Juan Díaz Carranza/Viviendas de des- interés social

Oaxaca, Oax., 08 de agosto del 2011(Quadratín).- Presenciamos el agotamiento del modelo de planeación urbana, con políticas federales equivocadas, secundadas por los gobiernos estatales y municipales que fomentan la proliferación de mini casas en extensas unidades habitacionales. La construcción desmesurada de éstas, representa fenómenos sociales más graves que los que se pretenden atender.
Es en el año de 1976 se dio inicio a la institucionalización de la Planeación Urbana en México con la promulgación de la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) que permitió el establecimiento de bases para crear leyes, planes y reglamentos urbanos con el objeto de ordenar los asentamientos humanos en todo el país. Más tarde, en el sexenio de López Portillo se crea la Secretaría de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas (SAHOP) como un órgano especializado en temas sociales encargado de la planeación de los centros de población, la ecología urbana, del equipamiento y la vivienda, que constituyó el antecedente del primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978. El enfoque era planear para gobernar, gestionando la incipiente concentración de población que se manifestaba en dispersos puntos del territorio nacional.
Esta planeación atendió el desarrollo territorial más no se integró al resto de la política social, luego se sumo el fracaso institucional de la planificación poblacional que convirtió el fenómeno demográfico en el gran problema de viabilidad nacional, así como los efectos sociales que trajeron los impactos económicos. Todo lo anterior, hizo que la realidad superará las proyecciones de las propias autoridades, y los pequeños logros alcanzados en materia de planeación urbana quedaron truncados.
Durante los últimos 30 años no hemos avanzado en la reconceptualización de prioridades institucionales, ni a la concientización de nuestra población, desde entonces tenemos una planeación que ya es obsoleta puesto que fue concebida para una realidad distinta, que no consideró este desorden urbano ni las malas decisiones gubernamentales.
La actual administración federal prometió hacer de la política de vivienda un política de Estado, para detonar el desarrollo regional a través de la Secretaría de Desarrollo Social y su programa “Habitat” que pretende abatir el rezago en vivienda y que hipotéticamente se enfoca a la superación de la pobreza, entendida ésta, como la construcción de enormes conjuntos habitacionales sin la previsión de funcionalidad, orden y salud pública. Este programa como mediáticamente acostumbran, ya se presume como exitoso por los cinco millones 167 mil créditos y subsidios entregados, cifra cercana a la meta sexenal de los seis millones de financiamientos, de los cuales Infonavit, Conavi y Fonhapo concentran el 68 por ciento de los mismos. El gobierno federal llama éxito a privilegiar la urbanización de mega conjuntos sacrificando el bienestar de la población con tal de brindarle dinamismo al mercado hipotecario, financiero y a la industria de la construcción. Basta consultar el reporte de “La situación de la vivienda en México 2010” que señala como cinco empresas desarrolladoras de vivienda concentran el ocho por ciento del PIB de la construcción, que ascendió a 538 mil 271 millones de pesos.
La adopción de los modelos externos de desarrollo económico y social hace que la planeación urbana en nuestro país esté sujeta a externalidades, atendiendo –casi exclusivamente- a los criterios técnicos y normativos que se orientan a beneficiar a la industria de la construcción, desatendiendo los criterios sociales que deben predominar en estos planes.
Amenaza. En el municipio conurbado de San José Xoxocotlán se da cuenta de lo expresado, ahí vemos los efectos de la construcción de vivienda pequeña en serie: se sacrifica la calidad por la cantidad. Viviendas mal ubicadas, con inadecuada dotación de servicios públicos, espacios de 32.5 metros a 42.5 metros cuadrados y que son habitadas hasta por cinco personas en promedio. Estas mini casas, sinónimo de hacinamiento se dividen en baño, una pequeña cocina, una recámara y estancia comedor, con un precio que oscila entre los 220 mil y los 350 mil pesos a pagar en 30 años.
A sabiendas de que el presidente municipal de Xoxocotlán – José Julio Antonio Aquino- está más ocupado por las bondades del outsourcing y presa de su desorden y desapego con la ciudadanía, es urgente que el gobierno del Estado asuma con interés la investigación profunda y sistemática de los efectos que pueden generar la proliferación de estos conjuntos habitacionales, los riesgos de meter a una familia en estos espacios que dañan severamente la construcción del tejido social. Es momento de diseñar mecanismos para la zonificación, la densificación y el control de la expansión urbana, claro, y haciendo cumplir lo dispuesto en el Art. 2º de nuestra Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca que detalla las condiciones elementales en las que debe vivir la familia oaxaqueña.
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