Seguirán lluvias de intensidad variable en la mayor parte de Oaxaca
Oaxaca, Oax., 16 de enero de 2012 (Quadratín).- La fracción parlamentaria del PRI en el Congreso estatal es y seguirá siendo férrea defensora de las causas justas de los oaxaqueños, principalmente cuando se vulneren sus derechos constitucionales y su economía, por ello, condena enérgicamente el acoso y hostigamiento que el Gobierno del Estado ha iniciado en contra de conductores de vehículos particulares con placas de otras entidades del país.
Así lo afirmó el coordinador de la diputación priista en la LXI Legislatura, Francisco García López, quien exigió la inmediata suspensión de los operativos implementados por la Dirección General de Tránsito, que sólo presionan y amedrentar a la ciudadanía para obligarlos a pagar la tenencia vehicular en nuestra entidad.
Las acciones emprendidas por las autoridades estatales constituyen actos reprobables y un abuso de autoridad que en nada contribuyen a la paz y progreso que tanto se pregona, además, esta actitud puede afectar la actividad turística, pues los visitantes no deben sujetarse al arbitrio y caprichos de funcionarios que carecen de sensibilidad y tacto político, señaló.
Dijo que el problema que enfrentan los automovilistas, no es la causa, sino el efecto de un impuesto mal diseñado, mal concebido y aplicado en Oaxaca. La corrupción y la pésima calidad y atención de la administración pública, hacen que las contribuciones sean retiradas y efectuadas en otras entidades.
Por ello, García López hizo un exhorto a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Dirección General de Tránsito para que se desistan de esta actitud que vulnera el Estado de Derecho.
El malestar y rechazo de la ciudadanía es justificado. La crisis económica, la falta de empleo, el encarecimiento de la vida y la reducción del poder adquisitivo, limitan las posibilidades económicas de las familias, por lo que se ven obligadas a encontrar alternativas para que su ingreso familiar rinda y puedan cubrir sus necesidades.
Desde el Congreso del Estado haremos valer las garantías que protegen a la sociedad y por ningún motivo permitiremos que sus derechos sean vulneradas con este tipo de acciones.