Samael Hernández Ruiz / Crimen y sociedad / Informes y conflictos

Oaxaca, Oax., 15 de noviembre de 2011 (Quadratín).- Oaxaca no aparecía en los registros como un estado con alta incidencia criminal; ahora las cosas parecen diferentes. Durante las últimas semanas observamos reportes en la prensa de asesinatos, secuestros y robos, con mayor frecuencia que en meses anteriores.
No se trata al parecer de hechos fortuitos productos de la pobreza y la desesperación, que a veces obligan a perpetrar ilícitos; algunos indicios permiten afirmar que se trata de un efecto sistemático de la prevalencia en Oaxaca del crimen organizado. El asesinato de un individuo, hasta ahora no identificado, quien posteriormente fue decapitado y su cabeza expuesta en un lugar público de la ciudad, dice mucho al respecto. Relacionado con lo anterior, una manta apareció en otro lugar de la capital del estado en la que aparece supuestamente referida la autoría del cartel de los llamados “Z”. Todo parece indicar que Oaxaca es ya territorio del crimen organizado.
Esta ya de por sí grave situación, se combina con otros hechos no menos preocupantes: el 1º de noviembre fueron emboscados efectivos del Ejército Nacional en el tramo de la carretera que está entre Santa Catalina Juquila y Río Grande. Esa misma semana de noviembre, agentes de la AEI fueron agredidos en Santiago Ixtlahuaca cuando iban a ejecutar una orden de aprehensión; lo mismo ocurrió en San Miguel Peras, Huajuapan el 2 de noviembre. Estos hechos sugieren la idea de que en territorio oaxaqueño operan grupos armados cuya naturaleza, política o criminal, se desconoce y que además, los pobladores de algunas comunidades ya no confían en las autoridades judiciales del estado.
BASES DEBILITADAS: LOS GOBIERNOS MUNICIPALES.
La experiencia en otras entidades de la república, como Michoacán, nos enseña que estos hechos son el preludio de un control sistemático de algunos grupos de interés sobre las autoridades municipales y que una vez logrado ese control, es muy difícil recuperar la gobernabilidad en esas zonas.
En Oaxaca observamos un gradual debilitamiento de las autoridades en algunos municipios de la entidad por diversas causas: conflictos postelectorales, disputa por los recursos que asigna el gobierno del estado, conflictos agrarios, corrupción, falta de transparencia en el manejo de la administración, en algunos casos, deuda pública y falta de liquidez. Todos estos elementos hacen de los municipios presas fáciles de grupos de interés, sobre todo de aquellos vinculados con el crimen organizado. Habrá que preguntarse qué tan extendida está la situación descrita, entre los 570 municipios de la entidad.
SERVICIOS DEFICIENTES
Por lo que se puede apreciar en la prensa, los servicios públicos con menos eficiencia y mayor conflictividad son: Transporte, Educación Básica y Salud. De los anteriores servicios, el que mayores problemas le ha causado últimamente a la ciudadanía es el de transporte. Taxistas, mototaxistas y camioneros están empeñados en una lucha por el predominio en el servicios, que ciertamente no ha llegado a la violencia, pero ha provocado irritación en la población que ha protestado por el pésimo servicios y la presencia de criminales en algunas rutas del transporte urbano de la ciudad capital.
La administración del servicio educativo que sobrelleva el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado (IEEPO), mantiene su inercia produciendo poco y mal aprendizaje en sus estudiantes. Por otra parte, el gobierno del estado no ha logrado acuerdos con la dirigencia de la Sección 22, y su relación con ella evoluciona hacia un choque frontal que parece anunciarse para el 2012. Por su parte, la Sección 59 de la señora Elba Esther Gordillo se prepara para operar en el contexto de las elecciones presidenciales del próximo año, enarbolando una propuesta educativa para Oaxaca, que de paso hay que decir que nos vendría bien.
En el sector salud, el secretario de la dependencia no encuentra la puerta. Sin recursos suficientes (cuya gestión parece dificultársele), la falta de liquidez provoca escasez en las clínicas, además del descuido de algunos servicios como el tratamiento del cáncer en la región de la Mixteca.
Este muy apretado resumen de la situación del servicio público, con seguridad será parte importante de los comentarios sobre el próximo primer informe de gobierno.
Oaxaca y Chiapas.
El problema en los Chimalapas con los ejidatarios chiapanecos ocupó los titulares la semana pasada. Si bien es un problema añejo, llama la atención la actitud del gobierno chiapaneco de alentar a sus paisanos al enfrentamiento.
En relación con este problema, se señala que el causante de la confusión fue el INEGI, quien al publicar una línea divisoria entre Chiapas y Oaxaca, omitió mencionar que se refería a los núcleos agrarios en Oaxaca, con población chiapaneca. Esta nueva línea de demarcación, al parecer fue tomada por las autoridades chiapanecas como una nueva frontera entre ambos estados; desde luego, esta es una interpretación equivocada, si consideramos que: ni las constituciones de Oaxaca y Chiapas, ni la federal, han sido modificadas al respecto.
La línea divisoria sigue pues, como lo establece el marco normativo vigente. El problema central entonces es cómo tratar a los ejidatarios chiapanecos, que fueron legalmente dotados de tierras en territorio oaxaqueño por un acuerdo presidencial en los tiempos de Díaz Ordaz. Planteadas las cosas de esta manera, parece que lo prudente es que la Suprema Corte de Justicia resuelva el caso de la vigencia de la norma constitucional y posteriormente, diseñar una política agraria y social que le dé garantías a los chiapanecos de que serán tratados con apego a derecho y que, a cambio, deberán someterse a la autoridad del estado de Oaxaca; esto no les convendrá a quienes del lado chiapaneco y del lado oaxaqueño, explotan ilegalmente la riqueza maderera de la región.
Por su parte, el gobierno de Oaxaca actuó con lentitud y a tientas. Desde al menos el mes de abril, se tenía proyectada la creación de una comisión especial que atendiera el problema de los Chimalapas, pero por alguna razón no se le prestó la debida atención. Ya en noviembre y en medio del fragor de los enfrentamientos entre ejidatarios de esa zona, se organiza al vapor el organismo encargado del asunto, mismo que ya se ganó las primeras muestras de inconformidad de los actores involucrados. Será difícil que pueda operar con eficacia.
Informes y conflictos.
Los problemas con los transportistas no parecen solucionarse; el conflicto entre ellos se ha convertido en una pandemia que amenaza con empeorar. Por otra parte, algunos conflictos postelectorales aún siguen sin resolverse y a todo lo anterior hay que agregar una mayor agresividad, como hemos dicho, en las declaraciones de los líderes de la Sección 22 que no anuncia nada bueno para el futuro próximo. Quizás el motivo de esta reactivación de declaraciones beligerantes y renovadas acciones de protesta, como la de los estudiantes normalistas, sea el próximo informe de gobierno; pero de cualquier manera, no dejan de ser problemas que deben resolverse con oportunidad y con apego a la ley.
Uno de ellos, que no hace mucho ruido pero puede afectar seriamente la economía del estado es el tema del impuesto sobre nóminas, cuyo pago diferido se le ha negado a los empresarios oaxaqueños, debido a que los ingresos por ese concepto están comprometidos para el pago de la deuda pública del estado. El argumento que da la actual administración a los empresarios no satisface sus expectativas, e igual podría motivar a una “huelga de capital” que sería un problema serio para la administración actual.
Lo más conveniente tal vez sea que la administración del gobernador Gabino Cué informara ampliamente a la ciudadanía sobre la situación de la deuda pública, construir soluciones y dejar de presentar hechos consumados como si fueran fenómenos naturales sin remedio alguno.
Otro tema sobre el que habrá que informar al pueblo, tiene que ver con el ejercicio de los recursos transferidos por el gobierno federal al del estado de Oaxaca, pues el titular de Sinfra ha declarado que prepara una solicitud de prórroga ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ejercer en 2012 el 20% de las obras 2011 que no fueron adjudicadas y agrega, además, que el Fonden cerrará en 70% de ejecución sus recursos; el Fondo Regional, en el 85% y el Programa de Infraestructura Básica de las Zonas Indígenas, en un 95%. Por cierto, cifras poco aceptables.
Foto:Archivo