Asociaciones civiles piden al presidente del TSJ trabajar en concordancia

Oaxaca, Oax. 14 de enero de 2011 (Quadratín).- En días pasados, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Estado, se reunió con algunos representantes de importantes asociaciones civiles en México como el Centro Profesional de Asesoría, Defensa y Traducción A.C., “Fundar”-Centro de Análisis e Investigación y la Fundación Konrad Adenauer, para entablar un amplio diálogo en materia de derecho indígena.
En este escenario, Lagunas Rivera precisó que Oaxaca es un Estado con una gran población indígena, gente que se caracteriza por su nobleza y sencillez, por ello, es común que sean víctimas de abuso, despojo y de la constante violación a sus garantías individuales; en ese sentido, el Magistrado aseveró que es necesario implementar mecanismos para garantizar el debido proceso legal de este sector, sumando esfuerzos, pues esta tarea no es sólo responsabilidad de las instituciones sino de la sociedad civil organizada.
Por su parte Daniela Ramírez Camacho, investigadora de “Fundar”-Centro de Análisis e Investigación, expuso que existe un marcado distanciamiento entre las instituciones y los ciudadanos, es por ello que este Organismo trabaja en el estudio de políticas públicas, es una institución plural, independiente, sin afiliación partidista y horizontal que busca avanzar hacia la democracia sustantiva. “Nosotros no pedimos recursos financieros, pedimos mecanismos para que las personas que hablen lenguas indígenas puedan tener acceso a la justicia que les corresponde”, agregó.
Asimismo, Tomás López Sarabia, Presidente del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C., organización que agrupa a más de 80 estudiantes, la mayoría en la licenciatura en derecho, afirmó que el diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, realizado en Oaxaca en el año 2007, revelaba que de un 91% de indígenas encuestados que hablaban idioma indígena, sólo alrededor del 16 % de este grupo declaró haber contado con un traductor o intérprete en algún momento del proceso, por tanto dijo, que es imperativo establecer mecanismos para trabajar de la mano con las instituciones, pues sólo el trabajo articulado permitirá a las comunidades el acceso a un juicio justo.
Después de haber entablado un diálogo abierto con los representantes de estas organizaciones no gubernamentales, el Magistrado Presidente mencionó, que se debe partir de un diagnóstico para poder encaminar proyectos que garanticen la aplicación del derecho, “efectivamente es una suma de esfuerzos, que no debe quedar sólo en buenas voluntades, sino debe aterrizar en el quehacer diario de la función pública.