Llamado ante las masacres del gobierno

A las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos
A todas las organizaciones sociales, políticas y revolucionarias
Al pueblo de México
Hermanas, hermanos, camaradas:
Oaxaca, Oax, 11 de junio del 2011.- Realizar la conmemoración luctuosa o recordar el 10 de junio de 1971 no es grato porque conlleva pena y dolor por los seres queridos asesinados por el Estado mexicano. Sin embargo, es una conmemoración obligada para el pueblo mexicano para al mismo tiempo alimentar la memoria, desvanecer el olvido y la sed de justicia que crece más y más.
La masacre del 10 de junio de 1971 perpetrada en contra de jóvenes estudiantes por un grupo paramilitar nos conduce a reconocer que a pesar del tiempo pasado -40 años-, las movilizaciones estudiantiles-populares y las exigencias de las mismas de justicia y condena a los autores materiales e intelectuales, la impunidad ha continuado y como consecuencia continúa la comisión de ejecuciones extrajudiciales de igual o mayor magnitud como la de Aguas Blancas y El Charco en Guerrero; la de El Bosque y Acteal en Chiapas por nombrar algunas de las más emblemáticas.
El precedente inmediato del 10 de junio fue el genocidio del dos de octubre de 1968 ordenado por Gustavo Díaz Ordaz siendo secretario de gobernación Luis Echeverría Álvarez quienes pertenecían a la CIA, quién dirigió el operativo, y hablar del 2 de octubre de 1968 es tener en cuenta al grupo de sobrevivientes que año con año renuevan el espíritu de lucha, la memoria y la exigencia de justicia permitiendo a las nuevas generaciones de jóvenes conocer la historia de lucha del pueblo mexicano de viva voz.
Luis Echeverría Álvarez continúa impune no sólo por la masacre cometida el 10 de junio de 1971, también por los crímenes cometidos en contra de los guerrilleros detenidos y asesinados durante su régimen y por el crimen imprescriptible de lesa humanidad de desaparición forzada que arrojó más de 400 víctimas entre hombre y mujeres entre las que se encuentran Jesús Piedra Ibarra, Rafael Ramírez Duarte, la familia Tecla Parra y los cientos más que no podríamos nombrar por temor a cometer una omisión.
Arturo Acosta Chaparro, enjuiciado y condenado militarmente por el delito de narcotráfico continúa también impune y actualmente como flamante asesor -en la comisión de crímenes sin castigo- de Felipe Calderón Hinojosa.
Estos son dos delincuentes de los más representativos de su especie que sobreviven, ya que la mayoría murió sin que se hubiera hecho justicia a sus víctimas y a los familiares de las mismas. La necesidad de mencionarlos es para recordar que Luis Echeverría Álvarez , agente de la CIA como siempre señalamos ¬-hoy corroborado- y Arturo Acosta Chaparro son quienes deben señalar con exactitud los lugares en los cuales arrojaron a sus víctimas, porque se ha constituido en doble burla de la PGR que Luis Echeverría Álvarez fuese exonerado y Arturo Acosta Chaparro ni siquiera haya sido juzgado por los delitos de lesa humanidad cometidos durante las décadas que gobernó el PRI y en la actualidad durante los dos sexenios del PAN y burla es también el hecho que se esté escavando en el interior de donde estuvo instalado el cuartel de la zona militar en Guerrero a sabiendas de que no se obtendrán resultados positivos.
Esta situación nos conduce al mismo tiempo a hacer una aseveración más; los crímenes de Estado cometidos durante los gobiernos priistas jamás fueron sancionados en su momento, no han sido juzgados los autores materiales ni intelectuales con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa quien propositiva y perversamente no ha ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación algunas de las reformas aprobadas por el poder legislativo (las que no son convenientes a los intereses del Estado), ni serán juzgados los criminales de ayer y hoy si gana el PRI en las elecciones presidenciales del 2012 porque sería reconocer y aceptar que cometieron Crímenes de Estado y que son los responsables directos de la hambruna, desnutrición y miseria que sufre nuestro pueblo, de la acumulación de la riqueza en una oligarquía cada vez más ambiciosa y cínica y de la instrumentación y profundización de las políticas neoliberales y la pérdida paulatina de la soberanía del pueblo mexicano, así como de la impunidad imperante.
Lo que hizo el PRI durante más de 70 años de gobierno a excepción de Lázaro Cárdenas, lo ha logrado el PAN en sólo dos sexenios.
Hoy también denunciamos que Felipe Calderón Hinojosa está cometiendo una injusticia más ya que fueron detenidos por sus “elementos federales”, Eduardo Torres Montes y su esposa Alicia Zamora Luna acusados de ser presuntos autores intelectuales e instigadores de golpear y prender fuego a tres agentes de la policía federal de los cuales uno sobrevivió y es quien sabe perfectamente que su comportamiento fue de intimidación y extorción hacia los colonos y complicidad con narcomenudistas locales, mientras realizaban su “trabajo” de espionaje. Tanto es así, que los consideraron robachicos, razón por la cual se extendió la voz de alarma entre los vecinos del lugar quienes actuaron en defensa de lo más preciado para una madre o un padre de familia, sus hijos.
La venganza no se hizo esperar e inmediatamente la policía federal realizó, en la madrugada como acostumbra, en la Colonia Peña Alta del pueblo de San Juan Ixtayopan, Delegación de Tláhuac, el ensayo represivo con allanamiento de moradas, vejaciones a las mujeres, detenciones indiscriminadas de personas inocentes sembrando el miedo y el terror.
Los resultados de esa embestida fueron concretadas en nuevas injusticias ya que los detenidos siempre fueron inocentes, por lo que unos primero y otros posteriormente fueron exonerados y puestos en libertad después de purgar más de cuatro años de injusta prisión, quedando absoluta y jurídicamente demostrada su inocencia. Hoy que fueron detenidos Eduardo Torres Montes y su esposa Alicia Zamora Luna también han sido acusados de ser “cobertura” del EPR por lo que fueron consignados de inmediato. Al respecto, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), aclara que estas personas jamás han sido militantes, colaboradores o simpatizantes, ni “cobertura” de nuestro partido, que han sido personas trabajadoras y responsables que tuvieron el infortunio de vivir en esa colonia.
Por esta razón una vez más recurrimos a las Organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos para que tomen en sus manos la defensa de Eduardo Torres Montes y de su esposa la señora Alicia Zamora Luna, no permitan que las instituciones federales cometan otra injusticia más.
Consideramos que el “ensayo” realizado y transmitido por el monopolio televisivo en San Juan Ixtayopan fue el precedente para la represión contra el pueblo de San Salvador Atenco y la muerte de los jóvenes Javier Hernández en mayo y Ollín Alexis Benhumea Hernández un 7 de junio del año 2006, como consecuencia del disparo directo a la parte posterior de la cabeza de una granada lacrimógena que realizó un agente de la policía federal.
También fue el precedente para la represión a la lucha popular magisterial en Oaxaca.
Las masacres, las represiones, las injusticias de todo tipo, la explotación, el despojo y la hambruna son sólo algunas de las condiciones que han originado que la organización del pueblo mexicano se consolide y superemos poco a poco los errores, las deficiencias, el sectarismo, la calumnia y el chismorreo al lograr desarrollar todas las formas de lucha económica, política e ideológica para transformar y construir un México justo.
Un saludo fraternal a la Caravana con quienes marcha también el corazón dolorido de nuestros compañeros que han sufrido la represión en todas sus formas y nuestra solidaridad fraterna.