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Oaxaca, Oax., 17 de junio 2011(Quadratín).- No ha sido el golpe de timón esperado, pero tampoco es cosa menor que finalmente el gobierno de Gabino Cué haya tomado la decisión de aplicar la ley y, a través de la Procuraduría de Justicia, ordenar la detención de quien se desempeñara como titular de la COTRAN durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
Acusado de tráfico de miles de concesiones y permisos en el servicio público, Gonzalo Ruiz Cerón deberá ahora comparecer ante la justicia para probar su inocencia o ser declarado culpable.
Es probable que el exfuncionario ulisista represente solamente la punta del hilo de una extensa red de corrupción tejida en la COTRAN durante el pasado sexenio. Y mucho antes, como en su momento quedó evidenciado con la averiguación penal abierta en contra de la excoordinadora Aurora López Acevedo. Si entonces todo terminó en un arreglo político hoy no parece que sea el caso de Ruiz Cerón cuyo encarcelamiento y probable consignación penal podría contribuir a esclarecer quienes, además del propio exfuncionario, también se beneficiaron de la expedición de miles de concesiones del servicio del transporte público, fundamentalmente taxis.
Si como todo parece indicar los delitos que se le imputan están ya bien documentadas y no se corre el riesgo de un hankazo, el gobierno de Gabino Cué estaría en la tesitura de darle continuidad a una de sus principales promesas de campaña: hacer realidad el combate y castigo a los actos de corrupción.
Disminuída su credibilidad por su inacción en relación a todos los casos de desvío de recursos, peculado y tráfico de influencias exhibidos en los últimos seis meses en los medios de información, hoy el gobierno del cambio tiene la gran oportunidad de seguir la ruta iniciada sin ánimo electorero ni revanchista.
Lo debe hacer para bien propio y de una sociedad harta de tantos abusos de poder y ávida de justicia. Las denuncias sobre desfalcos al erario público ocurridos durante el sexenio anterior en el IEEPO, SSA, Secretaría de Finanzas, CAO, Secretaría de Obras Públicas y COPLADE deben aterrizar en acciones como las que ahora se han ejercido en la COTRAN.
Pruebas no les deben faltar como la propia contralora, Perla Woorlich, lo ha denunciado en algunos casos. Lo que ahora falta es determinación para pasar de la denuncia mediática a la denuncia penal.
Pero, cuidado, actuar con la ley en la mano significa que la justicia debe alcanzar no solamente a los que ayer se sintieron intocables sino también a los que ahora, en algunos círculos del poder, ya empiezan a mostrar el cobre y a enviar ominosas señales de pretender seguir el mismo camino.
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