Bárbara García Chávez / A Reserva. Seguridad pública, garantía ciudadana

**“Es el iempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir”.
“Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Revés”. El miedo global. Eduardo Galeano.**

Oaxaca, Oax. 7 de marzo 2011 (Quadratín).- La capacidad de asombro y de indignación alcanzan su máxima expresión humana en el miedo, frente a la terrible implicación de violencia que se vive en nuestro país, ver oír y percibir la ansiedad y el terror que nos mantienen en zozobra y en la desconfianza.
No sentimos seguridad en nuestra casa, en la calle, en la escuela; la diversión implica riesgos, el trabajo es inseguro, la policía más que darnos seguridad nos asusta, incluso más que una pandilla de obvios maleantes; si vemos en la calle militares estamos seguramente cerca a un enfrentamiento donde en cualquier momento habrá balazos. Si vemos la televisión o leemos los diarios, la nota roja predomina, cada vez con más cruda violencia.
¿Qué está fallando? ¿En qué momento se perdió la seguridad que el Estado debe garantizarnos? ¿Por qué percibimos que el gobierno es parte de esta situación de inseguridad?
Priva la incerteza, la ilegalidad, la impunidad, por supuesto la corrupción y esa sensación de que cada quien puede hacer lo que se le dé la gana…en fin, si los políticos del gobierno y la policía lo hace, nosotros ¿por qué no?
El concepto de “seguridad” hace referencia a aquello que tiene la cualidad de seguro o que está exento de peligro, daño o riesgo.
La seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad física de las personas y sus bienes; implica poder convivir en armonía, cada quien respetando los derechos individuales de las demás personas.
El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable conservar el orden social.
Para lograrlo en el Estado existen las fuerzas de seguridad, que deben – en principio- prevenir la comisión de delitos y, en su caso, poner a disposición a quienes atentan contra el orden jurídico para que se les apliquen los castigos que estipula la ley, después de un debido juicio, que pueden ir desde una multa económica hasta la pena de privación de la libertad, según la gravedad del delito. La seguridad implica que las penalidades, nunca en ningún caso, involucran tortura o fuerza extrema que viole los derechos de quien es detenido. Lo contrario implicaría inseguridad e incerteza jurídica; violentaría los principios del Estado de Derecho. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como comisión proteger el libre ejercicio de los derechos, libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
La seguridad pública depende de la eficacia de la policía, del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas federales, estatales y municipales y es correlativa, sin duda alguna, con las condiciones sociales que vive el país. El debate respecto a la incidencia de la pobreza en la inseguridad siempre es polémico, aunque la mayoría de los especialistas establece una relación entre la tasa de pobreza y la cantidad de delitos.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas. El impacto del fenómeno sobre la calidad de vida de la ciudadanía obliga a los gobiernos nacionales y locales, pero también a los sectores organizados de la sociedad, a diseñar esquemas alternativos a los existentes para disminuir los niveles de inseguridad sin sacrificar el respeto por los Derechos Humanos y las Garantías Ciudadanas.
La intervención de la fuerza del Estado se justifica y limita desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo 12… “La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, necesita de una fuerza pública; esta fuerza es, pues, instituida en beneficio de todo el mundo, y no para la utilidad particular de aquellos a quienes ha estado confiada”.
La inseguridad, pues, afecta la esencia misma de la dignidad humana y a la vida en sociedad de suerte que, sin seguridad, no hay ejercicio posible e igualitario de los derechos de las personas. También es un problema complejo, que no se puede abordar simplemente, con el recurso tosco de penas más duras y más policías en la calle.
La falta extrema de seguridad a menudo nos hace caer en errores de perspectiva por el anhelo de alcanzar certeza en las acciones del Estado y justificamos y a hasta exigimos, equivocadamente, la brutalidad policial en el marco de una política que tiene como eje la estigmatización de la miseria.
El problema radica, por otro lado, en que la ciudadanía razonando con los elementos a su alcance, ante la sensación de inseguridad, considera como acciones únicas, primero más presos y más penas, y segundo más policías.
Aunque resulten ineficaces.
Los gobiernos a menudo caen en la tentación de fuerza y control populista, simplificando las acciones y políticas, dando la sensación de seguridad térmica, que cada vez más convence a la ciudadanía de que no hay una relación directa entre el número de policías y el nivel de seguridad. Es más, casi siempre la presencia visible de más policía aumenta la sensación de inseguridad.
Parecería que se ha criticado y cuestionado la falta de oficio de los gobiernos de México en lo que se refiere a garantizar la seguridad ciudadana, que es sin duda uno de los pendientes más sentidos y generalizados en nuestro país, en todas las entidades estatales y municipales, que por demás está claro, es un problema en ascenso y refiere la falta de oficio, la ineficiencia y los intereses cómplices con el capital criminal, cuando menos la inacción integral que se pretende disfrazar con armas y violencia, desatendiendo los orígenes y causas sociales y económicas.
Para concluir cito las afirmaciones y definición de la declaración final en el Seminario de reflexión científica sobre el Delito y la Seguridad de los habitantes, realizada en Costa Rica en octubre de 1995: “Un concepto verdaderamente amplio y comprensivo de seguridad de los habitantes tiene que comprender no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino, también, la de vivir en un Estado constitucional de Derecho y la de participar de los beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, ocio y todos los ámbitos de bienestar social. El concepto del desarrollo humano sostenible que tiene la equidad como principio.
“La seguridad colectiva e individual son fundamentales para la vida humana. La criminalidad amenaza la calidad de vida de los habitantes, traumatiza a las víctimas y pone en peligro la voluntad cívica.
“La seguridad es un bien común esencial para el desarrollo sostenible. Es a la vez signo y condición de inclusión social, del acceso justo a otros bienes comunes como son la educación, la justicia, la salud y la calidad del medio ambiente. “
“Las políticas tendrán que comprender una amplia prevención primaria, con acciones en todos los ámbitos del bienestar social, y procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de la población y promuevan la integración, y la no exclusión, de los sectores pobres y marginales, al considerar que a la problemática social la acompañan los fenómenos de la corrupción, el paro, la subocupación, la violencia, así como la pérdida y sustitución de valores.” Del Consejo de Europa, en mayo de 2001, sobre inseguridad retomo las siguientes recomendaciones:
“Tomar las medidas para erradicar las actividades criminales dentro de ciertos barrios de la ciudad y evitar la formación de grupos desfavorecidos, en particular evitar que tengan el sentimiento de que no tienen nada que perder.”
“Proveer de instrumentos legales para luchar contra la violencia familiar, contra la cultura de la violencia, contra la discriminación por motivos de raza, religión, origen social y sexo, y hacer apología de la noción de ciudadanía.”