René Ricárdez Limón / Legislar en materia de dietas para evitar abusos

René Ricárdez Limón / Colaboración
Oaxaca, Oax. 24 de abril de 2011 (Quadratín).- Los sueldos y salarios de las autoridades municipales así como los de los funcionarios municipales, estatales y federales son una gran carga para el erario público, por ello vale la pena reflexionar sobre el asunto.
De entrada debemos descartar el concepto de servidores públicos como aquellos que hacen esa actividad para servir a sus comunidades en forma desinteresada, hablamos de un trabajo asumido como cualquier otro en el que no hay ningún desprendimiento ni mística de servicio si no empleo, simple y llanamente entendido como tal.
La excepción la constituyen ya pocos municipios de nuestro estado en donde prevalecen los usos y costumbres y los cargos y comisiones se asumen como un servicio a la comunidad sin remuneración monetaria ni de ninguna especie.
Como algunos gobernantes y funcionarios se dicen admiradores de Don Benito Juárez, vale la pena recordarles que él decía: “los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulso de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala”.
Aclarado lo anterior, en cualquier empresa al plantearse la necesidad de contratar a alguien para desempeñar un empleo se consideran una serie de factores para fijar los salarios y percepciones adicionales del empleado, existe toda una metodología al respecto que se denomina análisis de puestos, sueldos y salarios, la que al fijar los sueldos toma en consideración las funciones a desempeñar, el perfil requerido para ello, y costo que en el mercado de trabajo tienen dichos servicios a contratar.
Sí esos entes llamados país, municipios o estados y legislaturas fueran personas físicas o morales con actividad empresarial, establecerían claramente el perfil del empleado que necesitan: preparación escolar, experiencia en el puesto a ocupar, habilidades y destrezas, entre otros aspectos, para desempeñar actividades perfectamente definidas para las que se le requiere y en función de ello se procedería a fijar las contraprestaciones, es decir, el sueldo o salarios y las percepciones adicionales y prestaciones a otorgar al empleado.
Pero que es lo que realmente pasa en nuestro amado sistema de partidos políticos, las autoridades llegan a los cargos porque tienen los medios para hacer campaña y porque han asumido compromisos con grupos de interés de todo tipo, más allá de si ellos mismos son capaces o no para desempeñar los cargos.
De igual manera, en muchos de los casos, los funcionarios, empleados de confianza de los gobernantes, la mayoría de las veces son contratados por amiguismo o reparto de cuotas entre los partidos, sin detenerse a ver si son capaces de desempeñar las funciones que se requieren en el puesto para el que se les contrata.
No estoy en contra de que las autoridades o los funcionarios perciban una remuneración por la tarea que desempeñan, estoy en contra de que las dietas, sueldos y salarios sean fijados de manera tan irracional, en la mayoría de los casos por ellos mismos, sin tomar en cuenta criterios generalmente aceptados en el mercado de trabajo.
En el caso particular del estado de Oaxaca me atrevo a afirmar que muchas de las autoridades y funcionarios, basándonos en su perfil y antecedentes laborales, ni han ganado ni ganarían esas cantidades en otras actividades, siendo sinceros una buena parte de ellos ni siquiera serían capaces de conseguir un empleo permanente medianamente pagado en virtud de su propio perfil, de ahí que las arcas públicas sean una excelente opción y no se vale que esto ocurra en un estado tan pobre y con tantas carencias como Oaxaca.
Sé que estas son palabras al viento pero como dice un lector, hay que señalarlo si no de alguna manera somos cómplices de este estado de cosas.
Señores legisladores, urge legislar en esta materia, que haya racionalidad al fijar las dietas de los legisladores y en la de los concejales de los Ayuntamientos así como en los salarios de los funcionarios, que su monto corresponda al mercado de trabajo y que no constituyan una ofensa para la población que paga impuestos y cuyos empleos les otorgan remuneraciones acordes a las funciones que desarrollan y sus propios perfiles laborales.
No puede ser que continúe la discrecionalidad, que libremente se erijan en juez y parte y se auto asignen dietas, tanto legisladores como autoridades municipales, sin que haya ningún parámetro o regla que los haga compatibles con los salarios que prevalecen en el mercado de trabajo.
Bueno, pedir nada cuesta. Los ciudadanos debemos de opinar para que esta democracia incipiente que estamos viviendo se desarrolle y se consolide.

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