Isidoro Yescas / Sociedad y Política. De la unanimidad a la ruptura

Oaxaca, Oax. 15 de abril de 2011 (Quadratín).- Son contados los casos y procesos a nivel nacional en donde se ha procurado guardar los necesarios equilibrios entre los intereses ciudadanos y partidistas en la integración de los consejos electorales, tanto a nivel federal como en cada entidad del país. En general, y luego de agotada la primera etapa en la vida de los órganos electorales autónomos, que se puede ubicar en la última década de los noventas, lo que ha prevalecido son los intereses partidistas y de los gobernantes en turno.
José Luis Echeverría Morales llegó a la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y fue reelecto en el cargo por su militancia priísta y cercanía con políticos tan influyentes como el ex senador y exgobernador Ulises Ruiz y Jorge Franco Vargas, a quién, por cierto, Echeverría le dio la espalda casi en el mismo instante que se consumaba la ruptura entre ambos personajes en el contexto de la sucesión gubernamental. Su padrino y antecesor en el cargo, Cipriano Flores Cruz, también siguió una ruta similar, pero desde la Secretaría de Gobernación y el visto bueno del exgobernador, Diódoro Carrasco Altamirano.
En el reciente relevo del Consejo General del IEE se esperaba un cambio de fondo en las reglas escritas y no escritas, pero no fue así. De nueva cuenta prevalecieron los intereses de los partidos políticos y sus fracciones parlamentarias. En ese contexto la inesperada ruptura entre el PRI y los
partidos aliados al gobierno en turno en mucho obedeció a una mala operación política de estos últimos , a la ausencia de una sola línea de mando y liderazgo en la bancada priísta y a pactos incumplidos entre algunos actores, pero también a la vigencia de un marco legal anacrónico y antidemocrático -hechura del viejo régimen-, incluyendo las enmiendas al CIPPEO, de claro corte gatopardiano, promovidas de última hora por la fracción parlamentaria del PAN.
Tanto para los diputados del PRI como para los del PAN, PRD, PC y PT resultó más cómodo disputarse el control del órgano electoral con reglas que no pusieran en riesgo su hegemonía y negociaciones en lo oscurito que abrirse a la sociedad mediante modificaciones sustanciales al CIPPEO y una convocatoria que garantizara el respeto a la legalidad, imparcialidad y representatividad ciudadana. El mejor de los escenarios, la reforma constitucional, llegó tarde y solo para adicionarle facultades al IEE y cambiarle de denominación.
Los partidos prefirieron, entonces, que el balón estuviera solamente en su cancha, con aliados cómodos e incómodos dentro y fuera del gobierno, y tolerando violaciones a las propias normas del CIPPEO como el hecho de no excluir de su lista de candidatos a consejeros que no cumplían con los
requisitos de ley, o interpretando a modo las disposiciones constitucionales y reglamentarias en la materia.
En este sentido el caso que más llamó la atención fue el de Otoniel Peña Montor, Director General del IEE y candidato del PRI para presidir el órgano electoral. Ninguno de los legisladores se tomó la molestia de indagar el expediente de este funcionario quien en el año del 2009 había sido denunciado ante la Contraloría del gobierno del estado y la Procuraduría de Justicia por tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones por el entonces diputado local del PRD, Wilfredo Vásquez López. La denuncia penal está registrada en la averiguación previa 112/2009, número de control 61/2009, mesa uno, y en la misma también se imputan cargos en contra del ahora expresidente del IEE, José Luis Echeverría Morales.
Todavía agarrados de la mano por la inercia de los acuerdos y concertacesiones derivados de la aprobación de las reformas constitucionales, los líderes de las fracciones parlamentarias no advirtieron que bajo las reglas que ellos habían promovido para renovar el Consejo General del IEE se corría el riesgo de que cualquier error de cálculo o desacuerdo de última hora podría provocar un efecto contrario al buscado. Y eso fue precisamente lo que ocurrió.
Ya sin ninguna posibilidad de contar con los votos necesarios para colocar en la presidencia a Otoniel Peña, los diputados priístas se dividieron entre los que se inclinaron por darle su voto al candidato del PC- PAN-PRD, Alberto Alonso Criollo, y los que le apostaron a jugar con un tercero en discordia, salida en la que también estuvieron de acuerdo algunos diputados del bloque gobernante, quienes inclusive buscaron aplazar por algunos días más la elección de los consejeros en un intento por consensar la elección del consejero presidente y evitar la ruptura con el PRI.
Al fracasar esta salida, lo que sobrevino es ya historia conocida: la bancada del PRI retiró sus dos propuestas de consejeros electorales y ya solitos los legisladores coalicionistas aplicaron su mayoría simple para elegir a los integrantes del Consejo General: dos orgánicos del PAN, dos orgánicos del
PRD y dos candidatos sin filiación partidista: uno registrado por el PT y otro por el PC. Inconformes por lo que juzgan como un acto ilegal, ahora los diputados priístas, apoyados por sus homólogos del Congreso federal, el senador Adolfo Toledo Infanzón y la dirigencia estatal del PRI han anunciado que recurrirán a los tribunales competentes para intentar que se reponga el procedimiento de la elección del Consejo General del IEE. Sin duda que harán uso de esta vía como también de la presión política, vía Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. No es para menos: está en juego el manejo y control de las elecciones intermedias del 2013, pero también de esa cadena de favores y lealtades partidistas estructuradas a nivel distrital y municipal y en donde por décadas el órgano electoral jugó un importante papel para “arreglar” el triunfo de los candidatos priístas en la disputa por ayuntamientos, diputaciones y gubernaturas.
Hoy, una mala operación política de los legisladores aliados al gobierno y la división de la bancada priísta, abrió paso a una elección cuestionada del Consejo General del IEE. De dicho episodio, por supuesto, no son responsables los nuevos consejeros, pero sí de sus futuras decisiones u omisiones. Por la propia polémica que generó su elección, el consejero presidente Alberto Alonso y los otros seis consejeros electorales están públicamente obligados a demostrar su independencia política, Conocimiento de la materia electoral, y voluntad para hacer valer sus facultades, y las del propio órgano electoral. Y la primera prueba de fuego la tendrán en los próximos días con la integración de la Junta General Ejecutiva en donde los partidos políticos aliados al gobierno habrían acordado ya
repartirse las direcciones y todo el aparato administrativo del IEE.