que los sujetos electorales en cuestión, entiendan que no habrá paz, ni reconciliación nacional, si las necesidades más apremiantes subyacen al interés electoral.
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Maestro en economía, licenciado en derecho y consultor político.
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