David Colmenares Páramo/ Un dolor de cabeza más

Oaxaca, Oax., 27 de agosto del 2011(Quadratín).- Una de las causas que más agobian las finanzas estatales, es el gasto en educación básica, el cual en algunas entidades federativas ha rebasado históricamente más de la mitad de sus participaciones, como son los casos de Baja California y Chihuahua, pero también los de Durango –el tercero que más recursos aporta-, Nuevo León, EDOMEX, Veracruz, Michoacán y Tabasco entre otras.
Cuando se desconcentran los recursos de educación básica en 1992, casi la mitad de las entidades federativas contaban con un sistema de educación básica estatal y cuando se “federaliza” el sistema federal, empiezan sus problemas, con la homologación de los maestros estatales.
Se desconcentraron los servicios administrativos, no la educación, por eso cuando algunos gobernadores llegaron a plantear “devolver la educación”, en realidad no había substancia para ello, porque realizan sólo una función administrativa. El DF es la única entidad que no ha enfrentado esos problemas, ya que la SEP sigue manejándola en la capital del País.
Desde el principio se da una “doble negociación” quedando en el nivel central la negociación salarial y en las entidades la de las prestaciones, lo que dio lugar a situaciones asimétricas en las que los maestros de una entidad tienen muchos más días de aguinaldo y otros pagos, que los de otras. Es inolvidable la “negociación” de 1997, después de un plantón de varios meses de maestros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán en la Ciudad de México. Todo en función de la fuerza de las secciones sindicales y la fortaleza o debilidad de los gobiernos estatales. Casos extremos son los de
Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Guerrero o Colima entre otros.
Con la asignación de nuevos responsabilidades, se ha dado el caso de financiamiento insuficiente a decir de ellos mismos, por lo que se ha observado una mayor dinámica en la evolución del gasto estatal que en la del federal, lo que sumado al costo de los subsistemas estatales, ha generado una participación asimétrica en el financiamiento total por entidad federativa: unos que gastan una parte significativa de sus recursos, castigando la inversión y el gasto social, mientras que otras lo hacen en menor medida.
De acuerdo a la última información disponible la relación de gasto estatal en educación básica vs participaciones es de 55 por cineto para Baja California, de 47.7 por ciento para Michoacán de 45.4 por ciento para Durango y de 45 por ciento para Chihuahua. En Tabasco ha variado entre un 30 y un 20 por ciento, pero esta entidad es la que más aporta al gasto en salud.
Oaxaca es un caso especial, la aportación registrada es de cero, pero ello tiene que ver con la existencia de subsistemas estatales, que no tiene, al igual que otras 15 entidades.
En nota reciente de Dolores Ortega en El Norte, señala que “los estados asignan a la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, un promedio del 34 por ciento de los fondos que reciben como participaciones, que son sus principales fuentes de ingresos. La carga es mayor para 16 entidades… Baja California le dedica a la educación básica un equivalente a 108 por ciento de los recursos del FAEB… en los casos de Baja California, Yucatán, Durango, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa y Veracruz, los recursos que tienen que destinar para cubrir el gasto educativo superan el 50 por ciento del valor de las participaciones federales que reciben”. (El Norte. 1.08.11). También que el cambio de fórmulas de 2007 ha empeorado la mayoría de las finanzas estatales
(28.07.11).
Con ese cambio de fórmula de distribución de los incrementos del FAEB a partir de 2008, no se garantizan los irreductibles, y el Fondo de Compensación que crea el Congreso por mil millones de pesos, apenas 32 millones por entidad, es insuficiente. La propuesta de Querétaro en CONAGO para incrementarlo con la inflación, no resuelve nada: sólo Veracruz necesita más de 700 millones, no digamos Durango, Tabasco u Oaxaca, sin contar a las otras.
Tienen que trabajar la Propuesta de Jorge Herrera Caldera, para incrementar el fondo existente y crear “uno nuevo a fin de ir nivelando las aportaciones que hacen las entidades”, por lo que planteó la creación de una comisión especial entre la CONAGO, Gobierno Federal y el Congreso.
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