Presenta Neri iniciativa para eliminar figura del arraigo en el Código Penal

Oaxaca, Oax., 03 de agosto del 2011(Quadratín).- El diputado del PRD, Francisco Martínez Neri presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto para eliminar la figura del arraigo del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales para el estado de Oaxaca.
Aseguró que su propuesta busca derogar la fracción XVII del artículo 17 del Código Penal de Oaxaca, además de la fracción III del artículo 2 y el artículo 19 BIS del Código de Procedimientos Penales.
“El arraigo domiciliario se incorporó en su momento en nuestra legislación penal local y como toda nueva disposición legal, su cometido era resolver los problemas que aparecen en la sociedad y que la lesionan; sin embargo su puesta en práctica propició atropellos y violaciones a los derechos humanos”, dijo.
Indicó que el arraigo viola una serie de garantías, pues ejemplificó “viola el derecho de tránsito contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se garantiza a todo hombre dentro de nuestra República la libertad de tránsito y a su vez establece sus limitaciones”.
El legislador del sol azteca explicó que el arraigo viola el principio de presunción de la inocencia contemplada en el artículo 20 apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, desde el momento en que la persona es privada de su libertad sin haberse acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
Asimismo, sostuvo que esta figura viola el derecho fundamental de la Libertad, cuando se aplica de manera arbitraria en la etapa de la investigación del delito y agregó “viola la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Federal en virtud de que nadie puede ser privado de su libertad sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos”.
Por último, Martínez Neri precisó que en Oaxaca, la falta de pericia para investigar, la falta de recursos materiales para lograrlo es campo propicio para la violación de las garantías consagradas en la Constitución.