Abelardo Martín Miranda / Y todo, por servir a los demás

Oaxaca, Oax., 13 de enero de 2012 (Quadratín).-El ciudadano perspicaz se pregunta con frecuencia la razón por la que los puestos de elección popular desencadenan cada vez más luchas y pleitos más violentos, no sólo verbal sino hasta en ocasiones físicamente, cuando que, en teoría, el servicio público requiere sacrificio, entrega, abnegación, honradez, compromiso y renuncia.
Cualquier miembro del servicio público presume que el trabajo exige tanto que “no hay horarios de entrada y salida, para desayunar, comer o cenar”, exige una actividad en restaurantes, cafés y bares que implica la renuncia a la vida familiar; aparte existe el compromiso ético, explícito y legal de honradez a toda prueba; también el mantener el principio de que se sirve al ciudadano y al país.
Ser electo para algún cargo requiere ahora, además, gastos en vestuario, auxiliares, propaganda y otros muchos rubros que legalmente están prohibidos y que deben ser asumidos por quien aspira a ese cargo.
¿Cuál es entonces la razón por la que la batalla por un puesto público o un cargo de elección popular se han vuelto cada vez más violenta y los aspirantes están dispuestos a todo, incluida la pérdida de la dignidad?
Servir implica entrega, sacrificio y renuncia. Servir en un cargo público obliga a conformarse con un estilo y un nivel de vida que Benito Juárez denominó “honrada medianía”, con todo lo que esta frase involucra tanto en lo económico como en el reconocimiento profesional.
En el caso del magisterio, incluso, se habla de un “apostolado” tanto entre los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública como de la estructura que la sostiene y le da razón de ser, el magisterio.
La respuesta a la pregunta tiene que ver, necesariamente, con la retribución que implica cualquier cargo de elección popular o puesto público. Se ha convertido más en una ambición económica, de estatus, de escalamiento social que del compromiso para servir, que obliga a una renuncia casi total.
Existe una grave distorsión en la vocación del servicio público que se ejemplifica en la cantidad de aspirantes que luchan y se desgarran por ocupar el cargo, pero que son poco comprometidos para cumplir con las obligaciones que ello implica. No se trata, por supuesto, de que contesten con los llamados “informes” que se han convertido en pretexto para el autoelogio, la autopromoción y el escalamiento de otros puestos burocráticos o electorales.
Esta distorsión forma parte de la deficiente educación cívica de los mexicanos, que abarca a electores y a elegidos. Desde el Presidente de la República, los senadores, diputados federales y estatales, presidentes municipales, funcionarios, etcétera, etcétera, son servidores que hipotéticamente son servidores, aunque su comportamiento en cuanto tienen el cargo es de “jefes”.
Quizá esta sea la razón de las batallas electorales que, lejos de servir, los aspirantes tienen deseos de mandar, de adquirir un status social, económico o político, más allá de las obligaciones del cargo.
La función constitucional y práctica del servicio público es asistir al gobierno debidamente constituido en la formulación de políticas, la ejecución de las decisiones y la administración de los servicios públicos. Constitucionalmente, toda administración forma parte del Estado; a su vez, por estar sujetos a lo que la constitución establece, los servidores públicos deben lealtad a la dependencia para la que trabajan.
Los servidores públicos deben administrar sus encomiendas tomando en cuenta:
-La rendición de cuentas;
-El deber de todo funcionario de desempeñar las funciones públicas de manera razonable y con apego a la ley;
-El deber de apegarse a la ley, incluyendo las obligaciones que establecen la ley y los tratados internacionales, y la defensa de la administración de justicia, y
-Las normas éticas que rigen a las diferentes profesiones.
Los servidores públicos deben conducirse con integridad, imparcialidad y honestidad, y manejar los asuntos del público con simpatía, eficiencia, rapidez, y sin prejuicios ni malos manejos; esforzarse por garantizar el uso apropiado, eficaz y eficiente de los fondos públicos.
La mayoría de las tesis del servicio público coinciden en que existieron tres principios básicos: Igualdad/Universalidad; Continuidad y Cambio.
El primero remite a que la política pública debe garantizar al conjunto de la ciudadanía la disponibilidad de los servicios. El segundo procura garantizar la continuidad: dado que es un servicio esencial, el Estado debe garantizar la prestación en forma constante.
Finalmente, el principio de cambio se relaciona con la necesaria actualización para que los ciudadanos puedan disponer del mejor servicio posible.
Qué bueno que haya tantos aspirantes a tantos cargos de elección popular o puestos públicos, pero queda la inquietud si su objetivo es servir…. o ¡servirse!
Foto:Ambientación/archivo