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Oaxaca, Oax., 25 de mayo 2011 (Quadratín).- La directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez, consideró que el olvido social y legal que padecen las mujeres es más evidente en el caso de quienes están presas, porque resulta lacerante y vergonzoso que a pesar de ser minoría en los reclusorios, las indígenas sean re victimizadas una y otra vez.
En el marco de su participación en las Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas, que se realiza este miércoles y jueves en la ciudad de Oaxaca, anunció que este año el Instituto a su cargo emprenderá la tarea de analizar cada uno de los casos de mujeres indígenas privadas de su libertad, a fin de conseguir la pronta libertad cuando así proceda.
Detalló que de las 202 mujeres encarceladas en los 14 reclusorios de la entidad, 27 son mujeres indígenas, lo que equivale al 13 por ciento de la población femenil recluida, principalmente por delitos como el de homicidio calificado y contra la salud.
La funcionaria moderó el panel La Perspectiva de género en el acceso a la justicia de mujeres indígenas, el cual congregó en la mesa a panelistas como Elena de la Luz Ruiz, representante de la comunidad afromexicana; la investigadora Concepción Nuñez; la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso Local, Ivonne Gallegos; y el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete.
Anabel López dijo que la condición indígena determina, en la mayoría de los casos, la desigualdad en el acceso a la justicia de las mujeres, situación que se agrava con su condición de pobreza.
De las 27 mujeres presas indígenas sólo a 14 se les ha fijado un monto por reparación de daños, en su mayoría a multas que van de 17 mil a 99 mil 800 pesos; al 40% se les fijó montos a pagar que van de los 100 mil a los 230 mil pesos por reparación de daños.
Explicó que hablar del acceso a la justicia para las mujeres indígenas implica el acceso a la educación, la salud, vivir una vida sin violencia y todo lo que tenga que ver con el ejercicio de sus los derechos civiles y políticos, contemplando también los otros derechos como los económicos, sociales, culturales y ambientales.
El acceso a la justicia se refiere al ejercicio pleno de una amplia gama de derechos que tienen las mujeres reconocidos en leyes locales, naciones e intrumentos internaciones, expresó Anabel López Sánchez.
Implica también un debido proceso cuando una persona está privada de su libertad en el cual se debe asegurar que todas las personas que no hablan español tengan la debida asistencia de traductores en su propia lengua natal, lo que les permita la total comprensión de los hechos que se les imputa.
Por eso, destacó que en esta jornada se aborden temas como el sistema de justicia tradicional de los pueblos indígenas y el acceso a la justicia de las mujeres; la justicia electoral garante de los derechos políticos de las mujeres indígenas, así como las buenas prácticas institucionales en materia de justicia con enfoque de género y atención particular a mujeres indígenas.