Mineras extranjeras dañan medio ambiente al explotar minas de oro y plata en Oaxaca

Oaxaca, Oax, 06 de junio del 2011 (Quadratín).- El Colectivo de Organizaciones Ambientales de Oaxaca (COAO), denuncia que los Gobiernos de los tres niveles están operando a favor de las empresas mineras extranjeras que buscan despojar al estado de Oaxaca de su riqueza, contaminando los recursos naturales. Los ambientalistas exigen a las autoridades que realicen los controles y sanciones, y que informen acerca de los proyectos y emprendimientos que atenten contra la vida en la entidad.
Oaxaca es uno de los estados con mayor riqueza natural y biodiversidad del país, y una potencia en cuanto a yacimientos minerales. Nazario García, integrante del Colectivo de Organizaciones Ambientales de Oaxaca, sostiene que los capitales conocen que en 10 años se agotarán los yacimientos de petróleo en el país, y por eso están poniendo sus ojos en la minería en gran parte del territorio oaxaqueño, en donde se descubrieron inmensos yacimientos de oro y plata. El activista denuncia que las autoridades favorecen la explotación de los recursos naturales por parte de empresas extranjeras, en detrimento de las propiedades comunales y del medio ambiente. “La estrategia es que el Gobierno intente primero despojar a los dueños de sus tierras, a través de programas como PROCEDE, para que las tierras se conviertan en propiedad privada y sea más fácil para las compañías mineras comprarlas para su explotación. Es más sencillo llegar a un acuerdo con un particular que tener que convencer a toda una asamblea”.
Según el COAO, en el año 2008, empresarios, inversionistas y autoridades estatales decidieron invertir casi 8 mil millones de dólares en la minería solo en el Estado de Oaxaca. El Gobierno Federal vendió concesiones mineras para el 12.5% del territorio del estado, sumando un total de casi 2 millones de hectáreas. “A través de la Semarnat, se han otorgado aquí en Oaxaca 63 licencias para explotar el suelo; lo único que les falta a las empresas es que las comunidades acepten”, explica García.
Los ambientalistas aseguran que las políticas en materia ambiental no funcionan debido a los altos niveles de corrupción. “No hay estudios serios de impacto ambiental porque todo se hace a través del soborno. La competencia de los suelos es del Gobierno Federal, pero el Gobierno del Estado también tiene responsabilidad. Organismos como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), deberían intervenir y sancionar. Aquí en Oaxaca existe una Secretaría de Minas y una Dirección de Ecología, pero todos se echan la pelotita a la hora de intervenir”, denuncia García.
Los proyectos mineros en funcionamiento en el estado son Ixtepeji, Natividad, Talea, Cajonos, Solaga, y Tabaa, con yacimientos de oro. San José del Progreso, Zaniza, Lachiguiri y Cuatro Venados, con yacimientos de oro y plata. Las empresas que han sido favorecidas a través de concesiones, son Continuun Resources, Arco Gold, Fortuna Silver, y Altos Hornos, de capitales canadienses, estadounidenses y europeos. “Ellos saben el gran daño que causan al medio ambiente pero no les importa ya que lo único que pretenden es amasar grandes fortunas a costas de los oaxaqueños”, sostienen los activistas.
La minería moderna es un desastre para los seres humanos y para todo el medio ambiente. Los contaminantes producidos por la explotación de una mina escapan al aire y al agua; se acumulan en lagos, ríos y mares, llegando a la cadena alimentaria. Algunas de esas sustancias son altamente toxicas y provocan la muerte incluso en dosis pequeñas. El cianuro, utilizado para desprender el oro de la roca, es uno de los venenos más peligrosos y actúa de forma rápida. Una cantidad pequeña es suficiente para matar a una persona ya sea por contacto con la piel, por inhalación o por ingesta.
Muchos compuestos derivados de la explotación minera causan cáncer porque se acumulan en el organismo a través de la ingesta de carnes de animales expuestos a la contaminación.
En Capulalpam de Méndez, la actividad de la mina Nativitas, que se encuentra actualmente clausurada por contaminación, hizo desaparecer 13 manantiales y contaminó las fuentes de agua del lugar. Estudios independientes hechos por la comunidad de Capulalpam en la primera semana de abril del 2011 demuestran que el agua del Rio Capulalpam adónde iban a parar los deshechos de la mina, tiene niveles alarmantes de arsénico y plomo que son nocivos para la salud. La comunidad de Capulalpam de Méndez se pronunció en contra de la minería contaminante y declaró Zona Histórica Comunal de Recarga de Mantos Acuíferos a una vasta porción de tierras comunales en donde se encuentran las fuentes de agua.
El pasado 20 y 21 de mayo, los integrantes de la COAO asistieron al III Foro Nacional “Tejiendo la Resistencia en Defensa de Nuestros Territorios”, que se realizó en Calpulalpam de Méndez, en la Sierra Juárez. En el Foro participaron organizaciones sociales, indígenas, ecologistas y de derechos humanos, además de comunidades y autoridades agrarias y municipales. En su declaratoria, el Foro concluyó que para favorecer el actual modelo de desarrollo que apunta al individualismo, la acumulación de riquezas en pocas manos y la depredación del medio ambiente, los gobiernos Federal y Estatal han implementado políticas que privilegian intereses económicos de grandes capitales, en detrimento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Estas políticas privilegian la ruptura de los vínculos sociales y la explotación irracional de la naturaleza. En tanto, las comunidades carecen de recursos legales para defender la tierra, el agua, los bosques y la biodiversidad. En su documento final, el Foro exige el respeto pleno a los derechos colectivos sobre la propiedad de las tierras y recursos naturales. Argumentan que de acuerdo a los Tratados Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, los Gobiernos deben respetar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, sobre los proyectos de desarrollo que amenazan a las comunidades. Asimismo, realizaron un llamado a todos los pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas a fortalecer organizaciones como la asamblea, el tequio, el territorio colectivo y los valores de la comunidad como forma de vida alternativa a las políticas de depredación ambiental.