Cipriano Flores Cruz/El gobierno de la alternancia (XX)

Oaxaca, Oax., 17 de julio del 2011(Quadratín).- Tres hechos en este mes de julio pintan de cuerpo entero al régimen político prevaleciente en Oaxaca, estos es, como un régimen autoritario, patrimonialista y arbitrario. Tales hechos son: a).- La ratificación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana., b) Revisión sobre la administración de los recursos públicos del gobierno anterior., c).- La aprobación unilateral del Plan Estatal de Desarrollo por parte de los aliancistas.
Si bien es cierto que la decisión del TRIFE de otorgarle legalidad a la integración de los miembros consejeros del Consejo General del IEEPC, es un hecho que se puede estar de acuerdo o no, ya es plenamente legal, sin embargo, para nada es legítima, es decir, en su integración no contó con la aprobación de la fracción parlamentaria del PRI, en el entendido de que el gobierno intervino ilegalmente en este proceso, además partidizó, con el objeto de tener mayoría en ese órgano electoral al contar los partidos de la alianza, de los nueve consejeros que integran a la máxima autoridad del Estado, ocho corresponden a los partidos aliancistas, por lo que la principal oposición al gobierno está en franca minoría y será apabullado en las votaciones colectivas de ese órgano. No hay esperanza que al PRI le vaya bien en las futuras elecciones, pues estará ante una autoridad parcial y sumisa al gobierno, solamente la buena voluntad de los consejeros Alonso Criollo, Víctor Leonel Juan Martínez y Juan Pablo Morales García pueden darle matices de imparcialidad a las decisiones del Consejo General, pero el PRI estará siempre en franca minoría.
Con la clara obsesión de desprestigiar al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, con el objeto de coadyuvar con el gobierno federal en su campaña contra el PRI de cara a las elecciones del 2012. Para ello, el supuesto gobierno del cambio se ha valido de los recursos del poder para que mediante la utilización facciosa de la ley, en franca violación a los derechos humanos más elementales como son los que se refieren a la dignidad de las personas, así como la utilización de fondos públicos para pagar a los medios de comunicación social, tanto nacionales como locales, para exhibir a los ex funcionarios ulisistas como unos delincuentes de alta peligrosidad para la sociedad oaxaqueña, sin recato alguno y con serias incongruencias, entre la contralora, el procurador y el gobernador, han declarado posiciones extremas en relación con este asunto, parece ser que se le está mal informando al gobernador del Estado, pues mientras que él adopta una posición con apego a la ley, la contralora, por el contrario, adopta posiciones fuera de la misma. La posición de la contralora nos recuerda el régimen autoritario de don Porfirio Díaz, quien al someter a sus enemigos, sin previo juicio, estableció la famosa política “de mátalos en caliente”. Para justificar su acción que lesiona la dignidad de las personas inculpadas, la contralora aduce la regla de la transparencia de la acción gubernamental, sin discernir que en el primer caso se lesiona un derecho humano, en el segundo es una política de información.
La aprobación del Plan Estatal de Desarrollo por mayoría simple a cargo de los partidos aliancistas, es un hecho muy lamentable, pues ese documento debería de contar con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del Estado, pues en él se definen las tareas, las metas, los objetivos, las estrategias y políticas del rumbo que debe tomar Oaxaca para su progreso y desarrollo. Según algunos legisladores priistas, el gobierno y sus aliados no aceptaron cambio alguno de las acciones contenidas en dicho plan, por lo que en franca oposición decidieron no votar dicho documento. Se dice que dicho PED fue elaborado por personas que no conocen Oaxaca, así, en una somera revisión del documento nos dimos cuenta de su incongruencia, falta de consistencia y del manejo inadecuado de las estadísticas, además, es tan malo el documento que el gobierno ha cuidado mucho de su difusión. Qué diferencia con los planes estatales anteriores, como por ejemplo con el Plan Estatal de Desarrollo 1986-1992 que fue un documento ágil, sistemático, congruente y con un claro propósito: La lucha contra la desigualdad en un contexto de crisis económica del Estado mexicano.
Estos tres hechos describen, por tanto, un régimen que no tiene nada de democrático y que no se ve en el futuro un golpe de timón para cambiar el rumbo que está tomando este gobierno, los oaxaqueños votaron por el cambio, pero no por un cambio hacia el retroceso que sumergirá a Oaxaca más a las profundidades de la desigualdad.
Reafirmamos con ello, que estamos ante un régimen autoritario, patrimonialista y arbitrario, así como ante un gobierno desorganizado, incompetente, incongruente, falto de ética pública y sobre todo sin rumbo.