Isidoro Yescas / Choapam: se buscan culpables

Oaxaca, Oax., 18 de mayo 2011 (Quadratín).- La gobernabilidad de Oaxaca se sigue sosteniendo con alfileres y a cada rato asoman amagos, chantajes y presiones políticas de diversa índole o, de plano, como acaba de ocurrir en Santiago Choapam, asesinatos colectivos que, más allá de sus causas inmediatas y protagonistas, lo que se busca por parte de sus autores intelectuales es evidenciar que un gobierno distinto al PRI no es garantía de paz y tranquilidad para los oaxaqueños.
Por supuesto que en este y otros hechos de provocación y violencia ocurridos desde el inicio del gobierno de Gabino Cué no han sido ajeno el ulisismo y sus aliados y personeros que aún mantienen importantes parcelas de poder en el aparato gubernamental, pero tampoco es el único factor que ha interferido en la gobernabilidad de la entidad y en un ejercicio eficaz de la función pública.
Otros actores como los partidos políticos que hoy cohabitan en el gobierno del estado, diputados, organizaciones sociales, grupos de poder políticos y económicos y los sindicatos, también han sido corresponsables de muchas omisiones y, las más de las veces, decisiones y acuerdos que se han producido ya desde el poder ejecutivo, ya desde el poder legislativo, sin los resultados esperados por sus promotores en términos políticos, sociales y mediáticos.
En el caso de Choapam, un municipio que se rige por el sistema de usos y costumbres para elegir a sus autoridades municipales, es evidente que el papel protagónico asumido por el PRI y el PT, en este último caso vía la organización Comuna de Oaxaca que dirige el diputado Flavio Sosa, polarizó e hizo más difícil un arreglo entre la cabecera y sus agencias, y entre las mismas agencias, divididas como estaban por la contienda electoral de diciembre del 2010 conducida por un órgano electoral distinto al que ahora preside Alberto Alonso Criollo.
Dámaso Nicolás Martínez, exdiputado del PRI y viejo cacique mixe (retrato fiel del célebre Don Perpetuo del Rosal que hizo famoso Rius) ha pretendido evadir la responsabilidad política que su partido y, por supuesto, de él mismo como asesor de algunas agencias, tienen en el conflicto echándole la culpa del fatal desenlace al diputado Flavio Sosa; lo mismo ha hecho la Secretaria General de Gobierno, Irma Piñeiro, al señalar que ella cumplió su parte no así el Instituto Estatal Electoral. Y en esta andanada de deslindes y de buscar culpables el PRD, por voz de su representante ante el órgano electoral, Antonio Álvarez, también ha hecho causa común con la funcionaria gubernamental y el PRI al acusar temerariamente al presidente y consejeros del IEE del funesto suceso.
El gobernador Gabino Cué ha ofrecido que el alevoso crimen colectivo no quedará impune. Y no debe quedar impune ni éste ni otros hechos de violencia ocurridos en lo que va de su sexenio, como la agresión policiaca a pobladores de Textitlán, ni tampoco los que se cometieron durante el
ulisiato.
Por ahora la dura lección que arroja la decena trágica de Choapam es la urgencia de revisar a fondo el papel que han jugado y siguen jugando en los municipios de usos y costumbres los partidos políticos, porque cada vez es más abierta y facciosa su injerencia. Y eso no solamente trastoca la legalidad electoral sino hace más vulnerable la endeble gobernabilidad que aún se vive en los municipios que todavía no terminan de dirimir sus disputas electorales de diciembre del 2010.
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