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Oaxaca, Oax. 17 de abril de 2011 (Quadratín).- El Procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, participó en la primera sesión ordinaria 2011, de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia, Zona Sureste, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, donde se analizaron estrategias y acciones para fortalecer los ejes rectores en materia de procuración de justicia.
En esta reunión colaboraron los titulares de las procuradurías de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, además de Oaxaca, y la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, en su carácter de Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Durante esta comisión de trabajo se abordaron temas tales como: la coordinación entre las Procuradurías para la discusión y análisis de los delitos de trata de personas, lavado de dinero, narcomenudeo, entre otros y su impacto, tanto en el ámbito federal como en el local.
Asimismo se analizaron los modelos de transición al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, con la finalidad de homologar diversos aspectos del sistema en las entidades federativas, para reforzarlos en las que ya entró en vigor el sistema, así como para ir capacitando a las entidades federativas que todavía no lo han implementado.
De igual forma se discutieron los criterios a seguir en la investigación de los delitos electorales que pudieran originarse con motivo de las próximas elecciones estatales 2011 y las federales de 2012.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, propuso los mecanismos de acercamiento y coordinación con las entidades federativas, con el objeto de intercambiar información, capacitar a los agentes del Ministerio Público y lograr la colaboración interinstitucional, en materia de delitos electorales.
Finalmente, durante los trabajos de esta reunión se refrendó el compromiso de consolidar las instituciones de procuración de justicia del estado mexicano, para contribuir a garantizar la seguridad ciudadana, combatir de manera efectiva el crimen en todas sus expresiones, y garantizar la vigencia plena del estado de Derecho.